Con 18 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, los diputados locales aprobaron el dictamen que modifica la Ley Orgánica del poder legislativo, entre las que destaca la rotación de la presidencia de la junta de gobierno del Congreso del estado de un año por cada una de las fuerzas políticas que lo integran.
Durante el desarrollo de los trabajos de la última sesión ordinaría, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, el dictamen se sometió a discusión de los 20 legisladores que se presentaron a dicha sesión, en la que la discusión se centró entre el diputado local del PRD, Marco Antonio Ramos Moguel, y la legisladora del grupo parlamentario del PRI, Erika Saab Lara, quienes presentaron sus argumentos a favor y en contra de los cambios a dicha ley.
Para su aprobación, los legisladores locales acordaron votar aparte las reservas planteadas por el legislador Ramos Moguel, relativo a los artículos 47, 98. 166 Bis y 167, en su fracción tercera, la cual al ser sometida a votación y rechazada también con 18 votos en contra y dos a favor ante lo cual el diputado del PRD, aseguró que se le dio un contexto totalmente diferente:
“La Comisión de legislación le cambio el sentido a la iniciativa, y yo ya tenía conocimiento desde hace tiempo, pero nunca creí que se fueran atrever y la dejaron como ellos decidieron en el sentido de que cada año un grupo legislativo presidirá la junta de gobierno, y ese es una acto inconstitucional porque yo retire la iniciativa desde la Comisión, cuando me di cuenta que querían ocupar mi iniciativa para hacer otra cosa, entonces la retire y ya había escuchado peor no pensé que se iban atrever”.
En la misma sesión, los legisladores locales aprobaron por mayoría de votos dos iniciativas con proyecto de decreto, en la primera de las cuales se autoriza al gobierno del estado por conducto del titular del poder ejecutivo a través de la secretaria de finanzas públicas el c celebrar operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública para el estado.
Respecto a la segunda, se autoriza al poder ejecutivo del estado para que en representación de la entidad se constituya en garante, aval u obligado solidario, subsidiario o sustituto de las obligaciones financieras relacionadas con la formulación, instrumentación y ejecución de los proyectos de inversión que se lleven a cabo en la superficie total en una o varias porciones del predio conocido como reserva territorial de Zapotlán de Juárez.
