La publicación del llamado Plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación marca un nuevo capítulo en el sistema político mexicano. Con su entrada en vigor, diversas disposiciones comienzan a aplicarse, principalmente en materia de austeridad y organización institucional.
Este paquete de modificaciones surge tras el rechazo de una reforma constitucional más amplia y se enfoca en reducir costos dentro de organismos electorales y gobiernos locales, sin alterar la estructura base del sistema electoral.
Entre los ajustes más relevantes se encuentran la reorganización de áreas internas para disminuir gastos operativos, la reducción de recursos destinados a actividades institucionales y nuevas reglas para el uso del presupuesto público en materia electoral. También se modifican procedimientos vinculados a mecanismos de participación ciudadana.
El Plan B incluye medidas que afectan directamente a municipios y estados. Entre ellas destacan la disminución en el número de regidores en cabildos, recortes al presupuesto de congresos locales y límites al gasto público en entidades federativas, con el objetivo de compactar estructuras y evitar incrementos excesivos.
Uno de los puntos más discutidos es el relacionado con las percepciones económicas dentro del Instituto Nacional Electoral. La reforma establece que ningún funcionario electoral podrá recibir un salario superior al del titular del Ejecutivo federal, fija topes salariales para consejeros y magistrados, y elimina beneficios adicionales considerados excesivos.
