Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que en Chihuahua se investiga un operativo en el que fallecieron dos agentes estadounidenses al intentar cerrar un narcolaboratorio. En este contexto, la gobernadora Maru Campos fue llamada a comparecer como parte del procedimiento, aunque la mandataria subrayó que ello no implica una imputación formal.

La presidenta también se refirió a la indagatoria abierta en Sinaloa tras la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez mexicanos acusados de presuntos delitos de narcotráfico y armas. Entre los citados se encuentran el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Sheinbaum reiteró que las comparecencias forman parte de las diligencias de la FGR y que no deben interpretarse como imputaciones. La Fiscalía informó previamente que las entrevistas ministeriales buscan avanzar con seriedad y exhaustividad en las investigaciones derivadas de los señalamientos internacionales.

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La Fiscalía de Chihuahua informó que, además de la renuncia, se abrió un procedimiento administrativo contra Zuany Portillo por presuntas omisiones. El operativo antidrogas, realizado entre el 16 y 19 de abril, estuvo marcado por la participación de “cuatro personas extranjeras”, señaladas como presuntos agentes de la CIA, quienes convivieron con elementos locales.

En conferencia de prensa, Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía estatal, explicó que videos de vigilancia confirmaron la integración de cuatro personas vestidas de civil al convoy oficial. Estas personas no portaban insignias ni uniformes de corporación alguna, lo que generó cuestionamientos sobre su participación.

El 19 de abril, dos supuestos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) murieron en un accidente vial al regresar del operativo contra el laboratorio de drogas. Este hecho incrementó las dudas sobre la interacción entre autoridades locales y extranjeros.

La Fiscalía señaló que no existe registro de autorización para la incorporación de personas extranjeras al convoy. Tampoco se ha recibido respuesta oficial de la representación diplomática de Estados Unidos ni del Instituto Nacional de Migración respecto a la identidad de los involucrados.

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Campos aclaró que no hubo presencia de agentes extranjeros durante el procedimiento, el cual fue diseñado y ejecutado exclusivamente por instancias nacionales con experiencia en investigación criminal. “Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que de ella emana”, señaló, al responder a versiones que cuestionaban la legalidad del operativo.

La mandataria atribuyó los señalamientos recientes a motivaciones políticas de Morena, destacando que su administración enfrenta al crimen organizado de manera frontal. “No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, declaró.

En este contexto, Campos informó que ordenó la creación de una unidad especializada para investigar el caso, además de dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado para actuar conforme a derecho. “Aquí en Chihuahua no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito”, enfatizó.

La gobernadora también reiteró que no emitirá declaraciones adicionales sobre las investigaciones para no interferir en el trabajo de las autoridades competentes. Subrayó que su prioridad es la defensa de la paz y la protección de la ciudadanía, en coordinación con todas las instituciones del Estado mexicano.

Finalmente, Campos concluyó: “Vamos a seguir de frente, con firmeza, con resultados y sin distraernos, defendiendo a todo Chihuahua para asegurar la paz, preservar el estado de derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses”.

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El caso se refiere a Francisco Beltrán, quien falleció tras la explosión de su vehículo. Según CNN, el hecho habría sido un “asesinato selectivo facilitado” por inteligencia estadounidense, lo que generó especulaciones sobre la participación de la CIA en operaciones dentro del país.

Sheinbaum rechazó categóricamente esa versión y subrayó que las agencias extranjeras que colaboran en México lo hacen bajo permisos regulados por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, siempre en coordinación con la Embajada de Estados Unidos. “Es falso que operen agentes de la CIA en territorio mexicano”, puntualizó.

La mandataria calificó la nota de CNN como “falsa” y “sensacionalista”, señalando que existen grupos tanto en México como en Estados Unidos que buscan deteriorar la relación bilateral. “Le están apostando a una mala relación entre el Gobierno de EE. UU. y el Gobierno de México, para dañar al gobierno y al pueblo de México”, expresó.

El reporte de CNN también mencionaba que desde el año pasado supuestos agentes de la CIA habrían participado en ataques contra miembros de cárteles, lo que Sheinbaum negó, advirtiendo que se trata de información sin sustento que busca generar desconfianza.

Finalmente, la presidenta llamó a la ciudadanía a no caer en provocaciones y a mantenerse atenta a información verificada. Reiteró que el Gobierno mexicano seguirá defendiendo la soberanía nacional y la relación respetuosa con Estados Unidos.

