Hacia 2023 deberá haberse dado el traslado de los tribunales laborales a cargo del Poder Ejecutivo del estado de Puebla al Poder Judicial y la resolución del rezago existente en materia de juicios, por lo cual se plantearán los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos estatal 2020.
Cuatro fechas son relevantes para cumplir a cabalidad con el calendario de la Reforma: en agosto de 2019, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje participará en el protocolo de verificación de la consulta que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Mientras, en mayo de 2020, las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos.
Asimismo en mayo de 2022 entrará en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en mayo de 2023 deberá iniciar funciones la Autoridad Conciliadora Federal y Tribunales Federales.
Para cumplir con la aplicación de la Reforma Laboral, instituciones del gobierno estatal e integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), conformaron un equipo de trabajo interinstitucional.
Puebla se ubica como el primer estado en formalizar esta disposición, aseguró el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Jaime Oropeza Casas.
En el grupo, coordinado por dicha dependencia estatal, participan el Poder Judicial, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Centro Estatal de Conciliación, así como las secretarías de Finanzas y Administración (SFA) y de la Contraloría.
El funcionario no abundó si la eventual escisión del área laboral de la Secotrade para dar lugar a una Secretaría del Trabajo estatal en la administración de Luis Miguel Barbosa incidirá en el proceso.
Añadió que entre las tareas en proceso están digitalizar expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como abatir el rezago existente.
Mientras, el presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, destacó que el Poder Judicial generará acciones para la transición en materia de justicia laboral, así como la capacitación del personal, con el fin de cumplir con la disposición legal correspondiente.
Además, se elaborará un proyecto presupuestal para la implementación de la reforma con base en la estimación de cargas de trabajo, que deberá incluirse en el Presupuesto de Egresos 2020.
Otra de las funciones de este equipo será asesorar a los sindicatos para que cumplan con la adecuación de sus estatutos, apegados a los principios de democracia, representatividad y transparencia, que marca la nueva normatividad laboral.
De la misma manera, coadyuvará en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados en las juntas locales de conciliación y alistará el arranque operativo del Centro de Conciliación Laboral del estado.
