Las agrupaciones son Construyendo Sociedades de Paz, Que Siga la Democracia, México Tiene Vida y Somos México. La decisión deberá ser ratificada por el Consejo General del INE este 25 de junio. Para alcanzar el registro, las organizaciones acreditaron al menos 200 asambleas distritales con una asistencia mínima de 300 simpatizantes y reunieron más de 256 mil afiliados.

Entre los nuevos partidos destaca Somos México, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo e impulsado por integrantes del Frente Cívico Nacional. Por su parte, México Tiene Vida surgió en Nuevo León como una organización de corte conservador que promueve valores familiares y la defensa de la vida desde la concepción.

Que Siga la Democracia, liderada por Édgar Francisco Garza, tiene vínculos con Morena y participó en la recolección de firmas para la Consulta Popular y la Revocación de Mandato durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En tanto, Construyendo Sociedades de Paz tiene antecedentes en los grupos que impulsaron al extinto Partido Encuentro Social.

La incorporación de estas fuerzas políticas implicará una redistribución del financiamiento público. El INE prevé asignar 3 mil 684.1 millones de pesos entre julio y diciembre de 2026. Cada nuevo partido recibiría 73.68 millones de pesos, equivalentes al 2% del total.

La legislación mexicana permite la creación de nuevos partidos después de cada elección presidencial. Este mecanismo permitió el surgimiento de Morena en 2014 y, posteriormente, de otras fuerzas políticas que no lograron conservar su registro tras no alcanzar el 3% de la votación nacional requerida por la ley.

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Sheinbaum recordó que la legislación mexicana establece restricciones claras para evitar la presencia de allegados en cargos públicos. La norma vigente prohíbe que una persona en funciones sea reemplazada en la siguiente elección por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, salvo en casos en que este ya ocupaba un cargo antes de la entrada en vigor de la disposición.

La mandataria explicó que esta regla aplica tanto en empleos administrativos como en posiciones de elección popular y se mantendrá vigente hasta el 2030. Además, subrayó que el partido Morena adoptó esta regulación desde comienzos de año, reforzando el compromiso con la equidad y la legalidad en las candidaturas.

Respecto a la paridad de género, Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) exige que los partidos presenten un número igual de candidatos y candidatas a gubernaturas. Por ejemplo, si hay 17 cargos en disputa, deberán postular nueve mujeres y ocho hombres, garantizando una distribución equitativa en estados competitivos.

En este contexto, Morena abrió el registro para aspirantes a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. El evento, realizado en el World Trade Center de Ciudad de México, contó con la presencia de dirigentes nacionales de Morena, PT y PVEM. Los aspirantes firmaron compromisos de paridad de género, respeto a la legalidad y aceptación del método de encuesta para definir candidaturas.

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La nueva credencial cuenta con 25 medidas de protección contra la falsificación, entre ellas un elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales, microtextos, impresión arcoíris, efectos de realce y elementos táctiles en relieve. Además, se añadieron códigos QR de alta seguridad, visibles con luz ultravioleta, y gráficos de alta resolución.

El INE destacó que la credencial incorpora nuevas tintas y dispositivos ópticos que dificultan la falsificación. También se habilitará una aplicación móvil para sistemas Android e iOS que permitirá leer los códigos QR y verificar la información contenida en el documento.

El nuevo modelo integra mecanismos de accesibilidad como una muesca para personas con debilidad visual y funciones digitales que reproducen en audio los datos del titular. Asimismo, se podrá registrar la identidad de género autopercibida (H, M o NB) y la autoidentificación indígena o afromexicana, a solicitud de la ciudadanía.

Entre los cambios visuales se incluyen la fotografía a color en el reverso, los escudos de los 31 estados y de la Ciudad de México, así como mapas con tintas especiales que refuerzan la integridad del documento.

El centro de producción del INE cuenta con nueva infraestructura exclusiva para elaborar hasta 90 mil credenciales diarias. El contrato de producción tendrá vigencia del 1 de junio de 2026 a mayo de 2031. Actualmente, la lista nominal de electores con fotografía suma 100.68 millones de registros en México.

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La iniciativa contempla la creación de una “comisión de verificación de integridad de candidaturas”, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta comisión funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes responderían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con el crimen organizado.

Los partidos políticos podrán entregar listas de candidatos de manera voluntaria para su revisión. La comisión informará únicamente si existe riesgo, sin revelar detalles de investigaciones en curso. Con base en esa información, cada partido decidirá si registra o no a los aspirantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta, señalando que responde a casos recientes de presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales. El anuncio ocurre tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Además, un día antes se realizó un operativo federal en Morelos que derivó en la detención de seis funcionarios y exfuncionarios municipales, investigados por corrupción y extorsión vinculada al mismo grupo delictivo.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno mantiene una política de “cero impunidad”, pero siempre bajo respeto al debido proceso. “No vamos a cubrir a nadie si hay pruebas”, afirmó, rechazando señalamientos sobre presunta protección a actores criminales.

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Este paquete de modificaciones surge tras el rechazo de una reforma constitucional más amplia y se enfoca en reducir costos dentro de organismos electorales y gobiernos locales, sin alterar la estructura base del sistema electoral.

Entre los ajustes más relevantes se encuentran la reorganización de áreas internas para disminuir gastos operativos, la reducción de recursos destinados a actividades institucionales y nuevas reglas para el uso del presupuesto público en materia electoral. También se modifican procedimientos vinculados a mecanismos de participación ciudadana.

El Plan B incluye medidas que afectan directamente a municipios y estados. Entre ellas destacan la disminución en el número de regidores en cabildos, recortes al presupuesto de congresos locales y límites al gasto público en entidades federativas, con el objetivo de compactar estructuras y evitar incrementos excesivos.

