Ni liberar ni comprar facturas que sustenten operaciones inexistentes, postuló el Colegio de Contadores Públicos del estado de Puebla (CCEP), al advertir que las penas por defraudación fiscal bajo ese rubro van de tres meses a seis años y quienes expiden de tres a seis años, no obstante que se pueden inducir temas como blanqueo de dinero.
El presidente del CCEP, Salvador Manuel Méndez Rosales, afirmó que se han endurecido las penas, no obstante, por ejemplo, son pocas las empresas que se han sumado a las disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización, para actividades vulnerables.
Asimismo, el integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, José Hugo Torres, informó que hay ocho mil 200 empresas detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que han emitido comprobantes fiscales de operaciones inexistentes.
Explicó que en el Artículo 113 y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación se plantea que para quienes adquieran o emitan comprobantes de operaciones inexistentes, las penas pueden alcanzar seis años; por lo cual se puede solicitar una fianza, o en su caso, enfrentar el proceso legal sin enfrentar prisión preventiva oficiosa.
En 2014 se publicó la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para combatir acciones de lavado de dinero, con dos umbrales: de identificación y aviso.
Méndez Rosales observó que muchos incumplieron con estas obligaciones, los más por desconocimiento, por lo cual se otorgó una amnistía para cumplir en el transcurso de este año con las omisiones, pero, son pocas las empresas en Puebla que se han sumado a la misma.
