Pese a la crisis en materia de seguridad que se vive en el país y el presupuesto destinado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, su titular Víctor Antonio Carrancá Bourget detalló que la incidencia delictiva se ha mantenido estable y por debajo de la media nacional en los delitos de mayor impacto social.
Durante su comparecencia ante diputados de la LIX Legislatura, el fiscal detalló que en materia de género, de los homicidios dolosos el 10.9 son mujeres de los cuales 77 carpetas se han sido tipificado como feminicidio durante el 2017, en las cuales 54 de los responsables están identificados, se tiene pendiente orden de aprehensión o están judicializadas.
Precisando que la metodología utilizada por el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no es muy precisa y en el informe que por primera vez se dio a conocer hace algunos días se consideraron 27.
En cuanto al delito de secuestro, Carrancá expuso a los legisladores de los 35 registrados en el año que se informa, hubo 38 víctimas, de las cuales 32 fueron libertad, se detuvo a 34 presuntos responsables y se desarticuló a 7 bandas.
Y por el delito de extorsión se iniciaron 52 carpetas de investigación, donde únicamente en 8 hubo pago, logrando evitar que las víctimas entregarán más de 19 millones de peso.
El fiscal reconoció la presencia del crimen organizado en el estado, situación por la que dijo, se trabaja de manera coordinada con otras instancias de seguridad a nivel federal por ser quienes tienen la investigación en cuanto a robo de hidrocarburo y otros delitos, en la zona del triángulo rojo, las vías férreas y el desplazamiento a San Martín Texmelucan.
Carrancá afirmó que «con menos personal y menos capacidad instalada, los servidores públicos de la Fiscalía de Puebla son más efectivos en términos de productividad«.
Finalmente en materia de corrupción precisó que se iniciaron 247 carpetas de investigación, de las cuales 22 fueron determinadas, 2 judicializadas y 6 iniciadas por tortura, recibiendo 4 recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
