Por tratarse de una reincidencia en este tipo de prácticas monopólicas, la Cofece impuso una sanción de 848.8 millones de pesos, se le ordena la supresión de la práctica anticompetitiva y se le podrá requerir al Aeropuerto documentación que acredite que cumplió con las obligaciones impuestas por un plazo de cinco años.

Además de que debe “garantizar el servicio de acceso en el Aeropuerto, tanto para UNE, en caso de seguir interesado y solicitarlo nuevamente, así como para los agentes económicos que obtengan o hayan obtenido un permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, explicó la Comisión.

De acuerdo con la investigación de la Comisión, hecha bajo el expediente DE-013-2018, al impedirse a UNE dar sus servicios en el AICM se establecieron condiciones ventajosas que beneficiaron a dos permisionarios.

«El AICM cometió una práctica monopólica en la modalidad de negativa de trato, mediante la cual impidió que un agente económico prestara el servicio de autotransporte federal de pasajeros, en la modalidad de autobús integral y/o vagoneta, con origen o destino al AICM”, expuso la Cofece en un comunicado.

El Aeropuerto se negó en diversas ocasiones a proporcionar a UNE el servicio de acceso en el Aeropuerto, con lo que la empresa transportista no pudo dar el servicio de transporte de pasajeros del Aeropuerto a Puebla y de Puebla al Aeropuerto.

Todo ello afectó a los usuarios por el hecho de que si se tiene mayor competencia  pueden tenerse precios más bajos y más opciones para transportarse de Puebla al AICM y viceversa.

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Andrés aclaró que pese a la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que China tenga el control total de la mina que compartía con su socia inglesa Bacanora Lithium, se determinó que el permiso de explotación que tiene no es para este mineral.

Asimismo, adelantó en que se creará una empresa del estado encargada de explotar el mineral, tal como hace Petróleos Mexicanos (Pemex) con el petróleo.

«Vamos a crear una empresa de la nación para el litio. No queremos ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, China ni Estados Unidos. No es nada más que se tiene una concesión de minería, que de repente se hace una operación en el extranjero y ya el litio mexicano pasa a formar parte de los inventarios de una empresa o gobierno extranjero«, remarcó.

López consideró que se debe «hacer una investigación» contra los funcionarios de Cofece que avalaron la transacción entre las empresas china e inglesa pues su trabajo, según graznó, está «enfocado en nulificar al gobierno«.

Agregó que es un ejemplo de cómo, en sigilo, se aprobó una operación que compromete el litio, tal como ocurre al oponerse a la reforma eléctrica, donde se propone nacionalizar el mineral.

«Por eso mi inconformidad de siempre de estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno. Para que si llegara un gobierno nuevo, del pueblo, no pudiese tomar decisiones. El neoliberalismo significó eso: atar a los gobernantes y tener de gobernantes a gerentes, empleados de las corporaciones no a representantes del pueblo«, regraznó.

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«Existe un plazo de tres meses para que inicie la distribución del Gas Bienestar en la Ciudad de México«, afirmó López en su conferencia de esta mañana.

Refirió que luego de que este miércoles anunciara la creación de esta nueva empresa, habló con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, para empezar a trabajar en el proyecto.

López dijo que los recursos para crear este nuevo órgano saldrán de la recaudación de los impuestos y el presunto «combate» a la corrupción.

Del mismo modo, indicó que se tiene la materia prima y que Pemex produce e importa gas pero, de ser necesario, se puede adquirir más.

«Tenemos el presupuesto, lo que se necesite, no es por presumir pero salimos de compras, acabamos de comprar una refinería, están bien las finanzas públicas«, afirmó.

Señaló que la empresa encargada de la producción y distribución de este producto será «una empresa del pueblo» pese a los críticos que señalan que «sólo es populismo«.

Ejemplificó que Pemex vende el kilogramo de gas LP a las empresas gaseras en 13.50 pesos, mientras que estas lo venden al usuario final en 20.94 pesos. «No es posible que haya aumentos de ese tipo«, apuntó.

El miércoles, durante el anuncio de la creación de Gas Bienestar, el mandatario aseguró que no hay competencia en el sector y calificó de «cero a la izquierda» a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En respuesta, este jueves la Cofece defendió su lucha contra las prácticas monopólicas y el alza de los precios del gas LP en México.

El organismo dijo compartir «la preocupación de los ciudadanos y del Ejecutivo federal porque en México se ofrezcan energéticos de calidad a los mejores precios posibles«.

Y alegó que ha sido «enfático y vocal, en el marco de sus atribuciones» al emprender acciones tanto para investigar como sancionar conductas anticompetitivas.

Además, indicó que formuló varias propuestas de política pública que no fueron instrumentadas por el ejecutivo y señaló que existen varias investigaciones en el mercado de gas LP a nivel nacional.

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Aunque la Cofece no precisó a los sujetos investigados, la indagatoria comienza en medio de las nuevas políticas energéticas del presidente Andrés López para favorecer a la la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los privados.

