La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ofreció solo dos millones de pesos a 46 habitantes de Pueblo Nuevo, quienes no fueron reconocidos por la dependencia como legítimos propietarios de un terreno por donde pasa la carretera Huasca-Real del Monte y nunca fueron indemnizados .
En conferencia de prensa, Julio Gálvez, representante legal de las 46 personas, recordó que cuando comenzó la construcción de la nueva vialidad federal, la SICT indemnizó, a través del gobierno de Omar Fayad, a dos personas con 17 mdp y 8 mdp por el predio de 12 mil metros cuadrados; dichos beneficiarios solo presentaron un título supletorio del terreno.
Sin embargo, los pobladores de la comunidad Pueblo Nuevo, ubicada en Mineral del Monte, son los verdaderos propietarios del predio ya que cuentan con un decreto presidencial de 1924, en el que les otorgó 906 hectáreas, incluido el espacio por donde pasa la carretera federal, entre los kilómetros 12 y 13.
Por ello, los habitantes conformaron la Sociedad Real Zumate, presidida por Pascual López Ramírez, e interpusieron un amparo, mismo que fue concedido por un juez federal, que dictó la suspensión de obras en el tramo antes mencionado.
«La carretera no se va a abrir porque continúa la suspensión», afirmó Gálvez, quien aclaró que los comuneros no están en contra del proyecto, solo buscan una indemnización justa por el terreno, de al menos 14 millones de pesos, por parte de la SICT.
Finalmente, adelantó que buscarán la intervención del gobierno estatal para que se reconozca a los comuneros de Pueblo Nuevo y se logre llegar a un acuerdo para pagarles por su predio.
