En México, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o por la condición de ser menor de edad donde se requiere de un otro, adulto, que provea confianza para acompañarle o presente la denuncia de los hechos.
La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990; hoy la Convención ha sido aceptada por todos los países del mundo excepto Estados Unidos.
En México la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014 incorporó elementos nuevos en el derecho interno: Se reconoce a NNA como titulares de derechos, se incluye un catálogo de derechos humanos con perspectiva de niñez, se regulan los Centros de Asistencia Social y se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de NNA (Sipinna).
Esto es un gran avance hacia el reconocimiento de la primera infancia, la niñez y la adolescencia como etapas del ser humano donde la condición de menor no implica la invisibilidad de sus derechos y, aún más allá, que esa condición de edad los hace de interés superior.
Llegar a la deconstrucción de dinámicas familiares agresivas amerita que las instituciones de naturaleza social den lugar a un consenso político sobre la necesidad de elaborar indicadores más específicos y adecuadamente desagregados sobre los derechos humanos en el ámbito familiar que permitan lograr metas de impacto contra la violencia estructural de la que es víctima la niñez.
Nuestro estado ocupa el 8º lugar nacional en carpetas de investigación por este delito según el Ssnsp ; hasta ahora las acciones institucionales que trabajan en disminuir la violencia familiar implementan la educación sobre diversos temas con enfoque preventivo que se imparten en talleres y cursos, sin embargo aún no se refleja en las estadísticas; el acompañamiento jurídico y psicológico está habilitado institucionalmente pero continuamos en la etapa reactiva, sin lograr una genuina prevención; aunque se está en la ruta hacia ello se puede mejorar si ampliamos el análisis de los sujetos transgresores partiendo de los que han sido sentenciados por violencia familiar, sexual y feminicida; particularidades de las víctimas y sobrevivientes creando fuentes de información para generar indicadores que se dirijan hacia la integral atención del fenómeno; clasificar a una familia negligente bajo ciertos parámetros nos describe cómo son estas familias mas no explica cómo se convirtieron en eso.
Con análisis científico es altamente probable que encontremos datos similares en cada caso, es decir, nos es un fenómeno aislado en cada familia, los indicadores construidos con base en esto darán líneas de acción dirigidas no solo al violentador sino a todo su contexto familiar directo, encontrando la atención institucional, que de facto ya existe, para cada integrante.
De esta manera nos dirigiremos a prevenir formas de conducta violentas en el futuro, en casos graves como el de Yaz, la pequeña que ha sido víctima de todas las formas de violencia directa, favorecería al análisis del Juez para asignarle una familia, ella merece un hogar donde el sufrimiento experimentado sea resignificado en su vida, que su personalidad sea reconstruida en un ambiente pacífico y le brinde la oportunidad de ser una mujer adulta con posibilidades de desarrollo , permitirá considerar imparcialmente si una familia consanguínea es la opción en estos casos o quizá una familia que, si bien no sea la biológica, sea un núcleo seguro.
La articulación de una sociedad que comprenda la importancia de la niñez y adolescencia permitirá hacer frente al futuro próximo que se anticipa complejo para quienes serán adultos en la próxima generación, la forma en que los construimos hoy les proporcionará las herramientas sociales e individuales para su adecuada adaptación ante un mundo de cambio acelerado.
