Ciudad de México. De los 7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria, la mayoría se encuentran en los estados de Chiapas, México, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.
Así lo informó la diputada federal de Morena, Carmina Yadira Regalado Mardueño, tras presentar iniciativa a los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en nuestra Carta Magna, la seguridad alimentaria como un derecho humano, para que los ciudadanos puedan recibir por parte del Estado los recursos suficientes para tener una alimentación de calidad que les reditúe en una buena salud.
Regalado Mardueño, lamentó que México, a pesar de ser uno de los países que han recorrido los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra constitución, no existe, hasta el momento, una base sólida en la que el Estado contribuya a una consolidación de instrumentos necesarios para la protección alimentaria de la sociedad.
Consideró que las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre de Fertilizantes Mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión Agrícola, el seguro y el crédito agrícola y la escasa inversión en investigación llevaron al país a la crisis alimentaria más grave de su historia.
Refirió que gracias a administraciones pasadas, la situación alimentaria en nuestro país presenta índices de subnutrición, deficiencias calóricas de la población vulnerable y desnutrición en sus distintos niveles en infantes, con niveles regulares en comparación con otros países de América Latina.
Lo que conlleva, dijo, a que la población sufra de enfermedades, que bien se han podido evitar con una alimentación saludable y de calidad.
Actualmente, apuntó, con la entrada de la cuarta transformación y de la búsqueda de promover el desarrollo de los pequeños y medianos productores, se busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos: maíz, trigo, arroz, frijol y leche.
Sostuvo que se debe fomentar el desarrollo económico y social del país, así como incrementar la productividad y bienestar, tanto de las comunidades rurales como de las zonas más necesitadas del país.
Apuntó que se tienen que realizar reformas que impliquen una responsabilidad esencial para garantizar la seguridad alimentaria en el país, así como el abasto suficiente oportuno y de bajo costo de los elementos básicos que incluyen una distribución más equitativa y eficaz.
“Es momento de sentar las bases necesarias para influir en los factores que bien tienen que ver con los mercados de alimentos y con la capacidad de pago de los consumidores para que estos puedan llegar a tener una alimentación de calidad y suficiente que les permita tener un desarrollo pleno en su vida diaria”, finalizó.