El organismo autónomo publicó el aviso de la investigación, que durará 120 días hábiles a raíz de una denuncia, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

«De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8 por ciento de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta«, señaló la Cofece en un comunicado posterior.

La investigación se anuncia después de promulgarse, el 9 de marzo, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y ciclo combinado.

La reforma de López también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La Cofece presentó el pasado 22 de abril una controversia constitucional contra la reforma, que está suspendida por el Poder Judicial, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el argumento que viola la libre competencia que establece la Constitución.

«Este expediente DE-027-2020 es un procedimiento independiente y distinto a la controversia constitucional que la Cofece presentó«, aclaró el organismo.

López ha criticado a la Cofece y la reforma energética de 2013, como herencia del «periodo neoliberal» que «causaron mucho daño» a CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Cofece precisó que la investigación se centrará en «determinar si las acciones de algún o algunos agentes económicos con poder sustancial en el mercado» violaron la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

«En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa«, advirtió.

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La Cofece consideró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo, porque viola la libre competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las privadas, extranjeras y generadoras renovables.

«(Las medidas) eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general«, argumentó la Cofece.

La reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés López, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La controversia de la Cofece se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición en la Suprema Corte el 8 de abril.

Además, los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado en lo que el Poder Judicial se pronuncia sobre su constitucionalidad.

En particular, el organismo antimonopolios consideró que la reforma es contraria a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.

«Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores«, sostuvo la comisión.

La reforma eléctrica es parte de las medidas de López para «rescatar» a la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), del presunto «saqueo» de las empresas privadas y extranjeras.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso calculó que están en riesgo más de 451 mil millones de pesos invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables.

Además, añadió, 28 empresas con un conjunto de 8 mil 904 millones de dólares en inversiones están en posición de exigir indemnizaciones.

Ahora, la Suprema Corte tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma mientras López ha acusado a algunos jueces de estar «al servicio» de intereses «particulares y extranjeros«.

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La Cofece advirtió de «lesiones» a la competencia porque la reforma eliminará el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre la de generadores privados de renovables.

«Además de desincentivar la realización de proyectos basados en fuentes limpias, se afectarían las condiciones de abasto y precio de la electricidad en perjuicio de las empresas y hogares mexicanos«, alertó el órgano.

El pronunciamiento de la Cofece ocurre después de la iniciativa que envió López el 1 de febrero a la Cámara de Diputados, que debe discutirla en un plazo de 30 días por ser de carácter preferente.

Aunque la semana pasada hubo un parlamento abierto para el análisis público de la reforma, López advirtió que no cambiará «nada» porque debe rescatar a la «empresa del Estado» de las compañías privadas, a las que acusa, sin pruebas, de “saqueo y corrupción”.

Pero la reforma contraviene la Constitución, argumentó la Cofece, que este mes ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia institucional contra una política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado con disposiciones similares.

«Estas reglas afectarían el modelo de la industria eléctrica previsto en la Constitución Política, el cual establece un régimen de competencia en los eslabones de generación y suministro«, observó el organismo este lunes.

Además de cambiar el despacho eléctrico, la Cofece criticó que la reforma «restringe injustificadamente el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución» a los competidores privados.

También reprochó que se elimine la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que participan los particulares.

«Esto implica que alrededor del 84 por ciento de la generación existente tendría derecho a ser adquirida por el principal suministrador del país (CFE) a través de métodos no competidos«, indicó la comisión.

Asimismo, enunció, la iniciativa otorga «amplia discrecionalidad» a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para decidir sobre los permisos para generadores y suministradores.

Por último, el organismo cuestionó el cambio de reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), instrumentos de mercado para incentivar la construcción de nuevas plantas renovables que ahora beneficiarían a las instalaciones viejas de la CFE.

Esto implicaría que México incumpla su compromiso de 2024 de generar 35 por ciento de la electricidad con energías limpias, estimó la comisión.

«En aras de no afectar los principios de competencia y libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad, en quebranto del orden constitucional, y sobre todo en perjuicio de los usuarios de este imprescindible servicio, la Cofece recomienda no aprobar en sus términos la Iniciativa«, concluyó.

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En #COFECE nos sumamos a la pena por la sensible pérdida del Comisionado Gustavo Pérez Valdespín @GRPV14#DescanseEnPaz pic.twitter.com/vpJ2VZjDdg

— Cofece (@cofecemx) February 4, 2021

Por medio de Twitter, la Cofece envió condolencias a familiares y amigos.

Pérez Valdespín fue propuesto en 2019 por el presidente Andrés López como comisionado en la Cofece, siendo ratificado por unanimidad por el Senado de la República el 26 de febrero del mismo año.

Su permanencia en el cargo inició el 1 de marzo de 2019 y concluía en febrero de 2028.

