La defensa de Duarte pidió su salida cinco meses antes del término de la pena, argumentando el cumplimiento de requisitos legales (buena conducta y más del 70% de la condena cumplida). La Fiscalía General de la República (FGR) se opuso, al considerar que la medida podría entorpecer procesos pendientes y cuestionó que el interno haya mantenido buena conducta en reclusión.

Argumentos en la audiencia

• Defensa: Solicita libertad anticipada al estimar que Duarte cumplió los requisitos de ley, incluyendo el porcentaje de la pena y conducta adecuada.
• Fiscalía: Advierte que la liberación afectaría investigaciones en curso y señala que no se acredita buena conducta del sentenciado.

El exgobernador de Veracruz cumple una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Lleva siete años en el Reclusorio Norte de la CDMX y se le impuso además una multa superior a 58 mil pesos.

Duarte fue señalado por presuntamente asociarse con diversas personas para desviar recursos públicos a través de empresas fantasma y prestanombres. En abril de 2017, la Interpol y la policía civil de Guatemala lo detuvieron en ese país; fue extraditado a México en julio del mismo año.

Además de su condena, enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En este contexto, la organización Propuesta Cívica solicitó a la jueza un análisis exhaustivo e integral de la libertad anticipada, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas.

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Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero; ahora busca la preliberación. Propuesta Cívica sostuvo que, pese a esa posible salida de prisión, continúa vigente la denuncia ante la CPI por su presunta participación en desapariciones forzadas en Veracruz, por lo que pidió que el proceso se valore con criterios amplios y no solo por conducta carcelaria.

Durante el periodo de gobierno de Duarte (2010–2016), Propuesta Cívica recapitula que 16 periodistas fueron asesinados y tres desaparecidos en Veracruz, hecho que —según su comunicado— convirtió al estado en “la región del mundo más peligrosa para el ejercicio del periodismo”. La ONG subrayó que los señalamientos forman parte del contexto que debe considerarse en la audiencia.

La directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, afirmó que otorgar la libertad anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada sería “una afrenta” para las víctimas. La organización instó a la jueza de ejecución penal, Ángela Zamorano Herrera, a realizar un análisis exhaustivo e integral de la solicitud de Duarte.

También exhortó a la FGR a investigar de forma efectiva, imparcial y con debida diligencia la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada ante la CPI contra Javier Duarte de Ochoa. Para Propuesta Cívica, el impacto de los presuntos crímenes y el riesgo para víctimas y sociedad deben ponderarse en cualquier decisión sobre la preliberación.

La audiencia judicial para resolver la libertad anticipada está programada para el miércoles 19 de noviembre de 2025. En paralelo, la denuncia ante la CPI sigue su curso, por lo que organizaciones civiles y víctimas se mantienen atentas al resultado y a posibles implicaciones en procesos nacionales e internacionales.

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Durante la primera parte de la audiencia se registraron hasta cuatro recesos, en los que la Fiscalía y la defensa del exfuncionario presentaron argumentos y solicitaron más tiempo para incorporar testigos. La defensa sostuvo que Duarte ya cumplió con el 95% de su condena, tras haber sido detenido en abril de 2017.

Javier Duarte permanece interno en el Reclusorio Norte, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio del mismo año.

En noviembre de 2024, Duarte consiguió el sobreseimiento del proceso en su contra por desaparición forzada. Sin embargo, en 2022 un juez de control en Pacho Viejo le había dictado prisión preventiva justificada por el mismo delito, vinculado al caso del policía David Lara Cruz, visto por última vez en enero de 2016 tras acudir a una evaluación en la academia de policía de Veracruz.

La audiencia del 19 de noviembre será clave para definir si el exgobernador obtiene la libertad anticipada. En ella se espera la presentación de más pruebas y testimonios tanto de la Fiscalía como de la defensa.

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Combs fue arrestado en septiembre de 2024 en un hotel de Manhattan y permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, tras el rechazo de tres solicitudes de fianza por riesgo de obstrucción. El juicio comenzó con la selección del jurado y se espera que los alegatos iniciales arranquen el 12 de mayo.

Las acusaciones contra Diddy

La Fiscalía alega que Diddy dirigía una empresa criminal organizada que facilitaba encuentros sexuales coaccionados, conocidos como freak-offs, y que involucraban drogas, prostitución y presunto trabajo forzado.

Las sesiones sexuales, según los fiscales, se extendían por días y eran organizadas por su equipo empresarial, que coordinaba pagos, hospedajes, suministros y tratamientos intravenosos para los involucrados.

