Por: Dinora Arceta
En junio, nuestro país fue sede de la Reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral, una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional para las Migraciones, que reunió a 30 países con el objetivo de “impulsar mejores prácticas en materia de inclusión laboral en contextos de tránsito, destino y retorno”.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), reconocemos los esfuerzos del gobierno mexicano para impulsar la expansión de la oferta laboral para las personas migrantes a nivel internacional. Sin embargo, existen pendientes nacionales respecto a la justicia laboral para las mujeres migrantes para ser congruentes con lo que se promueve al exterior.
Vías de migración laboral accesibles y de larga duración. Aunque en México existen autorizaciones para residir de forma regular vinculadas al empleo (visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas y visitante trabajador fronterizo), su duración es reducida y sus costos aumentan cada año.
Cuando se permite regularizarse por razones laborales -por ejemplo, para residentes temporales- debe provenir de centros laborales inscritos ante el Instituto Nacional de Migración (INM), lo cual implica cumplir con una serie de trámites y documentos que no todos los centros laborales tienen o están en posibilidad de realizar. En 2023, las mujeres constituyeron solo el 13% del total de tarjetas de visitante trabajador fronterizo.
La Ley Federal del Trabajo establece cláusulas discriminatorias que no permiten que las trabajadoras migrantes logren la movilidad social y crezcan profesionalmente, además de no tomar en cuenta los espacios donde se insertan regularmente (sector servicios, trabajo del hogar, trabajo informal).
Por ejemplo, la Ley señala que las personas extranjeras solo pueden trabajar de manera temporal en categorías técnicas y profesionales; únicamente el 10% de la plantilla del personal de una empresa puede ser extranjera; la contratación de personas extranjeras en puestos de dirección, administración y gerencia general está restringida; y en el caso del sector médico solo se permite emplear a personas mexicanas.
Eliminar las barreras para acceder a una estancia migratoria regular garantizaría a las migrantes más posibilidades un trabajo formal, con mejores prestaciones, y la posibilidad de alcanzar su autonomía económica con efectos positivos en sus condiciones de vida. No obstante, acceder a la regularización migratoria en México es complejo, y en el último año se ha restringido incluso para mujeres solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la Ciudad de México, permanece cerrada, lo que retrasa el procedimiento de 20 entidades federativas y el INM ha restringido la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias para personas solicitantes de asilo y Tarjetas de Residente Permanente para personas reconocidas como refugiadas.
Por otro lado, trabajadoras migrantes no están familiarizadas con las medidas a su alcance para denunciar la violencia o la discriminación, lo que a menudo se suma al miedo a las autoridades frente a una deportación o privación de la libertad, generando condiciones para que sean víctimas de violencia de género en el ámbito laboral sin que logren acceder a la justicia.
Estas barreras se suman a la falta de una infraestructura y servicios de cuidados. En entidades con alto flujo migratorio hay poca disponibilidad de servicios de cuidados para niñez, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Las oportunidades de empleo, que son limitadas para las mujeres migrantes, requieren de delegar el cuidado, pero al no contar con redes de apoyo sus opciones se reducen.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022, las mujeres en el país dedican aproximadamente 37.9 horas semanales al trabajo de cuidados frente a las 25.6 horas que destinan los hombres, en el caso de las migrantes a menudo su vida laboral depende de la transferencia de cuidados, y a su vez asume el cuidado de otro hogar, es decir, lo que ocurre en un hogar depende de lo que ocurre en el otro.
En suma, el gobierno mexicano hace bien en promover vías de migración laboral de forma coordinada con otros países y empresas, pero se debe comenzar en casa. Es indispensable que México y todos los Estados que impulsan una migración segura, ordenada y regular implementen acciones concretas para reducir la violencia, la discriminación y la explotación en centros laborales; flexibilicen los procesos de regularización migratoria para las mujeres migrantes; y apuesten por una justicia laboral para las mujeres migrantes.
