Cierra el penúltimo mes del año con malas noticias para la economía mexicana, pues la junta de Gobierno del Banco de México redujo a su previsión de crecimiento para la economía nacional a tan sólo el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2025, después de que en agosto dicha perspectiva se hubiera incrementado de un 0.1% inicial al 0.6%. A decir de la gobernadora de Banxico al hacer el anuncio del recorte en las perspectivas de crecimiento, “la economía nacional ha seguido atravesando un periodo de marcada debilidad” en referencia tanto a la persistencia de la inflación general en el país y el debilitamiento del sector industrial.
Sin embargo, y sin menoscabo del aspecto noticioso de un anuncio como el hecho por la Junta de Gobierno de Banxico, en realidad tampoco es algo que, como mexicanas y mexicanos, nos deba de sorprender. La falta de impulso al crecimiento económico fue una constante en el gobierno del expresidente López Obrador que, junto con el incremento de la deuda del sector público y lo reducido del margen de acción en las finanzas públicas federales, heredó a su sucesora, la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum. Aunado a lo anterior, fenómenos como el de la percepción de la incapacidad del Estado mexicano para frenar la violencia asociada al crimen organizado (auspiciada por factores internos y también el discurso incendiario del presidente de los EE.UU en referencia a México) y la polémica reforma al Poder Judicial, también han contribuido a ralentizar el dinamismo económico.
En términos de contabilidad nacional, una de las maneras más sencillas de expresar el Producto Interno Bruto es la siguiente:
PIB = C + I + G + (X-M)
Donde,
PIB= Producto Interno Bruto;
C= Consumo;
I= Inversión, tanto pública como privada;
G= Gasto de gobierno; y
(X-M)= Es el saldo de nuestras exportaciones menos las importaciones.
En el caso de México, el efecto de las transferencias en efectivo ya está más que normalizado y no están representando un impulso nuevo al consumo de los hogares en el país que, por otro lado, tendrán que hacer frente a aumentos en impuestos y tarifas del sector público a partir del 2026 (es el caso del IEPS).
Por su parte, más allá de los anuncios de inversiones realizados por el Gobierno Federal y del manejo que se le da a Inversión Extranjera Directa, la realidad es que la Inversión Fija Bruta, que mide las inversiones que efectivamente se realizan en el país, tanto en equipamiento como en construcciones ya sea por nacionales o extranjeros, muestra desde mediados de 2024 una clara tendencia decreciente. Por su parte, el gasto público está entre la encrucijada de atener el pago del servicio de la deuda en la que incurrió el Gobierno Federal, los programas sociales y los gastos irreductibles que enfrenta la Presidencia (como el pago a doctores, enfermeras, empleados de gobierno y las transferencias que debe hacer a estados y municipios) y prácticamente sin espacio fiscal.
En este escenario, tal como ha venido ocurriendo desde los años 90’s, la apuesta para que la economía mexicana pueda crecer, parece estar concentrado en el sector externo, que adolece del efecto Trump y la casi permanente amenaza de la imposición de aranceles y las sorpresas que pueda deparar la renegociación del Tratado comercial con Canadá y los propios Estados Unidos.
