Ciudad de México. A través de un punto de acuerdo, senadores del Grupo Parlamentario del PRI, exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que audite los recursos ejercidos para la adquisición, mantenimiento y reparación de las “patrullas Police Interceptor” en el municipio de Puebla de Zaragoza.
Asimismo solicitan que la Comuna informe los principales resultados de este parque vehicular en la disminución y prevención de ilícitos como robo con violencia, extorsiones y secuestros en la demarcación.
Denunciaron que en el estado de Puebla se han incrementado los índices delictivos desde hace algunos años, particularmente los relacionados con el robo con violencia, homicidio, extorsión y secuestro. Panorama que no es distinto en la capital del estado, por el contrario, en la demarcación han aumentado los asaltos al transporte público, los robos a casas habitación y el hurto a estudiantes en las inmediaciones de los centros educativos.
Indican que está situación además de ser intolerante, vulnera la seguridad y patrimonio de los habitantes de Puebla, por lo que requiere nuestra atención desde el marco de nuestras atribuciones como Legisladores Federales e integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Recordaron que para hacer frente a esta ola de violencia, reforzar la seguridad y mantener la paz pública, en el año 2014 el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el presidente municipal de Puebla de Zaragoza José Antonio Gali Fayad (actual gobernador de la entidad), entregaron 50 patrullas Police Interceptor con un gasto de 25.8 millones de pesos derivado del subsidio para la seguridad en los municipios, meses después, con el objeto de reforzar esta estrategia, se destinó un presupuesto de 37.6 millones de pesos para adquirir 72 patrullas más.
Entre las características especiales de estas unidades para contener los actos delictivos, destaca que cuentan con suspensión y motor especial que las hacen más rápidas, asimismo, las puertas tienen paneles a pruebas de armas. Por si esto no fuera suficiente, cada patrulla está equipada con cuatro cámaras y una computadora con lector de placas, las cuales son capaces de fotografiar las matriculas sin importar la velocidad en la que circule el vehículo.
Las patrullas alcanzan en pocos segundos altas velocidades con el que facilitan las tareas de inteligencia, además de estas cualidades, sus asientos son aprueba de armas punzocortantes como cuchillos, tijeras, machetes, navajas y picahielos.
Sin embargo, pese a la importancia que tienen para aminorar y prevenir la comisión de ilícitos, señalaron que diversos medios de comunicación han documentado que más de la mitad del parque vehicular de las patrullas Police Interceptor, se encuentran fuera de circulación por desperfectos de diversa índole, percances o pérdida total.
Sostienen que a decir del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, son más las desventajas de continuar adquiriendo este tipo de vehículos, debido a que las refacciones son difíciles de localizar y son caras debido al proceso de importación principalmente de otros países como Estados Unidos.
“Ante los señalamientos de la falta de capacitación de los conductores de estas unidades, apremia la instrumentación de mecanismos de actualización, adiestramiento y certificación en el uso y mantenimiento de estas patrullas, ya que se trata de unidades con características particulares en potencia y alcances que al no contar con las habilidades necesarias se pone en peligro la vida del conductor y la de la población en general”.
Aseveraron que se debe de garantizar un clima de seguridad y tranquilidad para la sociedad, por ello, no se puede “ser indiferentes ante el incremento de los incides delictivos y las posibles irregularidades en la adquisición, mantenimiento y desincorporación de las patrullas Police Interceptor en el estado de Puebla”.
“Consideramos de vital importancia que se realice un proceso de auditoría a las licitaciones, procesos de compra y contratos para mantenerlas en óptimas condiciones, debido a posibles irregularidades como sobrecostos, pagos indebidos e injustificados».
También estamos convencidos de la necesidad de establecer las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan para sancionar probables desvíos de recursos públicos, malversación de fondos y peculado”, concluye el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente.
