El presidente municipal de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque, compareció ante los diputados, en donde reconoció que los permisos de tala son apócrifos y que desconoce a las personas que ostentan estos documentos con los que se “justifica” el ecocidio generado en ”Los Viveros” de Santa Cruz; en tanto, los representantes populares acusaron al edil de ser cómplice de esta afectación, pues no ha actuado en consecuencia.
En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, el munícipe expuso que nunca dio permisos para la tala, y el vivero es una área reservada y protegida que está considerada en la Carta Urbana por lo cual aseguró que no hay ningún cambio de uso de suelo, que si se han presentado algunos documentos, son falsos.
Durante su intervención, menciono a una señora de nombre “Verónica”, a quien dijo desconocer totalmente, y que el único contacto que tuvo fue con Pedro Maccise, a quien por cierto nunca le autorizó el derribo de 400 árboles de “Los Viveros” por los que supuestamente ingresó a las arcas municipales alrededor de 661 mil pesos por este concepto.
Por su parte, los diputados por Morena, Leonor Vargas y Emilio Maurer, expresaron que su explicación del edil estaba plagada de contradicciones y que les dejó un sin número de dudas e interrogantes.
Por lo tanto, consideraron que sí existen documentos con logotipos oficiales del ayuntamiento que afirma son apócrifos, deben ser denunciado ante las instancias competentes, por ser un delito grave.
También fue cuestionado sobre si el área protegida a la que hacen referencia tiene propietario y si es la secretaria Ejecutiva del IEE, Dalhel Lara, pues se rumoraba que ella era la dueña, a lo que respondió que desconoce esa información.
Mientras escuchaba los cuestionamientos y críticas de los representantes populares, Casiano Tlahque mantuvo su postura de que será investigado el tema a fin de deslindar responsabilidades de los hechos.
Finalmente, los diputados emplazaron para el siguiente jueves al munícipe de Cuautlancingo para que regrese al Congreso para presentar a los integrantes del organismo colegiado las denuncias correspondientes por la documentación falsa; asimismo, un plan de acción para revertir el daño ecológico que hubo en la zona y que presente un informe detallado de los personajes involucrados en esta tala.
