El líder de la Iglesia católica expresó su preocupación por la situación en Venezuela, exhortando a superar la violencia y a tomar caminos de justicia y paz. También pidió atención especial hacia los sectores más pobres, afectados por la crisis económica, y llamó a construir un futuro de colaboración, estabilidad y concordia.

León XIV solicitó rezar por el futuro de Venezuela e invocó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, así como de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él mismo en octubre pasado.

El pontífice, de origen estadounidense y con nacionalidad peruana por su labor misionera en América Latina, ha abordado en varias ocasiones la crisis venezolana desde su elección en mayo de 2025. En diciembre, durante su viaje de regreso desde Líbano, sugirió que el diálogo y las presiones económicas podrían ser alternativas para favorecer un cambio en el país, frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

Un mes antes, en noviembre, desde Castel Gandolfo, abogó nuevamente por el diálogo para aliviar las tensiones entre Washington y Caracas, en medio de operativos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

El entonces presidente Nicolás Maduro agradeció públicamente la postura del papa León XIV durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Asimismo, líderes opositores como María Corina Machado solicitaron su intervención en favor de los presos políticos.

El tema venezolano es seguido de cerca en el Vaticano, donde el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra ocupa el cargo de sustituto en la Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolín, quien fue nuncio en Caracas hasta 2013.

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La sentencia, emitida por un panel ampliado de siete jueces, anuló dos resoluciones gubernamentales que buscaban alterar el mandato de la fiscal general y destituirla. El fallo responde a una apelación presentada por el Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, respaldada por más de 30,000 ciudadanos.

El 4 de agosto, el gabinete israelí votó por unanimidad la destitución de Baharav-Miara, intensificando el enfrentamiento entre el poder judicial y Netanyahu. El primer ministro la acusaba de exceder sus funciones y bloquear algunas de sus políticas, entre ellas la remoción del jefe de la agencia de inteligencia doméstica, el Shin Bet.

El Tribunal Supremo congeló la medida mientras evaluaba su legalidad y finalmente la declaró ilegítima. El grupo prodemocracia que impulsó la apelación calificó el dictamen como “histórico” y destacó que preserva la democracia israelí.

En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, el fiscal general actúa como contrapeso al Ejecutivo. Su mandato incluye proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros.

La relación entre Netanyahu y Baharav-Miara ha sido tensa desde que el primer ministro fue imputado en 2019 por tres casos de corrupción. Tras su regreso al poder en 2022, los enfrentamientos se intensificaron, ya que Baharav-Miara fue nombrada por el Gobierno anterior ese mismo año.

Los aliados de Netanyahu, pertenecientes a la ultraderecha, consideran a la fiscal general como un actor supragubernamental que limita su visión de un Estado judío pleno en Israel y Cisjordania. La decisión del Supremo refuerza la independencia judicial frente a las presiones del Ejecutivo.

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El caso se centra en órdenes de jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes habían frenado la aplicación de la medida que intenta negar ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. El Supremo validó la suspensión, sin abordar el fondo del decreto.

Jurisdicción y autoridad judicial

La jueza Amy Coney Barrett, en la opinión mayoritaria, afirmó que los tribunales federales “resuelven casos conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, no supervisan al Ejecutivo de forma general. El fallo es sobre la jurisdicción, no sobre la constitucionalidad del decreto.

Suspensión temporal y margen legal

Barrett indicó que la orden ejecutiva “no entrará en vigor hasta 30 días después de esta opinión”. Ese plazo brinda oportunidades para que se presenten demandas colectivas en caso de nuevos borradores del decreto.

Impacto social y reacción de las juezas disidentes

Un estudio del Migration Policy Institute estima que podrían verse afectados hasta 255 000 bebés al año si el decreto se implementa. Las juezas disidentes Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson advirtieron sobre los riesgos del fallo:

• Sotomayor alertó que el fallo debilita el Estado de derecho y que “la Corte renuncia a su papel vital” en la defensa constitucional.

• Brown Jackson opinó que se crea “una cortina de humo” que permitiría al Ejecutivo violar derechos constitucionales sin revisión real.

