“Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias, en nuestro Gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de derechos humanos», afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El Comité de la ONU presentará un reporte tras una estancia de más de 10 días en la que se reunieron con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con otros actores interesados.

La delegación acudió a lugares de «privación de la libertad», incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores de edad, migrantes y personas con discapacidad psicosocial.

«No es un gobierno represor, como los de antes, por eso pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta libertad. Y cuando se trata de torturas y hay recomendaciones de organismos internacionales se actúa de inmediato”, comentó al respecto López Obrador.

La visita ocurre mientras más de 88.000 personas en las cárceles mexicanas, el 39 % del total, carecen de una sentencia, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto reportó una sobresaturación en los centros penitenciarios locales, con 186.755 reos, y centros especializados, con 6.858, que en conjunto tienen una ocupación de 107 % respecto a su capacidad oficial.

Como caso emblemático, la ONU ha citado el caso de Hugo Martínez Gorostieta, detenido arbitrariamente en 2008 en Ciudad de México, donde la policía lo torturó para que se declarara culpable de secuestro, lo que le valió una sentencia de 113 años de cárcel pese a la falta de pruebas.

López Obrador prometió atender este caso, al igual que el resto de recomendaciones que haga el comité.

“Sí, claro que sí, habría que ver por qué razón no se ha cumplido la recomendación. Se me hace raro porque la instrucción es que todas estas recomendaciones se apliquen. A veces tiene que ver con el Poder Judicial, pero vamos a analizar el caso”, aseveró.

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El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda impulsa adicionar un Capítulo Sexto a la Ley, referente a los derechos de los enfermos en situación terminal, entre los cuales se encuentran: Recibir atención médica integral; ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención.

También dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado; recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca.

En la propuesta que se turno para su análisis, discusión y dictaminación a la Comisión de Salud del Congreso capitalino, se contempla también dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida; solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor; renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que considere extraordinario.

También podría designar a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación; recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante legal o persona de su confianza.

El legislador resalta en la iniciativa que es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados al final de la vida, es decir, ofrece acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa.

La voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia; la voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a quien sufre una enfermedad incurable o en fase terminal.

En la Ciudad de México, las mujeres, los solteros y las personas mayores son los más interesados en tener una muerte digna si padecen una enfermedad terminal.

Se estima que 60 por ciento de las solicitudes de voluntad anticipada son firmadas por personas que tienen de 61 a 80 años de edad, y 64 por ciento de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en un informe realizado en el año 2019, la esperanza de vida de los mexicanos y mexicanas es de 75.1 años en promedio; y de acuerdo con las proyecciones se considera que para el año 2030 la esperanza de vida será de 76.7 años.

Sin embargo, el cáncer y la diabetes, y sus enfermedades asociadas son responsables de casi 50 por ciento de la mortalidad en el país, principalmente en las ciudades, aunque también ya es un problema en zonas rurales, principalmente entre las mujeres.

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En un comunicado, la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, solicitó que «se reconozcan plenamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que serán trasladadas«.

Esto con el fin de que «puedan cumplir su pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio como lo marca la ley en la materia«, siempre y cuando «este haya sido condenado por delitos distintos a la delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad«.

En su solicitud, dirigida al comisionado de prevención y readaptación social, José Ángel Ávila Pérez, la CNDH también pidió «que se informe a las familias el día y la hora del traslado que se llevará a cabo de las personas privadas de la libertad, brindándoles información sobre el centro penitenciario al que será trasladado su familiar«.

De la misma forma solicitó que «se notifique cada uno de los traslados, dentro de las 24 horas posteriores, a los jueces de ejecución para calificar su legalidad«.

Además de que se comuniquen con las personas defensoras legales o familiares de dichos traslados.

En el caso de personas en prisión preventiva, la Comisión solicitó «garantizar que sean ubicadas en el centro más cercano al juzgado donde se tramita su proceso penal, y que se respete la integridad física de las personas trasladadas y se eviten conductas que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales«.

Otra solicitud de la CNDH fue «que no trasladen en el mismo vehículo a grupos de mayor exposición a abusos o a personas que requieran medidas especiales o ajustes, como son personas con discapacidad, personas adultas mayores o con enfermedades crónicas«.

Y que se garantice que «las personas con alguna enfermedad contagiosa no ser transportadas con otras, para evitar su propagación»

El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 2 Occidente de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, el cual cobró fama por ser el escenario de la primera fuga del capo del narcotráfico Joaquín «el Chapo» Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, en 2001.

En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de la COVID-19, que ha dejado centenares de muertos en las cárceles mexicanas. 

