En el universo invisible de las ondas hertzianas, un fenómeno clandestino ha tomado fuerza en México, especialmente durante el último lustro y está desafiando el orden establecido para las frecuencias radiales.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha revelado cifras preocupantes: 173 denuncias sobre estaciones piratas en lo que va del año, de las cuales 84 ya han sido confiscadas. Es un juego de gato y ratón que se libra en el espectro radioeléctrico.
Javier Morales Gauzín, director general de Verificación de la Unidad de Cumplimiento, destaca una estrategia peculiar: las estaciones confiscadas no son destruidas, sino donadas a radios comunitarias o con concesiones sociales.
Una suerte de redistribución de frecuencias, donde los transmisores encuentran un nuevo hogar, mientras las antenas y fierros son enviados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Un ciclo que revela la complejidad del problema.
Michoacán, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca emergen como epicentros, concentrando el 70% de las estaciones piratas detectadas, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). La lucha se intensifica en estas tierras donde las ondas clandestinas desafían el control establecido.
La herramienta electrónica «Denuncias de radiodifusoras sin concesión» del IFT se presenta como un arma para la sociedad, permitiendo a cualquier ciudadano denunciar la operación de estaciones ilegales. Es un llamado a la participación activa en la defensa del espectro radioeléctrico y las frecuencias, que son consideradas, un bien común.
El crecimiento exponencial de estaciones clandestinas (de 260 a 400 en tres años), arrebata un 20% del espectro disponible en todo el territorio nacional, donde existen más de 600 estaciones piratas, aproximadamente una por cada cuatro legalmente establecidas y por ello la industria de la radio alerta sobre riesgos que van más allá de lo económico.
Para algunos radiodifusores, el tema es una cuestión de seguridad nacional, pues grupos subversivos y del crimen organizado operan muchas de estas estaciones ilegales, infiltrando el aire con agendas ajenas al bienestar común.
Un tema se considera “de seguridad nacional” cuando su impacto afecta directamente la integridad, estabilidad y soberanía de un país. Aspectos como amenazas externas, conflictos internos, actividades terroristas, ciberseguridad, proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier situación que ponga en peligro la supervivencia, la identidad nacional o el funcionamiento de las instituciones esenciales pueden ser clasificados como asuntos de seguridad nacional.
En el caso de las estaciones de radio clandestinas, surge una interrogante obligada: si son operadas por grupos subversivos o del crimen organizado ¿su presencia debe considerarse una amenaza a la seguridad nacional, ya que podrían utilizarse para difundir mensajes perjudiciales o coordinar actividades ilícitas?
El desafío persiste y la radiodifusión clandestina no solo impacta en lo técnico y lo financiero, sino que plantea interrogantes sobre la seguridad y la soberanía de las ondas. La lucha por el control del espectro radioeléctrico se torna crucial y cada estación confiscada es un recordatorio de la necesidad de vigilancia y acción coordinada.
En la batalla por el aire, la transparencia y la colaboración se erigen como aliados fundamentales para mantener las ondas libres de interferencias ilegales.
Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted ¡muy buen día!
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