El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pidió al Consejo de la Judicatura informar sobre el procedimiento iniciado contra el juez Enrique Romero Razo, relacionado con la polémica generada alrededor del feminicidio de Karla López Albert.
El mandatario señaló que, hasta donde tiene conocimiento, existen investigaciones internas contra el juzgador, luego del escándalo que surgió por una audiencia en la que presuntamente se modificarían las medidas cautelares para otorgarle prisión domiciliaria.
Sin embargo, posteriormente el propio Enrique Romero Razo, recordó que el mismo lo condenó a 76 años de cárcel y que no autorizó ningún cambio de medida cautelar.
El gobernador @armentapuebla_ pidió al Consejo de la Judicatura informar sobre las investigaciones contra el juez Enrique Romero Razo, ligado a la polémica por el caso de Manuel Forcelledo, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert.
El mandatario aseguró que ningún… pic.twitter.com/DVLJsndQFD
— Síntesis Puebla (@sintesisweb) May 18, 2026
De hecho, explicó que antes de esa audiencia había pedido una licencia médica.
Además, sostuvo que debido a esa ausencia no participó en el proceso y que la persona encargada de suplirlo tampoco autorizó la modificación.
Por este motivo, Manuel Forcelledo, autor material del asesinato, que fue tipificado como feminicidio por primera vez en el estado, permanece recluido en el penal de San Miguel.
A pesar de ello, el caso provocó cuestionamientos y críticas hacia el Poder Judicial.
En este sentido, el gobernador subrayó que jueces, magistrados y funcionarios deben actuar con apego a la legalidad y rendir cuentas sobre sus decisiones.
Asimismo, hizo hincapié en que dentro del Ejecutivo existen órganos de supervisión y fiscalización como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Indicó que el Consejo de la Judicatura es la instancia responsable de vigilar el actuar de jueces y magistrados.
Finalmente, Armenta hizo un llamado a los integrantes de su gabinete y servidores públicos a cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“La ignorancia de la ley no exime de responsabilidades”, advirtió.
