Ciudad de México. A través de un punto de acuerdo, la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, pidió a autoridades estatales y federales, ordenen la inspección, revisión y confiscación de celulares y chips sueltos en los centros penitenciarios del país para prevenir la extorsión telefónica.
La legisladora por Teziutlán en San Lázaro, alertó que “hay entidades, como Ciudad de México, estado de México, Puebla, Nuevo León y Guanajuato” en donde no cesa el delito de la extorsión telefónica, fenómeno que afecta a las familias de todos los niveles socioeconómicos.
El documento turnado a la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, menciona que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, señala en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, que representan 6 mil 542 por cada 100 mil habitantes.
Cita que 91.6 por ciento de los casos, la extorsión fue telefónica y pagada en 7.1 por ciento de las ocasiones; en un solo año, se realizaron 5.5 millones de llamadas, equivalentes a 14 mil 305 llamadas por día en promedio, 596 por hora, casi 10 por minuto.
Un dato alarmante, refirió, es que entre 50 y 80 por ciento de las llamadas salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones”.
Báez Ruiz, lamentó que el autogobierno de las prisiones ha hecho fracasar los inhibidores de señal de celulares, los equipos son objeto de sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan dispositivos que inutilizan a los inhibidores. La corrupción y la mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando.
Deploró que la extorsión telefónica se ha convertido uno de los delitos a distancia más frecuentes por parte de la delincuencia organizada debido a que les implica menor riesgo de ser detenidos y mayor probabilidad de obtener algún beneficio.
La parlamentaria por el distrito 3, también solicitó al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta soberanía sobre el monitoreo de equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos e imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.
