A pesar de las agresiones contra periodistas y activistas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, defendió el protocolo de protección porque ha permitido resguardar a cerca de 600 personas.
Señaló que ningún periodista o defensor de derechos humanos que sigue el mecanismo ha perdido la vida, ya que las áreas competentes otorgan las medidas necesarias para evitar cualquier agresión.
El funcionario precisó que la mayor incidencia se concentra en los estados con alto índice de violencia, ubicándose Puebla entre los 15 con menor riesgo para ejercer la profesión de periodistas o la defensa de derechos humanos.
Dijo que según el grado de violencia las entidades fueron divididas en dos grupos: alto índice y menor índice.
Campa Cifrián comentó que en los casos extremos de violencia se traslada a la persona a un refugio donde recibe alimentos y dinero para transporte; en otros casos se solicita la presencia de escoltas, mismos que han fallecido, como sucedió en marzo y mayo, en Baja California y Sinaloa.
Para el nivel más bajo de riesgo, el protocolo marca el uso de botones de alerta, colocación de chapas y rejas en las viviendas de los afectados.
Este miércoles el subsecretario de la Segob instaló en Puebla la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a través de la cual el estado está obligado a fortalecer las acciones de monitoreo para prevenir agresiones.
