Católicas por el Derecho a Decidir México señaló que esta postergación mantiene la incertidumbre jurídica y médica para las mujeres de Aguascalientes, quienes desde agosto de 2024 enfrentan restricciones tras la reforma aprobada por el Congreso local. Aidé García Hernández, directora de la organización, lamentó que la Corte no haya iniciado el proceso de análisis, pese a que la acción de inconstitucionalidad fue promovida desde 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reforma estatal modificó el Código Penal y una ley relacionada con la protección de la vida desde la concepción. El proyecto, a cargo del ministro Irving Espinosa, buscaba impedir que legisladores locales redujeran el plazo legal para abortar, en contraste con la sentencia de 2023 que declaró la despenalización del aborto en todo el país y obligó a los Congresos estatales a garantizar la IVE hasta la semana 12.

Aunque no se dieron razones oficiales sobre el retiro del asunto, se presume que existieron presiones de la Iglesia católica y de figuras políticas del Partido Acción Nacional (PAN). La arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar” la vida humana, mientras que Espinosa aclaró que el proyecto no pretendía permitir el aborto en cualquier momento del embarazo, sino evitar que se redujera el plazo ya establecido.

Actualmente, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto hasta la semana 12, en cumplimiento con la sentencia de la Corte. Aguascalientes y Sinaloa son las excepciones, con plazos de seis y trece semanas respectivamente, lo que mantiene un debate abierto sobre la armonización de las leyes estatales con el marco constitucional.

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Con el respaldo de 20 legisladores, se adicionó el artículo 178 E al Código Penal estatal, estableciendo penas de 6 meses a 1 año de cárcel, así como multas de hasta 8 mil UMAs. La iniciativa fue impulsada por los grupos parlamentarios del PAN y Alianza Fuerza por Aguascalientes (PAN-PRI-PRD).

¿Qué considera apología del delito?

La reforma sanciona cualquier expresión, representación o mensaje, ya sea presencial o difundido por medios digitales, que glorifique a personas ligadas al crimen organizado, uso de armas prohibidas o violencia contra la sociedad. La norma es aplicable a espectáculos públicos o privados.

En caso de que el contenido esté dirigido a menores, se difunda en espacios escolares, culturales o recreativos, las penas se incrementarán hasta en una mitad.

Regulación obligatoria para los municipios

Con la entrada en vigor de esta reforma, los 11 ayuntamientos del estado deberán regular las presentaciones públicas dentro de su jurisdicción, incluyendo eventos masivos como los que se realizan durante la FNSM.

El diputado Rodrigo Cervantes explicó que la apología consiste en justificar,; elogiar o glorificar conductas delictivas, lo cual atenta contra el marco legal. Añadió que esta medida no limita la libertad de expresión,; sino que busca proteger a la sociedad de mensajes que promuevan el delito.

Seguridad reforzada para la FNSM 2025

Paralelamente, autoridades estatales y federales desplegarán un operativo de más de 2,400 elementos de seguridad y protección civil; para garantizar el desarrollo seguro de la Feria Nacional de San Marcos, que se celebrará del 19 de abril al 11 de mayo.

La gobernadora Teresa Jiménez encabezó la revisión del equipo táctico,; destacando la importancia de la protección a los millones de visitantes esperados. Instruyó a los cuerpos de seguridad a actuar con firmeza, pero siempre con respeto a los derechos humanos.

Tecnología y coordinación interinstitucional

El operativo incluye 364 unidades terrestres, un helicóptero y sistemas de videovigilancia de alta tecnología. Además, colaborarán elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Municipal, Fiscalía, Cruz Roja y Protección Civil.

Se mantendrán también acciones permanentes del programa “Blindaje Aguascalientes” para reforzar la seguridad en toda la entidad durante el evento.

