Desde que se inició el debate para legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos se han presentado más de 40 iniciativas en el Congreso de la Unión.
Las enmiendas promovidas principalmente por legisladores de Morena, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), establecen que el uso lúdico o recreativo de la cannabis deberá entenderse como la siembra, cultivo, cosecha, posesión y transporte de la planta, “acciones que no serán objeto de persecución penal”.
La mayor parte de los congresistas coinciden que con esta medida se dará un gran paso en el combate que ha dejado la guerra contra las drogas y en el respeto a las libertades individuales.
Las últimas enmiendas planteadas en la materia han sido promovidas por las y los diputados federales de Morena, Lorena Villavicencio Ayala y Mario Delgado Carrillo en la Cámara Baja.
El Pemex de la marihuana
Con la iniciativa del coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, se busca crear una empresa del Estado dedicada a comercializar cannabis, y legalizar su auto cultivo, para ello se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; y un inciso a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Asimismo, se pretende expedir la Ley General para el Control de Cannabis.
El documento establece la creación de la Cannsalud, empresa propiedad exclusiva del gobierno federal, que cuente con una autonomía técnica, operativa y de gestión para realizar el monopolio de la compra al mayoreo del cannabis y sus derivados, para posteriormente darlos en venta a los franquiciatarios que venderán al menudeo.
Esta empresa pública será un intermediario que identifique y contenga los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, ya que existen intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas.
“Con esto no se deja el mercado de la cannabis a una regulación autónoma por parte de los particulares”, sino que se involucra al Estado como un supervisor constante y controlador de la actividad de esta sustancia, dentro de un margen de legalidad que beneficie a la sociedad, explicó Delgado Carrillo.
La iniciativa especificó “no busca maximizar la generación de riqueza o las utilidades de quienes participan en la producción y comercio, sino de garantizar condiciones que minimicen riesgos y daños a la salud pública, respetando siempre el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
De la Sierra impulsa iniciativa para incrementar productividad en el Congreso de la Unión
En su fundamentación, Delgado Carrillo, consideró que las políticas prohibicionistas no han rendido los frutos esperados.
Por tal razón, dijo, nace la exigencia de hacer un cambio en la normatividad, actualizándola con los nuevos retos que se nos presentan, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional.
Con este proyecto de normatividad, apuntó, no sólo se permitirá la regulación constante y directa del mercado del cannabis, sino que también abona en la conformación de nuevas fuentes de empleo, así como el impulso de la economía dentro y fuera de nuestro país.
“Esta iniciativa no sólo acredita que nuestro país cuenta con amplios cultivos de marihuana que está siendo consumida de manera ilegal, sino que también se expone la oportunidad real de mercado, mismo que representaría, con una adecuada normatividad en la materia, beneficios para la población como para la administración pública”.
La propuesta señaló, establece que las personas mayores de edad podrán poseer, cosechar, preparar o procesar hasta seis plantas de marihuana, siempre y cuando sean para consumo personal, y queda prohibido que sea en espacios públicos.
“La marihuana debe dejar de ser un producto cosechado con sangre”
La diputada Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, informó que impulsa iniciativa para regular la producción y consumo de la marihuana, desde un enfoque de respeto de los derechos humanos.
La legisladora por Morena, explicó que su propuesta busca dar certeza jurídica a los campesinos que siembran cannabis y a los consumidores, ya que están atrapados entre dos frentes: el de la autoridad y el del crimen organizado.
“La mariguana es uno de los productos agrícolas con mayor valor comercial. Sin embargo, el campesino está en la miseria porque, entre el crimen organizado y la corrupción de la autoridad, siguen en un estado de indefensión”, asentó.
Para ello, eventualmente, señaló se busca reformar la Ley General de Salud, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros ordenamientos.
Indicó que no hay certeza de cuántas personas se dedican al cultivo de marihuana y otras variedades vegetales con usos similares, como la amapola, pero se estiman que son alrededor de 13 mil, quienes reciben la menor proporción de las ganancias económicas por su venta y quienes viven en mayor indefensión.
“La marihuana debe dejar de ser un producto cosechado con sangre, para que podamos hablar de una acción de derechos humanos”, subrayó.
Villavicencio Ayala, consideró importante que la producción ingrese al mercado legal mexicano y entre en el régimen del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); “sin duda, la regulación de la marihuana tendrá beneficios importantes para el fisco federal”.
“Si regulamos la cannabis, a quien tenemos que privilegiar es al mercado interno”, resaltó.
En el otro extremo de la cadena productiva, destacó se debe proteger a los consumidores, que son discriminados, tratados como delincuentes y obligados a someterse a procesos de desintoxicación, y “con frecuencia, sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“Miles de jóvenes han ingresado a la cárcel por el simple hecho de tener drogas en sus manos. No importa si la consumen o si la autoridad no puede comprobar si estaban traficándola. Por el simple hecho de poseer droga y ser descubierto en flagrancia por la autoridad es causa suficiente para destruir su proyecto de vida”, lamentó.
“Es necesaria la revisión y reforma a la manera en cómo el país trata a las personas que consumen sustancias psicoactivas. De lo contrario, aunque la sustancia sea legal, el trato seguirá siendo discriminatorio, e incluso criminal, hacia los consumidores”, consideró.
Puntualizó que administraciones federales pasadas, desde el oficialismo, impulsaron políticas que sometían al consumidor final al rigor de policías corruptas y a la violencia del crimen, el cual cimentó sus negocios al amparo del poder y la impunidad, saturando las cárceles “de personas pobres que no tuvieron para dar la mordida y evitar la prisión”.
Regular conscientemente la marihuana, aseguró, “significa darles dignidad, libertad y esperanza a estas personas”.