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“No debemos olvidar en el día de la mujer a las hembras de todas las especies que están siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma brutal”, declaró la suplente de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Todas las hembras de todas las especies merecen vivir, son iguales a los humanos, todos somos iguales, todas somos iguales: las vacas, las puercas, las burras… todas las hembras somos iguales”, agregó.

La también actriz apuntó que “la lucha feminista, si no es antiespecista, no es”.

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— Jesusa Rodríguez (@jesusardgz) 8 de marzo de 2019

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El especialista del Departamento de Derecho de esa casa de estudios, Juan Pablo Sánchez Tejeda, señaló que de no hacerlo se produciría discriminación a quienes se desempeñan en esas actividades laborales, además de que se violentaría su derecho humano a la seguridad social.

Expuso que la disposición de la Corte en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implemente un programa piloto, como en la propuesta al Congreso de la Unión, dirigido a las trabajadoras domésticas, excluye a los varones que realizan esta actividad a un derecho constitucional.

Refirió que en el quinto párrafo de la Constitución federal se prohíbe la discriminación por género, mientras que en el segundo de la Ley Federal del Trabajo se señala que trabajo digno o decente es aquel en el que no hay distinción por género, además de tener acceso a la seguridad social.

En un comunicado, la UAM recordó que el 5 de diciembre de 2018, la SCJN informó la determinación tomada por su segunda sala al respecto en beneficio de las trabajadoras domésticas, debido a que realizan una actividad de manera personal y subordinada por la que reciben un salario.

De esta manera, el IMSS deberá implementar un programa piloto para brindar la seguridad social a las trabajadoras domésticas dentro de los primeros seis meses de 2019 y, a partir de la implementación de éste, el organismo contará con 18 meses para hacer del conocimiento del Congreso de la Unión su propuesta de modificación a las normas jurídicas correspondientes, a fin de que quede establecido y regulado.

En ese sentido, el investigador puntualizó la importancia de incluir en la propuesta a los hombres que realizan estas actividades, pues sería adecuado y apegado a los derechos humanos y constitucionales.

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Tras inaugurar la Sala de Cine «Jorge Carpizo», junto con el actual titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que el de los migrantes es el tema “más importante que tenemos” en la próxima administración.

Aseguró que las prioridades son «en primerísimo lugar, la protección de los derechos humanos”, no obstante, “si hay alguna situación de conducta ilícita por parte de alguno de los migrantes, bueno, se procederá conforme a derecho, no tenemos por qué no hacerlo”, abundó.

A pregunta expresa, indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acatará las resoluciones que emita el Poder Judicial sobre las leyes e iniciativas del Congreso de la Unión.

Cabe recordar que el miércoles, el pleno del Senado avaló la solicitud de licencia de la legisladora de Morena para separarse de su escaño, ya que a partir del 1 de diciembre encabezará dicha dependencia.

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Al participar como coanfitrión en la segunda Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, desde Washington, destacó que México, Estados Unidos y los países centroamericanos han registrado avances en áreas prioritarias desde la primera edición del año pasado.

“Se han logrado avances en la dirección correcta”, dijo ante el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, así como el secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete.

También estaban alrededor de la mesa los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.

Celebra proyecto de AMLO

Sobre el cambio de gobierno en México, Videgaray agradeció que Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo canciller, envió al foro a un observador, Efraín Guadarrama.

“Celebro el énfasis que el presidente electo, López Obrador, y su equipo de transición han puesto en la materia del desarrollo compartido con el Triángulo Norte como la estrategia central para combatir el fenómeno de la delincuencia organizada y ordenar los flujos migratorios”, indicó.

“El principal, es el reto de derechos humanos: El tratar a los migrantes que provienen del Triángulo Norte y de otras nacionalidades con dignidad y pleno respeto a sus derechos humanos”, subrayó.

Asimismo, se sumó a la petición del presidente de Honduras por la pronta reunificación de menores migrantes que fueron separados por la administración de Estados Unidos bajo la política de tolerancia cero.

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Esta norma será presentada el próximo lunes 30 de julio y otorgará un Permiso Especial de Permanencia (PEP) en el país, ingresándolos al Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, informó el diario local El Tiempo.

El PEP les dará en términos prácticos a los venezolanos en situación irregular, derecho a la educación, convalidación de títulos, además del ingreso al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema de Riesgo Laboral.

Según cifras de Migración Colombia, de los 800 mil 070 venezolanos que han llegado al país huyendo de la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, más de 442 mil ingresaron de forma irregular.