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En sesión pública este martes, la mayoría del Pleno del máximo tribunal reconoció la validez, entre otros, del punto 6.4.2.7, relativo al aborto por violación, de la NOM-190-SSA1- 1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, la cual fue modificada para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Este apartado, recordó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, establece que “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de atención médica, deben prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud, por escrito bajo protesta de decir verdad, y tratándose de personas menores de 12 años de edad, a solicitud de su padre, madre o tutor, sin que el personal de salud esté obligado a verificar su dicho«.

Zaldívar calificó de “fundamental” e “indispensable” esta medida para tutelar los derechos de las víctimas de violación a menores de edad, e incluso aseguró que cualquier obstáculo para obtener la interrupción del embarazo en este supuesto supondría «una crueldad inimaginable«.

«Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término del embarazo derivado de una violación, implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género«, expuso.

En su pronunciamiento, el presidente del máximo tribunal también destacó que este derecho, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 24 de marzo de 2016, protege a las menores de edad.

«En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado ni por sus padres, madres o tutores, aquí la transgresión a sus derechos es más grave, no sólo por su calidad de víctimas sino por cuestión de su edad que obliga a analizar la cuestión desde la perspectiva del interés superior de las personas menores de edad”, enfatizó.

El Congreso de Aguascalientes demandó, a través de una controversia constitucional, las modificaciones a dicha NOM con el argumento de que se invadió su competencia respecto a su facultad legislativa relativa al delito de violación o de aborto doloso.

El proyecto, elaborado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, concluyó que este argumento era infundado, pues las modificaciones en lo que respecta al aborto por violación “únicamente regulan ciertas disposiciones que se refieren al ámbito de salud en general y de prestación de servicios de salud en particular sin hacer ninguna referencia a la materia penal”.

“No invade la esfera de competencia para legislar del Congreso de Aguascalientes ni contraviene los efectos de la institución de la patria potestad, sino que reconoce el derecho de los infantes al disfrute del más alto nivel posible de salud relacionado con el principio de evolución de las facultades de infantes en cuanto a que éstos tienen la posibilidad de decidir someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicas sin el permiso o intervención de un progenitor o tutor”, detalla el proyecto del ministro Aguilar.

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El legislador comparó el introducir un dedo por una cavidad humana con el hecho de que haya un bebé al interior del cuerpo de una mujer.

Augusto López refirió que aunque el bebé se encuentra en el interior de una mujer, no pertenece ella.

“El bebé no es de la mujer, es una vida”, soltó.

El viernes se discutió la iniciativa ciudadana presentada por el Frente Nacional por la Familia que busca proteger la vida desde la concepción.

Tras el polémico debate, la iniciativa se aprobó con 18 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

El Frente Nacional por la Familia celebró la aprobación, mientras que colectivos feministas se pronunciaron en contra, considerando la iniciativa como “clasista, punitivista y racista”.

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La diputada Paloma Cecilia Amezquita Carreón, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un dictamen acumulado de las Comisiones Unidas de Familia y Derechos de la Niñez, así como de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa de reforma a la Constitución de Aguascalientes.

Las iniciativas, indicó la legisladora, hacen adiciones al Artículo 2 constitucional y recogen una iniciativa ciudadana del Frente Nacional por la Familia, la cual reforma el artículo 11 de la Constitución local.

«El esfuerzo de la primera iniciativa consiste en incluir en la Constitución del Estado el reconocimiento del derecho y respeto de la vida de la persona desde el inicio en la concepción y hasta su culminación en la muerte natural. Así como el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica aclarando que para efectos de la Constitución y la leyes que de ella emanen ‘persona es todo ser humano'», indicó Amezquita.

La segunda iniciativa da garantía de que ninguna persona en Aguascalientes puede ser objeto de actos u omisiones «cuya intensión o expectativa sea causada su muerte prematura, así como de que todas las autoridades que integran nuestra entidad asuman su papel como salvaguardador» de la vida.

Agrupaciones feministas han señalado que esta reforma constitucional criminaliza a las mujeres por abortar, por ser “clasista, punitivista y racista”

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