Perspectiva política

Este decreto migratorio fue una promesa de campaña de Trump y se firmó el día de su segundo mandato (20 de enero). Busca restringir la ciudadanía automática establecida en la Enmienda 14. Desde entonces, enfrentó múltiples bloqueos judiciales en tribunales inferiores, que ahora han sido respaldados por el Supremo en cuanto a jurisdicción.

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Zedillo afirmó que estas reformas ponen en riesgo la democracia en México, asegurando que representan un retroceso institucional grave. “La democracia ya murió”, sentenció, en referencia a lo que considera el desmantelamiento del Poder Judicial independiente y los organismos autónomos.

Reforma judicial: una amenaza a la democracia

En la entrevista publicada como adelanto de la edición de julio de Nexos, Zedillo subrayó que elegir jueces mediante votación popular —como lo propone la reforma— es una medida engañosa que podría estar influenciada por intereses del crimen organizado y del propio Ejecutivo.

Recordó que en 1994 promovió una reforma para dar autonomía al Instituto Federal Electoral (hoy INE). Explicó que, para una democracia funcional, son clave la división de poderes, un Poder Judicial independiente y órganos autónomos.

De la democracia a la tiranía

En su ensayo para Letras Libres, titulado “México: de la democracia a la tiranía”, Zedillo advierte que la desaparición del Estado de derecho se está consolidando con la mayoría legislativa de Morena, a la que calificó como “aplanadora”. Esto, afirma, está instaurando un «Estado Policial», donde no existe contrapeso al poder del Congreso.

Señaló que Claudia Sheinbaum, actual presidenta, ha continuado los proyectos de su antecesor sin cambios. En la destrucción del sistema democrático mexicano, dijo que «merece una nota de sobresaliente».

“Nos están mintiendo”

Zedillo acusó directamente a Sheinbaum de mentir al afirmar que México será “el país más democrático del mundo”. Para el expresidente, esa afirmación es contraria a la realidad. Se está debilitando la división de poderes, eliminando organismos independientes y vulnerando derechos ciudadanos.

En sus palabras, “esto lo van a lamentar los mexicanos… con pérdida de oportunidades y, lo más grave, con una pérdida de libertad”.

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Un negocio de tal magnitud no se forma de la noche a la mañana. Extraer millones de litros de combustible, sea a través de la ordeña de ductos o de la entrega disimulada en los propios centros de distribución en tierra y mar de la paraestatal, requiere una logística más o menos sofisticada, que reclama el papel protagónico de la alta burocracia de Pemex y la complacencia de las elites gubernamentales en turno.

Requiere, además, una red muy bien articulada de distribución y, por cierto, una cartera gruesa de consumidores dispuestos a beneficiarse de los ahorros derivados del mercado negro. Investigaciones que hasta ahora no han sido dadas a conocer señalan a empresas prestigiadas en la lista de consumidores de huachicol.

Desde cualquier perspectiva que quiera mirársele, es evidente que la industria del huachicol emergió y se vigorizó a la vista y con la complacencia de los responsables de la paraestatal, la burocracia de cuello blanco,  y los miembros prominentes de la clase política en turno.

Teniendo en consideración los indicios de que el robo de combustibles comenzó a hacerse notorio a principios del presente siglo y la certeza de que el patrón de inacción fue la constante al paso de siete directores generales de Pemex durante tres sexenios, la pregunta obligada es, ¿cuáles son las condiciones que hicieron posible la supervivencia transexenal del negocio del huachicol?

En primera instancia, si de revisar el lapso de los tres sexenios concluidos en el presente siglo se trata, es pertinente echar la mirada al escollo que pudo haber significado la alternancia del PAN al PRI en 2012, pero que trasmutó en una continuidad tersa de la industria del huachicol.

Es muy probable que EPN tuvo siempre claridad sobre las prácticas de depredación en ascenso que pesaban sobre Pemex, pero que, en vistas de su prioridad por  la reforma energética, optó por hacerse de la vista gorda, preservar su alianza con el PAN y el PRD, y de paso aprovechar en beneficio propio las oportunidades lucrativas.

