Exconsecionarios de verificientros piden al gobierno del estado que revise el estado que guardan sus permisos de funcionamiento, para determinar si pueden reabrir dichos centros que fueron cerrados durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle.
Los inconformes aseguraron que les fueron retiradas sus licencias para entregárselas a empresarios del Estado de México, como una especie de “favor político”.
Desde 2015 fueron clausurados cerca de 80 centros de verificación y los dueños fueron notificados de la cancelación de sus permisos por actos de corrupción; sin embargo los expropietarios refutaron que los amparos que interpusieron siguen en curso.
Martín Maldonado Flores, integrante del Colectivo Verificentros, argumentó que hubo irregularidades en la revisión que realizó Mario Rincón González, quien fungía como Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, por lo que solicitan a las autoridades locales una nueva supervisión.
“Se nos quitó de manera ilegal nuestro centro de trabajo, lo que generó la pérdida de empleos y de nuestras inversiones”, recalcó al señalar que se trató de un pago de fracturas y un acuerdo político del exgobernador que cerró la posibilidad a los empresarios locales para que participaran por las nuevas concesiones.
En la actualidad operan en el estado de Puebla un total de 17 verificéntros.
