Al asegurar que la mayor actividad en el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) se presentará durante el actual periodo previo a las campañas, el magistrado presidente del organismo electoral Manuel Alberto Cruz Martínez, afirmó que por el tipo de actividad que realizan se espera que la mayor carga de trabajo, se incremente en un monto cercano al mil por ciento.

El funcionario manifestó que el mayor número de casos se presentan durante el periodo interpartidista, que son las inconformidades que se dan en los propios institutos políticos de los cuales, aseguró que solamente el año pasado cerraron el año con 180 asuntos del PAN y a la fecha mantienen en análisis varios más del PRD, entre los que destacan diferencias por la selección de candidatos.

En estos momentos y haciendo la cuenta de que llevamos por lo menos 190 asuntos solamente previos al proceso electoral y por eso estamos calculando que la mayor carga de trabajo se va a dar en estos momentos que es en la etapa interpartidaría y por la modificación que se hizo a la ley para itercampañas, porque se igualaron los calendarios del IEEH y el INE”.

Lo anterior significa, a decir del magistrado presidente del Tribunal Electoral, que antes se realizaban los registros y horas después iniciaban campañas y con los cambios, ahora se hacen los registros y dos meses después inician actividades de proselitismo, por lo que no se descarta que se puedan darse quejas por actos anticipados de campaña lo que sería para ellos la parte más fuerte”.

Solamente en esta parte del proceso tenemos estimado que vamos atender al menos 600 asuntos de inconformidad, lo cual nos crecería la carga de trabajo en más o menos un 800 o 900 por ciento de asuntos, en comparación con procesos electorales anteriores donde la injerencia del TEEH era en diferentes acciones”.

Para finalizar, Cruz Martínez señaló que desde diciembre pasado en que dio inicio el proceso electoral local, se han mantenido en actividad permanente para recibir los oficios de inconformidad por parte de aquellos que sientan que son violentados sus derechos político-electorales, además de todas aquellas quejas provengan de autoridades electas.