Igualmente probable resulta que los gobiernos locales y municipales por cuyos subsuelos fluyen los principales ductos, con igual claridad sobre las oportunidades lucrativas, optaron por sumarse al negocio y exigir sus dividendos. A final de cuentas, sin la complacencia de las autoridades locales, la extracción y el mercadeo de los combustibles difícilmente se sostendría y podría prosperar como lo hizo.

Un negocio anual de 60 mil millones de pesos, cierto, da para amasar fortunas personales. Quizás en los días subsecuentes sus nombres comiencen a alimentar la vorágine de escándalos.

Más relevante que ello, sin embargo, son las conexiones posibles y probables de este negocio millonario con el financiamiento de las elecciones locales y federales. Si el cálculo histórico promedio de la bolsa de financiamiento público a los partidos políticos nacionales en año electoral gira en torno a los 10 mil millones de pesos, se colige que con ese dinero podrían financiarse seis comicios federales.

¿Qué proporción de ese dinero fluyó hacia las campañas locales y federales en los últimos 18 años? He aquí una pregunta obligada y con poca probabilidad de ser contestada.

Como se sabe, los mecanismos de fiscalización legalmente vigentes empleados por el INE y los institutos electorales locales se basan en los registros de ingresos y egresos documentables (transferencias electrónicas bancarizadas y emisión de facturas, principalmente).

En tales circunstancias, sería pecar de ingenuidad el suponer que los organismos electorales podrían detectar los flujos de dinero en efectivo provenientes del mercado negro de los combustibles hacia las campañas, porque seguramente ha fluido en efectivo.

Con los indicios señalados en mente, campea en el aire la hipótesis de que el huachicol; o, mejor dicho, el acceso a sus dividendos, ha sido una pieza clave en el reclutamiento de los ocupantes de los cargos de representación política en la era de las alternancias políticas.

Para nadie es un secreto que, en promedio y de manera ostensible, los gastos de campaña de los partidos políticos rebasaban los topes establecidos por las autoridades electorales. Y, de igual modo, es evidente que el patrón de acceso a los cargos populares operó virtualmente como monopolio de unas cuantas familias de los estratos superiores.

Un arreglo de esta naturaleza, cabría tener en cuenta, presupone como condición de posibilidad necesaria la existencia de sintonías diversas entre autoridades hacendarias, autoridades electorales y crimen organizado.

He aquí que la batalla en contra del huachicol dista de ser común y corriente, porque toca las fibras más sensibles del régimen plutocrático y de la alianza partidocrática. No está de más precisar que en ella va de por medio el capital político de Morena y el futuro de la Cuarta Transformación.

Si aspiramos a concretar el sueño democrático y del Estado de Derecho más vale no echar en saco roto las falencias de los organismos constitucionales autónomos  y entrar al debate sobre las opciones de reconstituirlos para hacerlos funcionales al interés público.

*Analista político

* Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo

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Su más reciente análisis, el cual por primera vez hace un análisis focalizado en un país, por entidad, el promedio nacional de cumplimiento en México de las normas que llevan a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno es de apenas 0.39 en una escala de 0 a 1.

En dicha escala, el 1 representa el máximo apego al Estado de derecho, entendido como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.

Los rubros en los que el país resultó con los niveles de evaluación más bajos son ausencia de corrupción, con un puntaje de 0.35; justicia civil, 0.36, y justicia penal, 0.38, lo que significa que los principales retos a atender son “la corrupción, la seguridad y la justicia”, consideró Leslie Solís, integrante de WJP, en entrevista con el diario El Universal.

De los ocho indicadores analizados, Guerrero, que obtuvo una evaluación general de 0.29, ocupa el último lugar en cinco: orden y seguridad (0.28), límites al poder gubernamental (0.28), ausencia de corrupción (0.28) y justicia civil (0.28).

Le siguen Baja California Sur (0.35), Estado de México (0.36), Sonora (0.36), Puebla (0.36), Quintana Roo (0.36), Morelos (0.37) y la Ciudad de México (0.37).

Las entidades mejor evaluadas son Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44), Zacatecas (0.44), Campeche (0.43).