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Sheinbaum explicó que el Gobierno Federal no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en acciones de seguridad. La información salió a la luz cuando la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la creación de una unidad especial para investigar hechos relacionados con la muerte de dos agentes de la CIA.

La presidenta enfatizó que no se siguieron los protocolos establecidos, los cuales obligan a informar y coordinar con instancias federales cualquier operación en la que participen extranjeros en territorio mexicano.

Tras una reunión entre Campos Galván y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Sheinbaum señaló que aún no se ha precisado quién autorizó la participación de los agentes. Los posibles responsables se acotan a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua o al Secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez.

La gobernadora Maru Campos se comprometió a avanzar en la aclaración del caso. Según Sheinbaum, el secretario de Seguridad dejó claro que la participación de agentes extranjeros constituyó una violación al no haber sido notificada al Gobierno Federal.

La presidenta reiteró que su gobierno mantiene coordinación con todos los estados, sin importar su filiación política, y que la prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía.

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Sheinbaum explicó que se solicitó información a la gobernadora sobre los acuerdos de cooperación con agencias extranjeras, recordando que cualquier colaboración debe realizarse bajo los principios establecidos en la Constitución y mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Un gobierno extranjero tiene que cumplir la ley sí o sí porque la ciudadanía no se negocia”, puntualizó.

La reunión, que duró aproximadamente una hora, abordó la posible participación de agentes de la CIA en Chihuahua. Según la presidenta, García Harfuch cuestionó a la mandataria estatal sobre los convenios y acuerdos que permitieron dicha colaboración, así como las razones por las que no se notificó a la federación.

Este encuentro ocurre días antes de que la gobernadora y el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, comparezcan ante el Senado de la República para explicar la presencia de agentes extranjeros en operativos locales.

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“Relaciones Exteriores envió una carta al embajador de EE. UU., Ronald Johnson, para que proporcione toda la información”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa, al subrayar que el caso debe aclararse de manera inmediata.

La controversia surgió después de que la Embajada estadounidense confirmara el fallecimiento de los agentes en un accidente de carretera en la sierra de Chihuahua, tras acciones contra laboratorios clandestinos. Según Sheinbaum, la carta enviada a Washington advierte que este hecho “no forma parte del protocolo de seguridad acordado entre ambos países”.

La mandataria insistió en que las autoridades mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo. “No había conocimiento de ello… no se informó a Relaciones Exteriores, a la Defensa Nacional ni a la Secretaría de Seguridad”, puntualizó.

Sheinbaum recordó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales. Además, subrayó que la actuación de agentes de otros países en México está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que limitan sus funciones a labores de enlace e intercambio de información.

“Debe quedar claro tanto para Estados Unidos como para los gobiernos estatales que la colaboración debe darse dentro del marco de entendimiento y de la ley”, afirmó.

La polémica aumentó cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia la operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad.

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La presidencia expidió los nuevos «lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros» en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que entrarán en vigor este viernes, sólo cinco días antes del cambio de administración en Washington.

«Los agentes extranjeros que cometan delitos o infracciones por infringir las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas no gozarán de ningún tipo de inmunidad«, advierten las nuevas reglas.

La nueva norma exige a los agentes foráneos acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el aval de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

También obliga a embajadas y misiones extranjeras a compartir informaciones con «un impacto significativo en la vida del país, que representen una amenaza a la seguridad nacional o que se refieran a presuntas conductas delictivas de servidores públicos o exservidores públicos mexicanos«.

Las dependencias del gobierno mexicano «deberán recibir un informe mensual por parte de las embajadas extranjeras acreditadas en México, relativo a los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional«, establece la normativa.

Los lineamientos se publican después de que el Congreso de la Unión aprobara el 15 de diciembre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional propuesta por el presidente Andrés López para regular a los agentes extranjeros.

Aunque la legislación aplica para todos los países, el presidente y el Partido Morena han admitido que tendrá repercusiones especiales para la DEA y otras agencias de Estados Unidos.

En los lineamientos publicados este jueves, México reconoce la vigencia del memorando de entendimiento conocido como «Acuerdo Brownsville-Mérida» firmado en 1998 con Estados Unidos, pero aun así advierte de la necesidad de cumplir con la nueva legislación.

«Se reconoce en particular la vigencia del compromiso bilateral de comunicar previamente, realizar consultas e informar sobre actividades de los agentes extranjeros«, estipula el texto.

