A una semana de que arranquen las campañas electorales en Puebla, el estado se encuentra en calma y no se tiene detectados puntos rojos como autoridad electoral, sentenció el presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez.

En entrevista, sentenció que al considerar que no hay puntos rojos que deban ser atendidos, no implica que no haya inseguridad, pues resaltó que tiene reporte de 12 capacitadores que han sido víctimas de la delincuencia, pues durante su trabajo de ir convenciendo a los poblanos para que participen como funcionarios de casilla en esta elección extraordinaria en donde se renovará el Poder Ejecutivo y cinco ayuntamientos, fueron asaltados.

Precisó que estos casos delictivos se registraron principalmente en Tehuacán y Puebla, donde les han robado sus celulares, y algunos otros objetos, sin embargo, aseguró que estos hechos “no implica un peligro” para el desarrollo de estos comicios.

«Hasta este momento no existen focos rojos, hemos tenido lo que les he comentado, les han quitado algunos celulares en el transporte público, pero hasta el momento no tenemos nada de preocupante que ponga en riesgo a los capacitadores ni el desarrollo de la elección, las 2 mil 200 personas contratadas por el instituto han llevado a cabo su trabajo sin problemas«, indicó.

Rubio Sánchez, mencionó que existen las condiciones para que los ciudadanos sean partícipes de esta elección y salgan a votar el 2 de junio para elegir tanto al gobernador de Puebla como a los presidentes municipales en Santa Clara Ocoyucan, Tepeojuma, Ahuazotepec, Cañada Morelos y Mazapiltepec.

Expuso que si bien el INE no tiene la facultad en el tema de seguridad pública, sí ha solicitado al gobierno estatal que dé las garantías de que el proceso como los comicios se desarrollen en paz.

Cabe hacer mención que la entrevista surgió al término de la sesión en la que se desecharon medidas cautelares en contra de Alejandro Armenta Mier, Alberto Jiménez Merino y Genoveva Huerta, senador, candidato del PRI a la gubernatura y dirigente estatal del PAN, respectivamente, por presuntos actos anticipados de campaña.

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