Durante una mesa de análisis en la Universidad Iberoamericana Puebla, expertos en materia electoral lanzaron una advertencia sobre el futuro de la democracia en México. Exconsejeros del IFE e INE, como María Marván, Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa y Mariana Calderón, coincidieron en que la reforma enviada por el Ejecutivo federal presenta errores de redacción y vacíos legales que podrían forzar la implementación de un «Plan B» legislativo.
María Marván detalló que el documento carece de argumentos que garanticen la legalidad y, por el contrario, fomenta la opacidad al blindar a los actores políticos en la rendición de cuentas sobre sus gastos de campaña. Además, criticó la reducción de tiempos oficiales en radio y televisión, señalando que el ajuste solo beneficia la propaganda gubernamental en detrimento de la equidad para los partidos políticos.
Por su parte, Alfredo Figueroa alertó que la propuesta de reducir el Senado de 128 a 96 escaños carece de justificación técnica y parece diseñada para consolidar una mayoría calificada para el partido en el poder. Asimismo, señaló que el nuevo modelo para elegir las 200 diputaciones plurinominales es ambiguo, pues no define cuotas claras para sectores vulnerables o la comunidad migrante.
La especialista Mariana Calderón explicó que la reforma cae en contradicciones sistémicas, ya que incluye cláusulas que permitirían invalidar lo establecido si se considera inconstitucional, lo que abre la puerta a una ruptura temporal con los aliados de Morena (PT y Verde). Esto, advirtió, daría pie a que la presidenta presente un modelo alterno ajustado a conveniencia del Ejecutivo mediante modificaciones a leyes secundarias.
Finalmente, Arturo Sánchez lamentó que se pretenda imponer una carga de trabajo «titánica» al INE mientras se le recorta el presupuesto y se le exige fiscalizar a todos los candidatos en un tiempo récord de 40 días.
