Luego de que el Poder Judicial del Estado sancionó a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas de Puebla, por invertir recursos públicos en un banco que terminó en quiebra, el Gobierno estatal afirmó que no existe persecución política, pero tampoco impunidad.
A través de un comunicado, la administración que encabeza Alejandro Armenta subrayó que en Puebla nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo, posición económica o militancia política.
“En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, precisó el Gobierno estatal.
El pronunciamiento se dio luego de que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó que Castro Corro causó un daño patrimonial al estado, al colocar 604 millones de pesos en Accendo Banco, institución que ya presentaba problemas financieros antes de su cierre.
La exfuncionaria fue inhabilitada por 20 años y deberá reintegrar más de 362 millones de pesos al erario.
El Gobierno de Puebla reiteró su compromiso con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, y destacó que su actuación se apega estrictamente al marco jurídico vigente, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
“Cuando existe un posible delito o acción indebida, el Gobierno del Estado actúa con determinación y conforme a derecho”, añadió el comunicado.
La administración estatal concluyó que su prioridad es preservar la integridad pública y la confianza ciudadana.
