Por primera vez en la historia del país, México abre la puerta para que la ciudadanía tenga voz directa en la elección de integrantes del Poder Judicial. En total, estarán en juego 386 jueces federales, 464 magistrados de tribunales de circuito y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un cambio que ha generado tanto expectativas como polémicas desde su anuncio.
En el caso específico de Puebla, el Senado determinó que serán 13 los jueces de distrito que se someterán a votación ciudadana, de los cuales ocho son mujeres y cinco hombres. Este proceso marca un giro inédito en cómo se designan estos perfiles clave en la impartición de justicia, pero no todos lo reciben con los brazos abiertos.
Mientras arrancaba la jornada electoral en el estado, en el corazón de Puebla capital —el zócalo— un grupo de manifestantes se reunió para mostrar su rechazo a esta nueva modalidad. Vestidos de blanco, portando pancartas y con una imagen de la Virgen de Guadalupe, unas 50 personas se plantaron en la plaza pública para lanzar un mensaje claro: no están de acuerdo con que los cargos del Poder Judicial se sometan a votación popular.
La movilización fue convocada por la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP), que ha sido crítica del proceso desde el inicio. Para ellos, esta reforma no representa un avance democrático, sino una amenaza directa a la autonomía judicial. Bajo consignas como “Sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar?”, “Democracia sí, dictadura no” y “No somos acarreados, somos abogados”, los asistentes insistieron en que se está comprometiendo la independencia de jueces y magistrados.
El argumento central de los inconformes es que convertir en candidatos a quienes deben interpretar las leyes puede abrir la puerta a la politización de la justicia. Temen que las decisiones en los tribunales respondan a intereses partidistas y no al marco legal.
