El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) confirmó que Aleatica cedió su participación del 49 por ciento y que dentro de un mes el 100 por ciento de la concesión de la terminal pasará directamente a manos de la administración López.

El monto de la operación se mantiene en la confidencialidad, aunque la propuesta fue aceptada sin mayores dificultades por Aleatica, una empresa que antes operaba con el nombre de OHL México.

Durante su participación en la inauguración de la AeroExpo2020 en el Aeropuerto de Toluca, el director del GACM, Gerardo Ferrrando Bravo, dijo que en un mes el 100 por ciento de la concesión estará en manos del gobierno.

En agosto de 2019, Aleatica informó que había firmado una carta de intención para venderle al gobierno federal las acciones de su filial administradora de acciones de Toluca, que representaba el 49 por ciento del capital del aeropuerto de Toluca.

En 2006, OHL México, ahora Aleatica, adquirió el 49 por ciento de las acciones de la terminal de Toluca en mil 100 millones de pesos, lo que le garantizaba una concesión por 50 años.

La empresa estaba obligada a invertir en la terminal 2 mil 500 millones de pesos para extender su capacidad instalada a fin de atender ocho millones de pasajeros al año, aunque en 2019 apenas movilizó a 580 mil 469.

La cifra de pasajeros atendida en 2019 representó un aumento anual del 2.4 por ciento aunque se quedó lejos de la meta de movilizar a 700 mil pasajeros en 2019.

La compra a Aleatica de la terminal de Toluca permitirá impulsar la propuesta del gobiernode operar un sistema de aeropuertos con el de la capital mexicana y el que ahora se construye en Santa Lucía.

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En entrevista para Radio Fórmula, Ferrando señaló que con las obras para dicho sistema aeroportuario se podría alcanzar un flujo de 50 millones de pasajeros al año, cifra casi similar a la del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y que supera por casi 5 millones los que se registran en la actualidad.

Las obras de rehabilitación, ordenamiento interno, construcción y ampliación en Santa Lucía, el AICM y Toluca, se concluirán en 2 o 3 años y con el ajuste afirman que se pueden ahorrar 100 mil millones del proyecto original de Texcoco.

El posible presidente del GACM confirmó que hasta el momento se han pagado 60 mil millones de pesos por las obras en Texcoco y estimó en hasta 40 mil millones de pesos lo que se deberá cubrir por la suspensión de contratos vigentes en caso de una eventual cancelación del proyecto.

No obstante, Federico Patiño, actual director del GACM, señaló este lunes que la próxima administración federal tendría que cubrir 120 mil millones de pesos en caso de cancelarse la obra del NAICM.

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Cinco de las auditorías fueron realizadas a obras de la Fase 1 de construcción del NAICM y una más a las erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para la obra, según el Segundo Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

En la primera auditoría, aplicada a los trabajos de barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso, suscritos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se hallaron trabajos sin formalizar el convenio correspondiente ni con un programa de ejecución actualizado.

Así como pagos improcedentes por 60 millones 98 mil pesos por sobrecostos y un incremento en el costo del muro de la barda perimetral del NAICM por 40 millones 701 mil pesos.

La segunda auditoría, relacionada, entre otras cosas, con geotécnica y el sistema de drenaje pluvial, arrojó pagos improcedentes en las obras, pese a que todo se ejecutó conforme a la ley.

“Se constató la improcedencia de 13 millones 376 mil pesos por trabajos pagados fuera del periodo contractual y 5 millones 930 mil pesos debido a que se incluyeron en la integración de dos precios unitarios cantidades y rendimientos que no se justifican”, indicó.

En tanto, la tercera auditoría, referente a las obras para caminos provisionales, bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del NAICM, se constató que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) no público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el fallo de la licitación pública internacional e incurrió en sobrecostos por 86 millones 828 mil pesos.

La cuarta auditoría, relativa a los trabajos de acarreo y descarga de desperdicios y desechos de demoliciones, entre otros, arrojó que el GACM “no verificó que se incluyeran la totalidad de las pruebas de laboratorio en las estimaciones de obra, las cuales forman parte del soporte de pago y no acreditó que la supervisión externa revisó las pruebas de laboratorio del contrato de obra pública para constatar la calidad del tezontle”.