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En la entrega de su reporte «Consulta del Artículo IV», el dirigente del FMI recomendó a  a la nación, fortalecer su Estado de derecho, así como mejorar la gobernanza y el combate a la corrupción, la informalidad y la inseguridad, porque siguen obstaculizando el crecimiento económico y sin este marco de legalidad las reformas estructurales no darán el fruto estimado.

Tras reiterar su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.1 por ciento en este año, para el 2018 mantuvo su proyección de una desaceleración a 1.9 por ciento, debido al impacto de la incertidumbre por las negociaciones del TLCAN que, de extenderse, tendrán un efecto significativo en la confianza del consumidor, los flujos de capital y el comercio bilateral.

No obstante, prevé que la economía mexicana podrá acelerarse a 2.7 por ciento para el 2020, a medida que se resuelva la incertidumbre en torno al futuro de la relación comercial con Estados Unidos.

“Esta cifra refleja una aceleración significativa del crecimiento potencial debido a las reformas implementadas como parte del Pacto por México desde 2012. Aunque las reformas han logrado muchas de las transformaciones previstas en los sectores seleccionados, su impacto en el crecimiento aún no se termina de materializar”, dijo Costas Christou a El Financiero.

Expuso que el escenario base del organismo supone un resultado mutuamente beneficioso para las negociaciones del TLCAN, pero en un escenario drástico, de dar fin al acuerdo, podría afectar negativamente a la economía mexicana.

“La incertidumbre sobre el panorama político después de las elecciones generales de julio de 2018 en México también podría afectar negativamente el crecimiento, pero sería prematuro cuantificar las implicaciones de los posibles resultados electorales en esta etapa”, dijo.

Estados Unidos también es un riesgo para México si su economía crece menos de lo previsto y por los posibles efectos colaterales de los ajustes en su sistema fiscal y política monetaria.

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Cuerpos de emergencia, expertos en derecho y urbanismo, académicos, estudiantes e, incluso, personas que practican deporte en el parque público de la colonia y creyentes que asisten a la iglesia de la colonia, celebraron que el gobierno municipal actuara con firmeza y determinación ante este acto arbitrario.

Al respecto, el presidente del Patronato del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Rodulfo Gálvez Gómez, señaló: «Las autoridades no pueden permitir por ninguna manera la construcción de obstáculos que nos impidan actuar o atender una emergencia que ponga en riesgo la integridad de la población. Creo que este retiro de obstáculos por este gobierno municipal tiene mucho qué decir, porque tenemos que atender las solicitudes y llamados de emergencia de la ciudadanía».

Por su parte, Rigoberto García Hernández, coordinador general de capacitación de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, señaló que mantener bloqueado el acceso a la colonia Laureles representaba un riesgo en caso se suscitara una emergencia.

“Las vialidades bloqueadas sea cual sea el motivo, siempre será un problema para nosotros, siempre nos van a poner en jaque” señaló.

De igual forma, el presidente del Colegio de Ingenieros Siglo XXI, Héctor Enrique Constantino Chanona, celebró que la Administración que preside Fernando Castellanos Cal y Mayor, aplique la ley. «Hay leyes que nos definen qué es una vialidad, no es correcto poner un portón ahí con control de acceso, por muchas razones, una emergencia por ejemplo o algunos servicios, por eso hay que respetar las leyes y reglamentos”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, José Francisco Franco Martínez, respaldó el retiro del portón en Laureles, ya que al ser un Fraccionamiento municipalizado, las vialidades pertenecen a toda la sociedad tuxtleca. “No debe obstaculizarse el paso a la cancha, a la iglesia de este fraccionamiento, por eso celebramos se haya aplicado la ley correctamente. Debemos conducirnos apegados a la ley”.

Por su parte, Francisco Javier Miranda Hernández, habitante del Fraccionamiento Los Laureles, señaló que esta obra no cumplía con los permisos correspondientes y su realización fue ejecutada de manera ilegal. «Era una obra que había generado mucha inconformidad entre los vecinos, fue un acto totalmente arbitrario, sin embargo hoy vemos firmeza por parte de las autoridades para poner un alto a esta obra que generó mucha inconformidad entre los vecinos».

