La agencia estatal de energía no está en riego, a pesar de la nueva política del sistema energético en el país, aseguró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
En su video conferencia, señaló que el organismo estatal, gestado para el aprovechamiento de 1.4 millones de tierra, agua y desechos sólidos, no se limita a las energías limpias sino que tiene inversiones importantes para la instalación de ductos de gas natural y el almacenamientos de combustible.
Lo anterior luego de las modificaciones realizadas por la Secretaría de Energía (Sener) federal que limitan las inversiones privadas en energías renovables.
El mandatario poblano consideró que el tema es “complicado” y tendrá implicaciones de carácter internacional, al grado de generar litigios en el ámbito constitucional dentro y fuera de México.
Sin embargo, respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener el control de la industria energética, lo cual ha generado descontento entre el sector empresarial por el posible riesgo de perder inversiones.
Frente a este panorama, Barbosa Huerta consideró que es necesario esperar a que el asunto se resuelva, pero advirtió que su posición es del lado del mandatario federal.
En cuanto a los avances en Puebla en esta materia, comentó que pese a que la actividad económica está prácticamente detenida por la contingencia sanitaria del Covid-19, el director de la agencia de energía, Rodrigo Osorio, tiene contacto con empresas interesadas en invertir en el estado.
Firmas como la española Iberdrola y Alquimara, propiedad del poblano Gilberto Marín Quintero, anunciaron una inversión de 235 millones de dólares en la construcción de una central fotovoltaica en Cuyuaco, que se prevé comenzará a operar en diciembre de 2020.
Con el surgimiento de la agencia, la administración estatal vislumbró inversiones por 40 mil millones de pesos en proyectos de energías limpias. Durante su presentación el 2 de marzo pasado, el gobernador del estado se comprometió a que este proyecto no sería uno más de muerte, y a respetar los derechos de ejidatarios.