Este PEP garantizará que los ciudadanos venezolanos que fueron censados puedan ingresar al mercado laboral, y acceder a la oferta institucional en salud y atención a primera infancia, de acuerdo con el medio.

En temas de salud, que es uno de los que más preocupa a los migrantes, muchos de los cuales llegan en busca de atención o medicamentos que escasean en Venezuela, el PEP les permitirá afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema de Riesgo Laboral, y a recibir atención en cualquier hospital del país.

Del mismo modo, quienes obtengan el permiso podrán estudiar en cualquier institución y, quienes ya cuenten con una profesión, podrán convalidar su educación superior en el Ministerio de Educación.

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“Nuestro propósito es reconocer el trabajo que realizan en sus hogares,  a través de este programa queremos reconocer a las jefas de familia, es por eso que estamos aquí en Comitán de Domínguez” exclamó el titular estatal el día de ayer en el palenque de las instalaciones de la feria durante la entrega de la canasta básica.

Acompañado también de la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Estrella Yamileth Molina Guerra y de los Diputados Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y Mauricio Cordero Rodríguez y de Antonio Aguilar Meza, Velasco Coello brindó un mensaje claro a las mujeres de Comitán.

“A una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa, a las mujeres se les debe apoyar, respetar y sobre todo cuidar, y si alguien no respeta sus derechos debemos trabajar juntos para que esté donde debe de estar” y pidió que compartan el mensaje a las mujeres del municipio.

Velasco Coello exhortó a que juntos se luche para que se respeten los derechos de las mujeres e hizo hincapié en que se deben realizar denuncias jurídicas  para dar el castigo que se merece.

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Las personas con discapacidad durante muchos años se han enfrentado con barreras para el reconocimiento de sus derechos y libertades, basta recordar algunos momentos de la historia; en un principio en la antigua Grecia y Roma las personas con discapacidad eran asumidas como innecesarias porque se estimaba que no contribuían a las necesidades de la comunidad y se creía que eran consecuencia del enojo de los dioses, así entonces sus vidas no merecían ser vividas, de esta forma se recurría a prácticas como el infanticidio (dar muerte a un bebé, una niña o niño) cuando una persona nacía con algún tipo de discapacidad.

Posteriormente en la edad media, estas personas se encontraban dentro del grupo de los pobres y los marginados, se les aislaba fuera de las ciudades o de los pueblos y prácticamente se les orillaba a pedir limosna para subsistir.

Conforme avanzaron los años, fueron  ganando espacios, poco a poco se les fueron reconociendo sus derechos y libertades; pero no solo se trata de reconocerles derechos. Como sociedad debemos entender que existen prácticas que siguen  generando menosprecio hacia este sector de la población.

En ocasiones el lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a las personas con discapacidad es inadecuado; decirles por ejemplo: minusválido, incapaz o impedido es incorrecto, el término adecuado es: persona con discapacidad física; otras palabras que se ocupan de forma incorrecta son: invidente, cieguito, sordomudo, mudo, cuando se deberían utilizar términos como: persona con discapacidad visual o persona con discapacidad auditiva.

Por otro lado, existen conductas que debemos practicar cuando nos encontremos frente a ellos o ellas,  en esta parte daremos recomendaciones sobre cómo tratar a las personas con distintos tipos de discapacidad.

Personas con Discapacidad Motriz: Si conduces a una persona en silla de ruedas y paras a conversar con otra persona, inclúyela, de igual forma, nunca muevas su silla sin pedirle permiso, también debes respetar los lugares asignados para su libre movilidad o tránsito.

Personas con Discapacidad Visual: Identifícate con ellos siempre al llegar, (menciónales tu nombre), háblales directamente, de frente y en el mismo tono que a cualquier persona, jamás toques su bastón sin autorización, sus perros guía son una ayuda, no una mascota, no los toques, no lo distraigas ni lo alimentes.

Personas con Discapacidad Auditiva: Si no conoces el lenguaje de señas, es necesario utilizar otras herramientas como la mímica, dibujos o escritura; no aparentes haberles entendido si no ha sido así, mientras les hablas no cubras tu cara o tu boca, no comas o fumes.

Personas con Discapacidad Psicosocial: Debes escucharlos con paciencia y atención; evita darles estímulos como alcohol o drogas que afecten su estabilidad emocional, trátalos de forma digna, respeta sus derechos humanos.

Por último debemos recordar que todas estas personas deben ser incluidas e integradas a la sociedad, no por caridad, sino porque es su derecho, trátalos como a ti te gustaría que te trataran.

Lic. Javier Jair García Soto

Coordinador General de la Secretaría Ejecutiva CDHEH

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