Además, “se realizaron pagos por un monto de 6 millones 413 mil pesos por diferencia entre los volúmenes pagados y los ejecutados de los conceptos relativos al suministro y colocación de tezontle y la conformación de terrazas y por un monto de un millón 189 mil pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados en el concepto de construcción de caminos provisionales con tezontle”.

Por último, en la quinta auditoría, aplicada a los trabajos de pilotes para Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del NAICM, se constató la improcedencia del pago de insumos adicionales por 74 millones 496 mil pesos e inconsistencias en la integración de sus precios unitarios no considerados en el catálogo original por 4 millones 83 mil pesos.

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Lo anterior derivado de la reunión sostenida el pasado 17 de julio entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el GACM y el equipo de transición integrado con posterioridad a las elecciones federales del 1 de julio pasado.

Trabajos de NAICM no se han detenido, ni se detendrán: SCT

En dicho encuentro se compartió información del estado que guarda la construcción del NAICM y se determinó establecer diversos grupos de trabajo para analizar cuestiones técnicas, sociales, financieras, geológicas y medio ambientales del proyecto, apuntó en un comunicado.

Tal decisión, indicó, afecta los concursos internacionales para:

• Construcción de Redes Exteriores de Distribución
• Construcción de la Red de Distribución de Combustibles
• Supervisión de la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles
• Suministro, Instalación y Comisionamiento de los Sistemas de Iluminación de Pistas (AGL)

La medida se tomó por disposición del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La suspensión de los plazos de las licitaciones señaladas no afecta “de ninguna manera” los compromisos contractuales vigentes ya asumidos por el GACM con distintos proveedores y contratistas, por lo que la construcción del NAICM continúa bajo los planes y programas previamente establecidos.

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Asimismo, agrega, en diversos procesos han incumplido las normas de contratación y administración de obras públicas, de acuerdo con auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC).

A las observaciones de auditores internos, que ascienden a 765 millones 885 mil pesos, se suman las halladas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por mil 17 millones.

Esto da como suma, hasta el momento, irregularidades por mil 783 millones de pesos.

Mientras se registran anomalías en los pagos, los auditores han revelado también fallas en sistemas de contratación

Dependencias que habían firmado convenios de colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), como el Ejército, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no comprobaron contar con la capacidad técnica para realizar las obras que se les encomendaron.

Esto, según la investigación, les ha permitido evadir licitaciones públicas por más de 6 mil millones de pesos.

Según las primeras revisiones, las empresas que han incurrido en irregularidades van desde la encargada del diseño del NAICM, FP–Free, hasta las responsables de obras periféricas en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México.

No obstante, el GACM respondió vía correo electrónico que ningún proceso está terminado al 100 por ciento y, hasta ahora, hay 29 procedimientos administrativos contra empresas o servidores públicos que incurrieron en anomalías.

Aristegui Noticias detalló que las auditorías revisadas corresponden a los intentos de frenar la corrupción desde las propias dependencias, esto mediante un esquema administrativo de observación del gasto y protocolos legales.

El proyecto del NAICM está valuado, en su primera etapa, en 186 mil millones de pesos y ha sido objeto de debate en la vigente campaña electoral por la presidencia de México, entre las voces, como la del candidato Andrés Manuel López Obrador, de cancelarlo o concesionarlo a la iniciativa privada, y quienes se han pronunciado por mantenerlo a flote.

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En el marco del 16 Foro Nacional de Turismo, que tiene lugar en la capital mexicana, expuso: “Puede ser una alternativa porque este es un proyecto viable, rentable, que genera su propia fuente de pago y sí se puede concesionar. Ahora mismo está diseñado de tal forma que un porcentaje del financiamiento viene del sector privado y otro del público”.