En tercer término, dijo, están las personas que requieren de la sustancia para tener una calidad de vida decente, que les permita realizar sus actividades sin dolor y en completo control de su cuerpo.
Advirtió que, si el producto es caro y su regulación excesiva y compleja, habrá dos consecuencias: la corrupción se incentivará en los trámites y el mercado estará reservado sólo a quien tenga los suficientes recursos económicos.
Afirmó que regular la marihuana es el primer paso para la reconciliación y la paz en el país.
Hasta ocho plantas de cannabis para uso personal
En tanto la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD, propone permitir que toda persona mayor de 18 años pueda sin necesidad de licencia o permiso poseer, cosechar, auto cultivar, preparar, procesar o transportar hasta ocho plantas de cannabis destinadas para consumo personal o compartido en su domicilio, sin fines de lucro.
Asimismo, propone la creación de Clubes para el Consumo Recreativo con la finalidad de prever políticas de tolerancia para su consumo de bajo volumen.
En su exposición de motivos, la coordinadora del Sol Azteca en la Cámara Baja, Verónica Juárez Piña, consideró que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, por lo que el Estado al asumir una postura paternalista que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína.
“La elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad”.
Nuestra iniciativa, resaltó, “propone un cambio de paradigma al modelo prohibicionista que ha generado violencia, truncado la vida de muchas familias e impuesto a los consumidores penas desproporcionadas que deben purgar en penitenciarías en condiciones terribles. También ha sobrecargado el sistema judicial, superado la capacidad de las prisiones y absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a una política social más efectiva”.
Se le tiene que quitar el enfoque criminal a la marihuana
De igual forma la iniciativa que propone el PRI desde el año pasado, impulsada por su coordinador en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, busca regular el uso lúdico y recreativo de la marihuana quitándole el enfoque criminal.
El líder parlamentario, puntualizó que es un tema que debe “vencer tabús, estigmas y hacer de un lado prejuicios para avanzar a la descriminalización del consumo de la cannabis”.
Insistió que no se debe criminalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos y se debe dar un enfoque en materia de salud.
El congresista tricolor, argumentó que buscar la eliminación de la prohibición absoluta del consumo recreativo de la cannabis sativa, índica y americana, o marihuana, sigue la misma línea de argumentación empleada por la Suprema Corte a través de las resoluciones de amparo, es decir, la bancada del PRI considera al igual que el Máximo Tribunal del país que dicha prohibición se confronta con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
Se busca despenalizar los actos que comprenden el uso lúdico o recreativo del estupefaciente y de consumo personal de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas, así como del psicotrópico Tetrahidrocannabinol, los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
Asimismo, detalla que se entenderá por actos con fines lúdicos o recreativos la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo y en general todo uso relacionado con el consumo personal, excluyendo en todo momento los actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución o transferencia.
Se determina que el uso lúdico de la marihuana no requerirá de autorización previa por parte de la Secretaría de Salud (SSA) y se establece que el ejercicio de este derecho no podrá realizarse frente a menores de edad ni en lugares públicos.
Los primeros pasos de la legalización del cannabis
En 2017, el Congreso de la Unión aprobó el uso de la cannabis activa para fines médicos que incluía la importación, comercialización, investigación y producción de medicamentos derivados de la planta, pero no se ha concluido la regulación en términos administrativos, es decir, la expedición del reglamento derivado de la reforma que permitirá a miles de pacientes obtener alternativas terapéuticas.
Este hueco legal impide que la industria farmacéutica y el sector salud nacional dispongan de medicamentos necesarios para garantizar el derecho a la salud de las personas que lo requieren.
Resoluciones de la SCJN
Las resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abren el paso a la posible regulación de la marihuana con fines recreativos establecen que:
- Que el marco regulatorio para el control de estupefacientes y substancias psicotrópicas previstos en la Ley General de Salud, constituyen un obstáculo jurídico que impide a las personas ejercer el derecho a decidir qué tipo actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana.
- Que el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados de la Ley General de Salud es altamente suprainclusivo, ya que la medida impugnada es más extensa de lo necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan más benignas para el derecho al libre desarrollo de la personalidad; por tanto, constituye una medida innecesaria.
- Que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional e innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.
- Por tanto resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar-, en relación única y exclusivamente con el estupefaciente “cannabis” y el psicotrópico “THC”. Declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.
Aprobación se extendería hasta abril del 2020
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como fecha límite la última semana de octubre del presente año para que el Congreso modificará los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud al considerar que violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el Senado de la República se frenó el tema en Comisión de Justicia por diferencias entre sus integrantes.
Sin embargo, el Máximo Tribunal del país otorgó una prórroga al Congreso de la Unión para que se pueda agotar el procedimiento legislativo correspondiente a la regulación integral de la marihuana.
El plazo vence el último día del Periodo Ordinario de Sesiones, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril del 2020, con el objeto de que al concluir dicho plazo el Parlamento Mexicano haya aprobado la legislación correspondiente.
Hasta 100 gramos de marihuana con fines recreativos en países que la tienen regulada
Mientras el dictamen sobre la regulación de la marihuana que se analiza en el Parlamento mexicano contempla la posibilidad de que la portación permitida pase de cinco a 28 gramos, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en los ocho países donde el consumo está regulado o tolerado, las cantidades van desde los 25 hasta los 100 gramos.
Portación permitida
- 100 gramos en España.
- 7 gramos en Colorado (uso médico).
- 40 gramos en Uruguay.
- 30 gramos en Países Bajos.
- 30 gramos en Canadá.
- 35 gramos en Colorado (uso recreativo).
- 25 gramos en Portugal.
- 20 gramos en Colombia.
- 15 gramos en Israel.
