En una carrera legislativa por la agenda de seguridad y desaparecidos, la diputada Susana Riestra Piña presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa clave para otorgar estatus jurídico de defensores de derechos humanos a las madres y padres buscadores de la entidad.
La propuesta busca reformar el marco legal para que el Estado no solo reconozca la labor de los colectivos, sino que garantice medidas de protección efectivas, acompañamiento institucional permanente y, de manera crucial, la prohibición de su criminalización.
Con esta medida, se pretende que las familias que realizan labores de rastreo, muchas veces en condiciones de alto riesgo, cuenten con el respaldo de las autoridades para facilitar la localización de personas desaparecidas sin ser víctimas de hostigamiento o negligencia oficial.
El movimiento de Riestra Piña se dio justo antes de que la diputada Nayeli Salvatori Bojalil de Morena presentara una propuesta de corte punitivo. La iniciativa de la morenista, programada para este jueves, busca reformar el Código Penal y la Ley de Búsqueda para imponer hasta tres años de prisión y multas económicas a quienes simulen su propia desaparición.
Mientras la bancada del PAN apuesta por el fortalecimiento y resguardo de quienes buscan, la propuesta de Morena se centra en sancionar el uso indebido de recursos públicos en casos de «autodesapariciones», lo que ha generado un contraste inmediato en las prioridades de ambas fuerzas políticas dentro del Legislativo poblano.
