Por unanimidad de votos  los diputados locales de los diferentes grupos parlamentarios, acordaron reformar diversas disposiciones al marco normativo de la entidad, en materia de sanciones al abuso de autoridad que pueda ser cometido por todo servidor público sin importar el nivel en que se desempeñe.

En tribuna, el diputado local del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Luis Enrique Baños Gómez, señaló que las modificaciones cumplen con los objetivos principales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relativo al catálogo único de faltas administrativas y el proceso para conocer sustanciar y resolver la imposición de sanciones de este tipo de conductas.

“Con ello se garantiza la congruencia jurídica a nivel nacional, asegura la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y evitar crear regímenes de responsabilidades de los servidores públicos opuestos e inconciliables quienes podrán ser sancionados por las conductas en que incurran”.

De igual manera el legislador afirmó que las reformas al Código Penal del Estado y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, fueron impulsadas por las y los representantes, María Luisa Pérez Perusquía, Erika Saab Lara, Marcela Vieyra Alamilla, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Mayka Ortega Eguiluz, y Diputados Horacio Trejo Badillo, Ernesto Vázquez Baca, Manuel Fermín Rivera Peralta y Luis Vega Cardón.

De igual manera se informó que con relación al Código Penal de la entidad, se deroga la fracción IX del artículo 301 y se reformó el párrafo tercero para señalar que, “Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones V, VII, VIII y X, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y de 40 a 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

Al mismo tiempo se reformaron y derogaron diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, toda vez que derivada de la validación de la reforma por la que se suprime la inmunidad procesal para servidores públicos de la entidad por delitos del orden común, se estipula la derogación de los artículos relacionados con el tema de la declaración de procedencia y aquellos que regulan el registro patrimonial de los servidores públicos.

En la misma sesión se aprobó la reforma al artículo 33 de la Ley de Población del Estado, la cual fue impulsada por la legisladora del PRI Erika Saab Lara; con ello se modifica la integración de los Consejos Municipales de Población de los 84 ayuntamientos hidalguenses.