La semana anterior arrancó un proyecto arquitectónico por demás ambicioso, 100% sustentable, que seguramente será por un buen tiempo el edificio emblemático del desarrollo económico, social, al que Hidalgo aspira. Un proyecto que será posible gracias a la suma de esfuerzos de los sectores oficial y empresarial.
El pasado miércoles el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, colocó la primera piedra de lo que será el Instituto Tecnológico de la Construcción, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el quinto en su tipo en el país, y que será un centro de investigación, innovación y estudio de ingenierías y posgrados vinculados a la ingeniería civil.
En la puesta en marcha de esta ambiciosa obra, la primera en el año, el gobernador Omar Fayad “calentó” a su nutrido auditorio, todos enteleridos por el viento frío que pegaba de lleno en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, con la vena humorística que en muchas ocasiones le caracteriza.
Y lo hizo al destacar que este inmueble, tan ambicioso en su proyecto, será posible gracias a la permuta que realizo su gobierno de un terreno de mil metros cuadrados, en Punta Azul, por el de 7 mil metros cuadrados y precio de 70 millones de pesos, en la CCC, a la CMIC, y las críticas que de inmediato acompañaron a su decisión.
Una permuta, hizo notar el gobernante, que de inmediato fue descalificada por “lenguas viperinas, es decir, de víboras”, de quienes incluso llegaron a señalar que la cámara seguramente le dio “una lana” por esa permuta. Y es que la CMIC hará grandes esfuerzos para reunir los 40 millones de pesos que costará la construcción.
Pachuca tiene derecho a contar con edificios de este tipo, de primer mundo, destacó el gobernante, esperanzado de que a mediano y largo plazo este tipo de edificaciones se multipliquen en el estado.
Naturalmente la oportunidad se dio y no la desaprovecharon el presidente de la cámara en Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, ni el vicepresidente nacional de la CMIC, el también hidalguense Alejandro Ramírez Sánchez, para pedir al mandatario su apoyo y que más empresas hidalguenses se encarguen de la ejecución de la obra pública en la entidad, pues esta industria pasa momentos de crisis con los recortes presupuestales que se dieron el año anterior, afectando severamente a la obra pública.
Recordaron entre líneas los constructores que es esta industria el motor de la economía en México, la principal generadora de empleos, y que afectar con recortes presupuestales la obra pública es generar desempleo y pobreza.
Y sí, podemos decir, que recortar obra pública es contrario al espíritu de la fiscalización, de reducir la brecha entre los que más y menos tienen a través de financiar, con los impuestos, obras como escuelas, hospitales, carreteras, caminos, etcétera.
Pero la obra pública se reduce cada vez más, a través de concesionar la construcción y operación de autopistas, de hospitales, guarderías, laboratorios, y muchos etcétera más, que deberían ser operados por el sector oficial. Y sí, se crearían más empleos, de esos que con la dieta y apoyos a un diputado plurinominal se pagan más de 100.
Los impuestos que pagamos los mexicanos deberían estar destinados, por lo menos en un 50%, a reducir esta brecha, cada vez más profunda en México, con educación y salud de calidad, con programas que realmente impacten en la producción y comercialización de alimentos, en servicios públicos de calidad y al acceso de todos. Alcanzaría entonces para destinar un 1% del presupuesto al desarrollo de Ciencia y Tecnología.
Es muy probable que con ello México dejara de ser uno de los países más evasores de impuestos en América Latina, según la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).
Reducir el gasto destinado a sostener el aparato administrativo gubernamental, que lo que administra es la pobreza de millones de mexicanos –pues los más ricos cuentan con los mejores “cerebros” administrativos-, para incrementar el gasto en obra y servicios públicos, haría la diferencia.