En tanto, Esteban Fuentes, habitante de la Colonia Jardín Corona y usuario del parque público de Laureles, celebró la acción. «Todos los que veníamos a practicar deporte ya no podíamos pasar y hasta donde yo sé es un parque público al que todos los ciudadanos deberíamos tener acceso».

Por último, Elsa Vázquez, habitante de Plan de Ayala y asistente frecuente de la iglesia de Laureles, agradeció a las autoridades. «Yo estaban muy preocupada porque pensé que ya no iba a poder venir a esta iglesia, tan bonita que es. Por suerte las autoridades actuaron rápido y hoy pude venir a misa como todos los domingos».

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En ese sentido se manifestó el diputado federal del Partido Encuentro Social por Hidalgo, Alejandro González Murillo, quien manifestó su reconocimiento al trabajo que realizó el personal de la Procuraduría General de la República, así como de la Interpol y de las autoridades italianas por la captura  en Florencia, Italia, del ex mandatario de Tamaulipas.

“En lo personal considero que el ex mandatario tamaulipeco debe ser extraditado a México para ser juzgado por enfrentar los delitos que se le imputan y, en ese sentido, hago un llamado a las autoridades del país para que se realice una investigación a fondo y, en caso de comprobarse su responsabilidad, se debe aplicar el rigor de  la ley sin distingos”.

De igual manera el coordinador del grupo parlamentario de PES en el Congreso de la Unión, aseguró que  este como todo caso del mismo tipo, no se debe contaminar por la coyuntura electoral, debido a que antes que nada debe prevalecer el Estado de Derecho, además de que  se deben poner límites, ya que no puede ser que los gobernadores se sigan excediendo en sus cargos.

“Y sin duda  hay otros casos que han conmocionado al pueblo de México, de lo cual la sociedad mexicana en general ya está harta que prevalezcan actos de impunidad, por lo que es necesario poner límites, porque no puede ser que los gobernadores se sigan excediendo en sus cargos, e incurran en malos manejos de los recursos públicos”.

Por último el legislador federal por Hidalgo, reiteró su postura y la de los integrantes de su instituto político en el sentido de que el ex mandatario tamaulipeco sea extraditado al para que juzgado por enfrentar los delitos que se le imputan y de esa manera castigarlo de forma ejemplar.

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Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que el Gobierno del Estado es y será siempre respetuoso de la libre expresión de las ideas, pues es un derecho de los ciudadanos manifestarse, pero advirtió que seguirá actuando conforme a la Ley para evitar que se lesione la integridad de las personas o el libre tránsito de los ciudadanos.

Por ejemplo, indicó Gómez Aranda, el Gobierno del Estado implementó en días pasados un operativo de desalojo en coordinación con autoridades federales y municipales, mediante el cual se recuperó un predio en Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva del Parque Nacional Cañón del Sumidero.

En este sentido, el responsable de la política interna explicó que por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello se reforzó la presencia de la policía en la entidad para actuar con mayor rapidez, como en el caso del bloqueo que por momentos se suscitó en el kilómetro 46 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal, en donde se instrumentó un exitoso operativo para liberar la vía.

Además, utilizando el recurso del diálogo, se restableció el libre tránsito en el tramo carretero Altamirano-Comitán-Crucero Cuxuljá, así como en la vía que conduce de Palenque a Ocosingo, a la altura del crucero Shupa.

El responsable de la política interna informó que la mañana de este miércoles se instrumentó un operativo conjunto con instancias federales, estatales y municipales, para restituir a sus legítimos dueños el Rancho El Manantial, en Venustiano Carranza, donde se detuvieron a ocho personas en el lugar de los hechos.

Finalmente, el secretario general de Gobierno indicó que la acción rápida de la policía evitó en las últimas horas varios intentos de bloquear carreteras, tanto en la caseta de cobro Tuxtla-San Cristóbal y durante la madrugada de este miércoles en la de Ocuilapa, así como en los municipios de Palenque y Villaflores, garantizando el libre tránsito de personas, medicinas y mercancías, así como el desarrollo de la actividad económica, particularmente en materia de turismo, servicios y transporte.

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