Los nuevos lineamientos serán uno de los primeros retos para la nueva gestión de Joe Biden, quien el próximo 20 de enero asumirá la presidencia de Estados Unidos con la promesa de una relación más institucional con México que la que tuvo Donald Trump.

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La finalidad de la enmienda es actualizar el orden jurídico para responder a la necesidad de establecer mejores herramientas, para procurar la coordinación y control estructural del Sistema de Seguridad Nacional, en equilibrio con el cumplimiento de compromisos de colaboración con otros estados, lo que finalmente redunda en el establecimiento de mejores condiciones de seguridad regional.

Se estipula, que en el marco de la cooperación internacional, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes conforme a los respectivos convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional sobre los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de dichos convenios y programas.

Además, que los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate.

De ahí que se considere la necesidad de que la Ley de Seguridad Nacional establezca los parámetros y extremos de enlace, cooperación e intercambio de información tanto de las misiones extranjeras acreditadas en México como de las dependencias de los tres órganos de gobierno que interactúan con ellas.

La iniciativa es para establecer un mejor orden en la ejecución de las funciones de los agentes extranjeros y en la interlocución de las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Refiere que los agentes extranjeros tienen funciones y obligaciones de acuerdo a convenciones internacionales y su naturaleza deja patente la necesidad de definir, por ministerio de ley, su marco general de actuación, lo que redundaría en mejores condiciones de la certidumbre jurídica, lo cual resulta de la mayor trascendencia en el trato de asuntos de seguridad.

La diputada federal de Morena, Dolores Padierna Luna, aseguró que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la internación en el país de agentes extranjeros, garantizan el respeto mutuo y la reciprocidad en el intercambio de información y en las relaciones multilaterales.

En tribuna, al hablar en pro del dictamen durante su discusión, aseveró que la relación multilateral obliga al cumplimiento de acuerdos, en este contexto, destaca que se reforma el principio de reciprocidad en el intercambio de información y el principio relativo a la legalidad.

Subrayó que estas modificaciones establecen que ningún país tendrá el derecho de ejercer funciones que le corresponden a otro y que la violación a las normas mexicanas puede derivar en la suspensión de los convenios de cooperación internacional, otorgando al país una condición de igualdad.

Padierna Luna, recordó que con el operativo “Rápido y Furioso” y la “Iniciativa Mérida” se violó la soberanía de México y generaron una relación de complicidad.

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Por medio de un comunicado, el fiscal indicó su preocupación por las modificaciones a la legislación, pues consideró que podría dificultar la cooperación bilateral.

“El Departamento de Justicia está comprometido a trabajar con el Gobierno de México en el combate a los criminales trasnacionales que amenacen a nuestras naciones. Como siempre, nuestra cooperación tiene lugar en el marco de nuestra ya establecida estructura diseñada para atender conjuntamente nuestros desafíos comunes.

“Por lo tanto, nos preocupa la legislación que se estudia actualmente en el Congreso de México, que tendría el efecto de hacer la cooperación entre nuestras naciones más difícil. Ésta haría que estuvieran menos seguros los ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos. La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta”, añadió el Fiscal Barr.

Barr recordó que ambas naciones han establecido lazos de cooperación dentro del marco legal.

“Recientemente, Estados Unidos devolvió al exsecretario Cienfuegos a México, para permitir que sea investigado en ese país”, indicó.

El dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional fue aprobado por el Senado el jueves, tras lo cual lo remitió a la Cámara de Diputados para su estudio y aprobación.

La intención de la reforma propuesta por el presidente Andrés López obligará a agentes de gobiernos extranjeros a compartir toda la información que obtengan en México con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los funcionarios nacionales, de cualquier nivel, que interactúen con estos agentes, también estarán obligados a rendir informes, tres días después de la reunión, Y deberán estar acompañados por un agente mexicano.

Los agentes extranjeros podrán internarse temporalmente en México, pero deberán obtener un permiso temporal de la cancillería, que consultará con la SSPC, el Ejército y la Marina, y deberá aplicar el principio de reciprocidad bilateral; además, un grupo de coordinación operativa que supervisará la ejecución de los convenios de colaboración internacional en materia de seguridad suscritos por el estado mexicano con agencias extranjeras.

Los agentes extranjeros no tendrán facultades para aplicar las leyes de su país en el territorio nacional, ni tampoco asumir las funciones reservadas para las autoridades mexicanas. Es decir, podrán llevar a cabo sus investigaciones, pero no tendrán ninguna inmunidad contra delitos en los que pudieran incurrir.

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