Uno de los puntos más discutidos es el relacionado con las percepciones económicas dentro del Instituto Nacional Electoral. La reforma establece que ningún funcionario electoral podrá recibir un salario superior al del titular del Ejecutivo federal, fija topes salariales para consejeros y magistrados, y elimina beneficios adicionales considerados excesivos.

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El Plan B propone limitar el número de regidurías en municipios a un rango de siete hasta un máximo de quince, además de restringir a una sola sindicatura por municipio. En los congresos locales, se establece un tope presupuestal del 0.70% del Presupuesto de Egresos de cada entidad.

Asimismo, se plantea que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados y funcionarios de órganos electorales no puedan percibir ingresos superiores al salario presidencial, eliminando bonos y seguros adicionales. En el Senado, se prevé una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15%.

La iniciativa propone que la Revocación de Mandato pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028. Actualmente, este ejercicio solo puede efectuarse en el cuarto año.

Entre los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se incluye el inicio inmediato de los cómputos al cierre de la jornada electoral, evitando la espera de varios días. También se plantea un tope a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del INE y de institutos locales.

En la Ley General de Partidos Políticos, se establece la obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes, reportar operaciones financieras en tiempo real y prohibir recursos ilícitos, extranjeros o en efectivo en campañas.

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La decisión responde al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y al derecho de libre autoidentificación. Además, se enmarca en los principios de igualdad y no discriminación, garantizando que la CPV continúe siendo el documento más utilizado por la ciudadanía mexicana para acreditar su identidad y ejercer sus derechos.

El INE explicó que se añadirá un campo de “Género” junto al de “Sexo”, lo que permitirá a las personas elegir cómo desean que aparezca su identidad en la credencial. Las opciones serán: “M” para mujer, “H” para hombre y “NB” para persona no binaria. En este último caso, se reemplazará la letra “X” que actualmente se utiliza en el apartado de sexo.

Respecto a este nuevo elemento, el INE señaló que será un dato de carácter declarativo, basado únicamente en la manifestación consciente de cada persona. No generará derechos político-electorales diferenciados ni servirá para acreditar acciones afirmativas en candidaturas. Quienes lo soliciten podrán imprimir la palabra “Indígena” en su credencial.

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La autoridad electoral explicó que, desde el inicio del brote nacional en 2025, ha aplicado campañas de vacunación en estados con mayor riesgo, como Chihuahua y Jalisco, además de reforzar protocolos de prevención en sus instalaciones.

Entre las acciones anunciadas destacan:

• Trabajo remoto: durante cinco días, solo acudirán presencialmente quienes tengan funciones esenciales.
• Jornada de vacunación interna: programada para el 19 de febrero, dirigida a personas de hasta 49 años que requieran completar o reforzar su esquema.
• Censo y monitoreo preventivo: para detectar síntomas y canalizar casos sospechosos a valoración médica.
• Medidas sanitarias reforzadas: uso obligatorio de cubrebocas, higiene constante y ventilación adecuada en áreas comunes.

El INE subrayó que estas medidas son estrictamente preventivas y que, hasta el momento, no se han registrado nuevos contagios dentro de sus instalaciones. Asimismo, reiteró que la salud de su personal es una prioridad permanente y que se actúa con apego a las recomendaciones médicas.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el brote de sarampión en México ha dejado hasta ahora 31 fallecimientos y más de 9,850 contagios en distintas entidades del país.

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El objetivo principal de la iniciativa es garantizar la representación de las minorías y reducir los gastos en los procesos electorales. Sheinbaum subrayó que México tiene una de las elecciones más costosas del mundo y que es necesario hacerlas más accesibles y menos onerosas.

La presidenta destacó que la propuesta contempla una disminución de recursos destinados a las elecciones, sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, adelantó que se busca modificar la forma en que se eligen los plurinominales, con el fin de fortalecer la representatividad.

Otro de los puntos relevantes será el impulso a una mayor democracia participativa. Sheinbaum mencionó la posibilidad de realizar consultas ciudadanas anuales, lo que permitiría a la población involucrarse directamente en las decisiones de sus comunidades.

La propuesta también abarcará la participación de los mexicanos que residen fuera del país, con el propósito de ampliar su derecho al voto y fortalecer su vínculo con la vida democrática nacional.

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La entrega fue realizada por una comisión encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien destacó que el material reúne coincidencias mayoritarias y propuestas individuales en un ejercicio “técnico, colegiado y transparente”. Más del 70 % de las iniciativas fue avalado en sesión de consejerías y serán publicadas por el instituto.

Entre los planteamientos figura la implementación gradual del voto por internet, bajo criterios de seguridad y un modelo mixto (electrónico y presencial). También se contempla el voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad.

Otro bloque aborda la elección del Poder Judicial, con la propuesta de separarla de los comicios ordinarios, prohibir la participación de partidos en la promoción de candidaturas judiciales y establecer un calendario específico con campañas en agosto-septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre.

El INE plantea el uso de inteligencia artificial para revisar recursos, incluir plataformas digitales, redes sociales e “influencers” en la vigilancia, además de regular activos virtuales como criptomonedas en el financiamiento electoral.

En materia de paridad, se propone destinar el 50 % del financiamiento de campaña a candidatas, tipificar la violencia digital y crear una defensoría especializada. En inclusión, se busca extender el voto en prisión preventiva y hacer permanente la credencialización desde el extranjero.

Las propuestas del INE contrastan con la línea oficial anticipada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que el instituto se mantendrá como órgano autónomo, aunque su Gobierno busca reducir el gasto electoral y revisar el sistema de representación proporcional, incluida la discusión sobre los legisladores plurinominales.

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