Evidencia y testimonios clave

Durante los allanamientos en sus casas de Miami y Los Ángeles, las autoridades encontraron drogas, más de 1,000 botellas de lubricantes y otros objetos que respaldan los testimonios. Uno de los eventos clave ocurrió en 2016, cuando supuestamente agredió a su ex pareja, la cantante Cassie Ventura.

Aunque su nombre no aparece en el expediente, su identidad se infiere a partir de un video de vigilancia publicado por CNN y la mención como “Víctima-1”. Cassie ya lo había denunciado por abuso sexual en 2023, aunque ese caso se resolvió fuera de los tribunales.

Posibles sentencias

El cargo más grave es asociación delictuosa, que puede conllevar cadena perpetua. La acusación de trata de personas implica una sentencia mínima obligatoria de 15 años.

Los fiscales deben probar que Combs lideraba de forma activa la organización criminal. Además de las tres víctimas principales, más de 20 testigos podrían ser llamados a declarar.

Estrategia de defensa

La defensa, a cargo de los abogados Marc Agnifilo, Teny Geragos y Brian Steel, argumenta que todos los encuentros fueron consensuados y forman parte de un “estilo de vida swinger” que Combs consideraba común y aceptado.

El productor ha rechazado llegar a un acuerdo con la fiscalía. “Sí, la rechazo, su señoría”, declaró recientemente ante el juez Arun Subramanian, quien encabeza el juicio.

El caso contra Diddy podría convertirse en uno de los juicios más mediáticos de 2025, tanto por la gravedad de las acusaciones como por su impacto en la industria del entretenimiento. Con testimonios clave, evidencia física y una defensa que niega toda coacción, el veredicto marcará un antes y un después en la carrera del rapero.

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Durante este domingo destacó que no se encuentra presente en la audiencia el abogado defensor del imputado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, ya que sólo se presentaron otros penalistas que apoyan la defensa del acusado.

De acuerdo con lo que se ha informado, este domingo se desahogaron recursos y opiniones técnicas por parte de organismos y otras instancias en Chihuahua.

Durante el sábado la audiencia de Duarte Jáquez, estuvo llena de recesos para revisar la salud del exgobernador, por lo cual se tuvo que prestar una silla de ruedas para que el imputado continuara en la audiencia.

A su vez, se escucharon los testimonios de los testigos, entre ellos algunos con identidad reservada, quienes detallaron ante el Ministerio Público (MP), los desvíos que el exgobernador realizó a favor de las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como a la Financiera División del Norte.

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Durante la audiencia se realizó la formulación de cargos legales en contra el ex gobernador, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lo acusó de haber simular actos administrativos para desviar 96 millones 685 mil 253 pesos de las arcas públicas y a través de las secretarias de Hacienda y Desarrollo Rural en el periodo de 2011 a 2014.

Uno de los fiscales explicó que entre las obligaciones de César Duarte estaba el administrar los recursos económicos del estado de Chihuahua; no obstante, del 2011 a 2014 y en previo acuerdo con funcionario públicos y personas ajenas al gobierno estatal, se desviaron 96 millones 685 mil 253 a favor de Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte SA de CV, Sofol.

Afirmó que estas acciones, constituyen los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Ante la acusación, los abogados y Duarte Jáquez solicitaron a los agentes del Ministerio Público que especificaran las circunstancias de modo y lugar en que el ex mandatario cometió los delitos.

Aunque Duarte Jáquez se negó a rendir declaración, únicamente dijo que no comprendía la totalidad de la acusación porque no había escuchado cómo actuó él para desviar los recursos públicos.

El agente del Ministerio Público (MP) refutó que en esa etapa no se darían a conocer esos datos porque correspondía a otra etapa del proceso penal y el juez de Control, Humberto Chávez Meléndez, estuvo de acuerdo.

La defensa también pidió que se dieran a conocer los nombres de los testigos con identidad reservada en enumeró la defensa. El juez le informó que el Tribunal contaba con los datos y los abogados defensores podrían tener acceso a esos datos en ese momento o en una etapa posterior del proceso penal.

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La denuncia penal interpuesta ante la FGR ayer incluye no sólo a Gertz, sino a Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio.

«Como en la carta del suscrito publicada el 20 de marzo del presente año en el Semanario Proceso, en algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran de manera directa, principalmente, al hoy Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y a otros servidores públicos de dicha fiscalía que pudieran constituir conductas delictivas, a través del uso faccioso de la Fiscalía, por intereses personales perversos», dice Scherer en la denuncia.

Según la misma denuncia, interpuesta ante María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en combate a la corrupción, Scherer acusa que Gertz usó facciosamente a la FGR en contra de Laura Morán y Alejandra Morán.

Scherer asegura que no quiso participar en el caso de Federico Gertz, hermano del fiscal, por lo que hubo represalías en su contra y que incluso, el titular de la FGR le dijo «usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo».