Pérez Valdespín fue licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía por el Colegio de México. Contaba con diversos diplomados y cursos en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, Inteligencia y Seguridad, así como Exámenes de Mercado.

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El pleno del organismo resolvió que los bancos Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, JP Morgan, además de 11 personas físicas que actuaron como intermediarios o traders, causaron daños por un monto de 29 millones 389 mil de pesos.

Esta situación afectó a los usuarios de los mercados de las Afores y al mercado de información crediticia, por ello la Comisión promueve opiniones para la competencia en los mercados de las fintech, Afores, cajeros automáticos, comisiones bancarias, sistemas de pagos con tarjeta, entre otros.

“La Comisión encontró evidencia de que siete bancos y 11 traders pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio, o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental”, indicó.

Según los hallazgos, los 142 acuerdos fueron contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas, mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

“Este caso resulta relevante porque desestabiliza las condiciones que facilitan la realización de acuerdos ilegales en el sector financiero. Este mercado debe ser confiable y competitivo pues puede tener un gran impacto en las finanzas públicas y en las posibilidades de ahorro del público inversionista”, aseveró la Cofece.

El organismo detalló que, por medio de chats en plataformas tecnológicas de comunicación, las instituciones intercambiaron mensajes a fin de estar de acuerdo en las operaciones del mercado secundario valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano con lo que causaron daños directos al público inversionista.

Por ello, al aplicarse la ley de competencia anterior vigente en esos años, se establecieron montos de sanción mucho menores a los que establece la legislación actual, por lo que se multó con un total de 35 millones 75 mil pesos a los responsables.

Una vez que se ha notificado la resolución a las partes, la Ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.

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En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el vocero de AHMSA, Francisco Orduña, detalló que en la asamblea de GAN, realizada ayer, se emitió la autorización necesaria para proseguir la negociación con este Grupo Villacero

Orduña, vocero de Altos Hornos de México, señaló que este trámite debe de autorizarlo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); si no lo autoriza, la asociación de ambas empresas, “el negocio se cae”.

“En la asamblea lo que se hizo fue emitir las autorizaciones necesarias para proseguir a las negociaciones con este grupo y llegar al paso de acciones porque es necesario hacer un trámite con la Comisión Federal de Competencia.

“La familia Ancira aceptaría, aquí hay un concepto de responsabilidad social, lo que ha planteado Alfonso Ancira públicamente y es una opinión de la familia, aquí hay en juego 20 mil empleos netos, más de 60 mil o 70 mil empleos indirectos, ellos han dicho si nosotros somos obstáculos para Altos Hornos de México y regresarla a la normalidad, nosotros nos salimos”, comentó.

Agregó que está decisión se informará hoy a la Bolsa Mexicana de Valores.

La familia Ancira es propietaria de poco menos de la mitad de AHMSA; 45 por ciento, y otro 10 por ciento del fondo Carlyle Technologies Corporation, que es un vehículo que controla la misma familia Ancira.

De aprobarse este movimiento por parte de Cofece, Alonso Ancira Elizondo saldría definitivamente de GAN y AHMSA.

Sobre la información que circula de que con esto el gobierno de Andrés López recuperará los 200 millones de dólares de sobreprecio por la venta a Pemex, cuando el director era Emilio Lozoya, de la planta Agro Nitrogenados, Francisco Orduña lo desmintió.

«Eso no es cierto, es mucha levadura. No le corresponde la asamblea de Grupo Acerero del Norte tomar esa decisión» rebatió.

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El organismo antimonopolios argumentó que el acuerdo que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución«.

En concreto, la Cofece consideró que la «Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)» es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

«El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia«, aseveró la comisión.

Durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el gobierno ha aplicado medidas para restringir la operación de las centrales privadas de electricidad renovable con el argumento de garantizar el suministro y la «confiabilidad» del sistema.

Además de la política de Sener, están el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril y la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del 28 de mayo que sube las tarifas de porteo que deben pagar las centrales renovables a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«La confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico«, balbuceó este lunes la titular de Sener, Rocío Nahle, tras la controversia de la Cofece.

La impugnación de la Cofece, un órgano autónomo del Gobierno, se suma a la que anunciaron gobernadores de oposición la semana pasada.

Partidos políticos y asociaciones civiles acusan al gobierno federal de impedir la operación de los privados para fortalecer a la CFE, que usa combustóleo residual de Petróleos Mexicanos (Pemex) para generar energía.

«La política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista«, manifestó la Cofece.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta 14 por ciento del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas.

Por estas acciones peligran 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en México, según las asociaciones de productores renovables.

El presidente Andrés López ha admitido que las nuevas políticas buscan darle «un trato justo» a la CFE frente al «saqueo» de los privados, sobre todo las firmas de origen extranjero.

Además, López ha cuestionado la existencia de la Cofece y otros organismos autónomos al acusar, sin pruebas, que son grandes aparatos burocráticos heredados por lo que él llama «periodo neoliberal» que «cuestan mucho dinero» al erario.

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