Esa aportación que da el gobierno con recursos fiscales, que representa una porción del total del valor del proyecto, generará flujo suficiente para servir la deuda y regresar al mismo gobierno el capital invertido, más un rendimiento, señaló.

Explicó que en caso de una concesión «quien se llevaría el rendimiento sobre el capital invertido sería el concesionario. Cabe recordar que en esta materia ya se tiene una buena experiencia en México, pues en 1998 el gobierno, con esa decisión de política pública, privatizó los grupos aeroportuarios”.

Tomar dicha decisión no es que sea mejor o peor al actual diseño del proyecto del NAICM, aunque hacerlo también genera confianza para los inversores.

“Lo que sí necesitamos es un operador profesional, diferente al que tenemos, más grande y ambicioso, porque estamos hablando de algo que conectará a México con el mundo y viceversa”, destacó.

Explicó que el sistema de financiamiento del aeropuerto ha ido cambiando según los recursos, por eso fue importante tener una participación privada, de 70 por ciento, y el resto por parte del gobierno.

“Somos nosotros, los mismos usuarios los que lo estamos financiando a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), no solo sucede en México, pues para eso es la tarifa, para apoyar la modernización y ampliación de aeropuertos”, abundó.

El actual aeropuerto de la Ciudad de México, recordó, atiende a 45 millones de pasajeros al año, 60 por ciento de la carga aérea y la demanda sigue al alza, lo que provoca una gran saturación, problemática que se solucionará con la conclusión del nuevo aeropuerto, explicó.

Dijo que al atender una tercera parte del tráfico aeroportuario nacional, en el lugar despega un avión cada minuto, por eso se necesita una súper infraestructura con un proyecto como el NAICM, que no es del gobierno ni de un partido, sino del Estado mexicano.

Puntualizó que el nuevo aeropuerto ha sido uno de los temas más estudiados, analizados y planeados en cuanto a su infraestructura, que han determinado que el lugar donde se construye es el ideal.

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Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, se detectó que el Grupo Aeroportuario aún tenía pendientes por devolver 137 millones 613 mil pesos con irregularidades, según revelan al menos cinco de siete auditorías realizadas durante dicho año.

De las citadas auditorías, la de más pendientes por aclarar fue la de los contratos firmados entre el GACM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de la barda perimetral en el NAICM, con 389 millones 670 mil 200 pesos.

Entre las principales observaciones en la revisión de los contratos se encuentra la falta de soportes de aportaciones del Grupo Aeroportuario a la Sedena y que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos se incluyó de manera indebida el 16 por ciento por por concepto del IVA en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de materiales.

Además, hubo errores en el cálculo del IVA en materiales, se autorizaron pagos sin verificar y se formalizaron convenios fuera de tiempo, en algunos casos, firmados por personal no facultado; sobre todo, en la extinción de derechos y obligaciones de un contrato.

Por estos motivos, la ASF solicitó a las contralorías correspondientes promover dos responsabilidades administrativas sancionatorias.

En tanto, la auditoría a los contratos de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías, reveló un monto por aclarar por 267 millones 816 mil 600 pesos y 133 millones 598 mil pesos por recuperar, esto por irregularidades en los trabajos y en los cálculos de salarios para el personal a cargo.

Por ello, la ASF determinó recomendar a la Cámara de Diputados modificar el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Obras de Públicas para que en los ajustes de costos a los contratos de servicios relacionados con obras públicas se considere sólo al personal operativo y técnico y no al personal profesionista y especialista.

Dicha acción, con el fin de “evitar el aumento en forma desproporcionada y que genera notorio daño al erario público«.

También, los contratos relacionados con trabajos como la extracción, carga y acarreo de material de demoliciones, desperdicios y desazolve tuvieron irregularidades, ya que no se verificó que los volúmenes considerados para el pago coincidieran con las secciones topográficas del proyecto.

Las recuperaciones probables de dichas irregularidades son por hasta 4 millones 14 mil 300 pesos y sus aclaraciones pendientes por 205 millones 731 mil 400, esto por inversiones físicas adjudicadas y contratadas de forma indebida.

Con información de Milenio

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