Ante la parálisis administrativa y las crecientes protestas civiles en Acatlán de Osorio, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, fijó la postura del Poder Legislativo y advirtió que cualquier procedimiento orientado a una posible revocación de mandato contra la alcaldesa Guadalupe Bárcenas deberá sustentarse estrictamente en expedientes técnicos y pruebas contundentes, dejando fuera las improvisaciones o las presiones de carácter individual.
En rueda de prensa, el líder de la bancada mayoritaria informó que existe una coordinación permanente con el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación estatal, para garantizar que los conatos de violencia no desestabilicen la región de la Mixteca, mientras que el Congreso local se encargará de encauzar las inconformidades de los regidores disidentes bajo un marco de estricta legalidad e imparcialidad.
Gaspar Ramírez enfatizó que al ser el Congreso un órgano colegiado, no se pueden tomar determinaciones basadas en la coyuntura política o en exigencias mediáticas, por lo que urgió a los integrantes del Cabildo que promueven la salida de la edilesa a robustecer formalmente las carpetas de investigación correspondientes.
Respecto a la ruta jurídica que tomará el conflicto, el legislador fue enfático en señalar que el éxito o desestimación de la demanda civil dependerá única y exclusivamente de la documentación legal entregada, cerrando la puerta a juicios de valor.
La procedencia o improcedencia de la destitución no dependerá de opiniones individuales ni de manifestaciones, sino del cumplimiento de las vías legales vigentes. Por ello, todo el material probatorio recabado en las mesas de diálogo será turnado directamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instancia encargada de realizar la revisión minuciosa y emitir un dictamen técnico definitivo.
Con este pronunciamiento, el Congreso del Estado busca dar certeza a la ciudadanía de Acatlán y enfriar el conflicto social, condicionando la salida jurídica de la presidenta municipal al desahogo formal de las pruebas sobre presuntas irregularidades financieras y administrativas.