En lo publicado en Proceso el mes pasado, Scherer acusó al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y a la otrora secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atacarlo y hostigarlo con un modus operandi al que definió como «extorsivo».

En una carta publicada en Proceso, la publicación fundada por su padre, Julio Scherer García, el exconsejero jurídico dijo que el modus operandi se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.

En el escrito, Scherer Ibarra recuerda que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron diferencias con la secretaria de Gobernación.

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El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja presentado por el exfuncionario contra la negativa de la suspensión provisional que solicitó ante el juez Segundo de Distrito en la materia.

El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que la orden de que permanezca en la cárcel afecta a sus cuatro hijos y solicitó mediante un amparo que se le permita llevar su proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en libertad.

El juez de Distrito le negó la suspensión provisional y contra esa decisión presentó el recurso de queja que ahora el colegiado resolvió confirmando la resolución del juzgador de amparo.

“Los motivos de disenso en donde sostiene que al no otorgar la suspensión en los términos que pretende el quejoso, se afecta el interés superior de sus hijos, es infundado, pues de acuerdo con lo que manifestó en su recurso de demanda y a lo que transcribió de las audiencias de donde derivan los actos reclamados, no se evidencia que en el contradictorio se hayan analizado cuestiones de esa índole, esto es, que con la medida impuesta se afecte el interés superior del menor, por ende, constituye una cuestión ajena”, señalaron los magistrados.

El proceso al que está vinculado Lavalle Maury derivó de la denuncia que presentó en agosto de 2020 el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contra el exsenador panista y otras 69 personas más por actos de corrupción y con la que busca acceder a un criterio de oportunidad para librar las acusaciones en su contra por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

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De esta forma, el exlegislador permanecerá sujeto a prisión preventiva justificada mientras dure su proceso.

Al final de una sesión de 18 horas, que concluyo a las 6 horas de este martes, el juez dio tres meses de plazo para las investigaciones complementarias, que concluye el 13 de julio próximo.

Los cargos contra Lavalle se relacionan con presuntos «actos de corrupción» para la aprobación de las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, al supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora Odebrecht.

Lavalle es el primer imputado vinculado a proceso de los 70 señalados en la denuncia que realizó Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, luego de que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigo colaborador y aportar pruebas contra quienes supuestamente recibieron sobornos para aprobar reformas en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos.

El abogado José Joaquín Zapata señaló que la defensa apelará la resolución del juez federal.

«Se resolvió la situación jurídica del señor Jorge Luis Lavalle Maury, desafortunadamente los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez«, dijo el litigante.

Zapata señaló que la fiscalía se basó en los dichos de Rafael Caraveo Opengo, empleado de la fracción panista en el Senado y en los de Lozoya, los cuales, consideró el abogado, deben ser «considerados ilícitos e inadmisibles«.

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El funcionario estatal recordó, asimismo, que hay otros bienes adquiridos de forma irregular por el exmandatario chihuahuense en otras entidades e incluso en Estados Unidos.

César Duarte tendría un cuadro que pertenecía ¿a Juan Gabriel?

Peniche, citado por el diario Excélsior detalló que solo en Chihuahua, Duarte Jáquez acumulo 54 propiedades que suman un valor de 500 millones de pesos, 33 de ellos se encuentran en Balleza, ocho en Parral, seis en Matamoros, cuatro en Camargo, uno en la ciudad de Chihuahua, en La Cruz y en Aldama.

Por ello, el trabajo de la Fiscalía estatal se centra en demostrar la ilegal adquisición de dichos inmuebles con recursos públicos desviados.

Esta semana, te reportamos que, gracias a su contratista y testaferro de confianza, Duarte consiguió sacar de México millones de pesos, con los cuales adquirió varias propiedades en la Unión Americana con un mecanismo que dificultaba su detección.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que el combate a la red de corrupción de Duarte ha sido de una larga duración.

“Ha sido una dura batalla, porque no se trata solo de castigar a los responsables, sino de recuperar lo que le robaron al pueblo de Chihuahua”, expresó.

Corral consideró que los recursos incautados al exmandatario deben convertirse en “servicios, obras, canchas deportivas, parques, escuelas, clínicas, el producto del latrocinio y estamos colocándoles a cada una de esas obras, una leyenda de: Obra realizada con dinero recuperado de la Operación Justicia para Chihuahua”.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado 8 de julio en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición por peculado y asociación delictuosa.

Actualmente Duarte intenta detener el proceso de extradición, al tramitar un amparo, ante el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, donde también reclamó la orden de aprehensión con fines de extradición librada en su contra.

Sin embargo, aun no se decide si el recuso se admite a trámite.

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