Diputados locales aprobaron en la ultima sesión del periodo legislativo, las dos iniciativas del gobernador Antonio Gali Fayad, la cuales fueron presentadas, dictaminaras y avaladas en menos de 24 horas.
Con tres votos en contra, entre ellos el de la diputada Socorro Quezada Tiempo, quien expuso que con esta reforma a la Ley de Deuda Pública se prende ocultar la deuda del Estado adquiridas a través de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Con 35 votos a favor, una abstención y tres votos en contra, se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de dicho ordenamiento.
El documento aprobado referente a la Ley de Deuda Pública, permitirá que los ayuntamientos adquieran compromisos fiscales sin necesidad que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), emita el dictamen de capacidad crediticia y sin la autorización del Congreso.
Además, se precisa que la deuda que adquieran los ayuntamientos deberá liquidarse en un plazo menor a un año, no podrá comprometer el 6 por ciento de los ingresos y el pago del empréstito, deberá de concluirse tres meses antes de que concluya las administraciones municipales.
En el artículo 6 se establece lo que «No constituyen Deuda Pública«:
I. Los contratos de Asociaciones Público-Privadas, entre los que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, los Proyectos para Prestación de Servicios, Proyectos de Inversión, Obra Pública Financiada ,ni los compromisos derivados de los mismos; de igual forma, nueva regulación se establece en el artículo 23 en sus incisos a y b: “El Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, ni dictamen de la Secretaría de Finanzas y Administración”.
Además en el artículo 24, se considera que los sujetos de esta Ley podrán afectar como garantía de pago de los financiamientos sus contribuciones, aprovechamientos, productos, cuotas, participaciones en su caso, u otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad de atender sus demás compromisos de pago.
Con respecto, a la aprobación para crear el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Instituto Metropolitano de Planeación, se indica en el dictamen que se encargará de elaborar, impulsar y diseña políticas públicas y proyectos de orden regional y metropolitano.
En el nuevo organismo, tendrá colaboración con los sectores público, privado, social y académico.
