Es un hecho notorio el impacto de la pérdida de los seres queridos en los peores momentos de la pandemia previo a la generación de las vacunas. El cruento momento no solo impidió la despedida digna de la persona antes de fallecer, sino que tomó por sorpresa a muchas personas que carecemos de la cultura de tener dictado un testamento ante Notario (sin importar el estar con una enfermedad o no).
Los días recientes de conmemoración de nuestros difuntos mostró una mayor manifestación de los ritos, esto se debe a que nuestras tradiciones que celebran a la vida y la muerte son una forma de catarsis social ante la ausencia y en este caso se acentuó por la posibilidad de congregarnos sin riesgo para rendir ese reconocimiento en esos días emblemáticos. Es y será una forma de vivir el duelo que se interrumpió frente a la incertidumbre en la pandemia.
No obstante, con los años que se suman después de la declaración internacional de la Organización Mundial de la Salud de la primera pandemia del siglo veintiuno, ese marzo de 2020, los números de muertos que reportó el INEGI por miles de centenas, no son solo cifras, son historias de vida que se interrumpieron en una normalidad de familia (y la invisibilizada cifra de menores de edad huérfanos), y de posesiones que carecen de dueño legal.
Es aquí en donde los gobiernos locales tienen un área de oportunidad de incidencia palpable en beneficio de las personas que gobiernan. De dejarse sin atender la situación de las personas fallecidas intestadas, se generará una normalidad del uso de sus bienes inmuebles, que siempre deriva en la ausencia de pago de predial y agua, por quienes ocupan el bien, pero no quieren asumir las obligaciones que conlleva el poseerlo.
Además, no siempre, quienes tienen mejor derecho son las personas que los hacen valer, es común que en un predio intestado se hagan obras irregularidades y habiten diversas personas que en el tiempo carecen de título de propiedad y como señalaba en el párrafo anterior, nadie se hace cargo de los pagos que impactan en las arcas directas de los Municipios (o Alcaldías para el caso de la Ciudad de México), esto sumado al origen de muchos conflictos intrafamiliares y sociales por el manejo que se hace en la ocupación de esos espacios.
Lo ideal sería iniciar juicios sucesorios, que llevan tiempo e implican recursos que las personas no tienen. En la medida en que el Estado a través de sus Municipios inicie un diagnóstico sobre la regularidad de la propiedad que se tienen en su demarcación por quienes ocupan los predios o casas, se logrará un “ganar, ganar”. Por un lado, se evita el conflicto y se les da certeza a las personas sobre su derecho de ocupar un bien y obtener la titularidad de la escritura y por el otro, se asume, gracias a la intervención institucional, el compromiso de los pagos de predial y agua que favorece a los gastos del Municipio en beneficio de la propia colectividad.
Con la capacidad de los Estados de la República de generar convenios con Universidades en donde se haga servicio social de estudiantes de derecho para que se encarguen de llevar las asesorías y trámites de manera gratuita; asimismo, celebrar convenios con las notarías para que hagan descuentos significativos en las escrituras y que el propio Estado baje los costos de impuestos por adquisición de inmuebles que es lo que inhibe a la mayoría de las personas que heredan para regularizar la titularidad de sus inmuebles, esto a cambio de obtener el pago de los derechos del predial y el agua sin morosidad.
Lo anterior es una incidencia estratégica y significativa de mejora en la calidad de vida y certeza de las personas que también legitima al gobierno que se ocupa de las necesidades que impactan a sus gobernados.
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Profesora Investigadora UAM Cuajimalpa. @uamcuajimalpa, @Yo_SoyUAM
[1] Profesora Investigadora Titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Catedrática de Licenciatura y Posgrado en la Facultad de Derecho UNAM.
