Puebla como entidad federativa es la primera en tener su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales traducida al Sistema Baille, así como el audio respectivo de ambos documentos que estarán disponibles en la página de internet, para personas con deficiencia visual.
Al respecto, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección a Datos Personales del Estado (Itaipue) Gabriela Sierra Palacios, explicó que se erogaron 14 mil pesos para la traducción y la impresión de siete ejemplares de cada ley.
Esta primera edición de las leyes se distribuirán en las dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; al DIF estatal y municipal entre otras oficina gubernamentales.
Abundó que el próximo año se analizará la factibilidad de imprimir en braille estas leyes para los 217 municipios o para algunos, mientras tanto dijo que para que aquellas personas con deficiencia visual que requieran conocer sus derechos y obligaciones en materia de transparencia, podrán acceder a su página WEB para escucharlas.
Sierra Palacios ensalzó que esta traducción, fue un gran logro que no beneficiará a los ciudadanos, además de que Puebla se convierte en el primer estado de la República en hacerlo.
Por otra parte, la presidenta del Itai dio a conocer que el instituto cuenta con nuevo sitio WEB, la cual tiene como objetivo promover la participación y ofrecer información relevante y que sea accesible para los ciudadanos.
«Este nuevo diseño considera formatos legibles y flexibles cumpliendo así con lo que mandara la ley en materia de transparencia», agregó que también se priorizó la necesidad de los grupos vulnerables.
En este mismo tenor, Moises Guzmán Arias, director de Tecnologías de la Información del Itaipue detalló la funcionalidad del portal, el cual esta diseñado para que los sujetos obligados acedan con mayor facilidad a la información; también estarán publicadas las solicitudes de transparencia, así como los resoluciones de los recursos de revisión de las quejas ciudadanas contra sujetos obligados.
