La audiencia judicial se llevó a cabo en Hermosillo ante un juez federal. El abogado Noé Franco, representante de las familias afectadas, confirmó que la denuncia se presentó en julio de 2021. Aunque se le inició un proceso penal, la creadora de contenido enfrentará el juicio en libertad, sin prisión preventiva, pero con restricciones como firma periódica y prohibición para cambiar de residencia.

¿Qué hizo Pía Díaz en la Guardería ABC?

El video de Pía Díaz, titulado “Así luce la Guardería ABC 12 años después”, fue producido para Badabun. En él, la influencer explora el interior del inmueble incendiado, describiendo lo que encontró como “lleno de objetos por donde pises”. Esta acción fue considerada una falta de respeto por los familiares de las víctimas.

El contenido provocó indignación generalizada, pues además de violar el sitio restringido, se interpretó como un intento de lucrar con el dolor ajeno. Como resultado, seis madres presentaron una denuncia formal contra Díaz por su incursión en el lugar.

¿Qué dice la ley?

Pía Díaz, cuyo nombre real es Ana “N”, fue procesada conforme al Artículo 400 del Código Penal Federal, que sanciona a quien altere escenas de un crimen. Aunque su delito no es considerado grave, la vinculación representa un precedente importante en la protección de espacios sensibles vinculados a tragedias.

A pesar de la controversia, la influencer continuó su actividad en redes sociales y recientemente publicó historias en un centro nocturno, lo que generó críticas en redes por su actitud ante el proceso legal que enfrenta.

Influencers y la tragedia de la Guardería ABC

El caso de Pía Díaz no es único. En plataformas como YouTube, existen al menos cinco videos más de creadores de contenido que ingresaron a la Guardería ABC para grabar material. Entre ellos se encuentran cuentas como Cano Man, Terror en Hermosillo, Beto Velax y NoManchez_Mex.

Esto ha puesto en debate la falta de regulación en torno a la creación de contenido en sitios sensibles, así como la responsabilidad ética de los influencers frente al dolor colectivo.

¿Qué ocurrió en la Guardería ABC?

El 5 de junio de 2009, un incendio devastó la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Las llamas se originaron en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda y se propagaron rápidamente al inmueble infantil por materiales inflamables en el techo.

La tragedia dejó un saldo de 49 niños fallecidos y más de 100 heridos, marcando un antes y un después en la regulación de estancias infantiles en México. Las investigaciones posteriores revelaron que la guardería operaba sin cumplir con las normas básicas de seguridad.

El caso de Pía Díaz reabre heridas profundas en la memoria colectiva de México. Su proceso legal pone sobre la mesa la responsabilidad social de los creadores de contenido y la importancia de respetar espacios marcados por la tragedia. La comunidad exige respeto, justicia y, sobre todo, memoria.

¿Qué opinas sobre la actuación de los influencers en este tipo de lugares? ¿Crees que deberían existir sanciones más severas?

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La nueva normativa estipula que los salarios de los maestros de nivel básico, policías, integrantes de la Guardia Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas permanentes, así como médicos y enfermeros, deberán ser al menos equivalentes al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta decisión tiene como objetivo garantizar que estos profesionales clave reciban una compensación justa en relación con el costo de vida y la inflación observada.

En el debate sobre la iniciativa, se destacó la crítica a los gobiernos anteriores, que según el texto de la propuesta, trataron el trabajo como una mercancía cuyo precio se determinaba por la ley de oferta y demanda. Esto, se argumenta, resultó en salarios bajos con escaso poder adquisitivo y una mínima intervención estatal para proteger los intereses y salarios de los trabajadores. La iniciativa busca corregir esta situación al permitir que el Estado juegue un papel más activo en la fijación de los salarios, en lugar de estar influenciado por los intereses patronales que priorizan las ganancias comerciales.

El Apartado A del Artículo 123 de la Constitución regula las relaciones laborales entre una amplia gama de trabajadores, incluidos obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos. La propuesta aprobada en la sesión de la Comisión establece que el salario mensual de ciertos grupos profesionales no deberá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS, reconociendo el valor social y la importancia de su trabajo en educación, seguridad y salud.

Durante la sesión, que se extendió por más de siete horas, todos los partidos políticos manifestaron su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, el PRI y el PAN expresaron preocupaciones sobre la necesidad de acompañar el aumento salarial con medidas efectivas para controlar la inflación. Ambos partidos advirtieron que, aunque el salario mínimo pueda aumentar, esto no tendrá un impacto positivo si los precios de alimentos y servicios continúan en ascenso.

Se presentaron seis reservas al dictamen durante la discusión. De estas, solo una fue aceptada, la cual fue propuesta por el diputado Leonel Godoy de Morena. Esta reserva solicita que el aumento salarial se base en la inflación observada, en lugar de la calculada, para asegurar una mayor equidad y protección para los trabajadores.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 37 votos a favor, marcando un paso significativo en la protección de los ingresos de los trabajadores y en la garantía de un nivel de vida adecuado frente a las fluctuaciones económicas.

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Bryan Stevenson
El Defensor de los Derechos Humanos

Fundador de la Equal Justice Initiative (EJI), ha dedicado su carrera a defender a los más vulnerables y luchar contra la injusticia racial en el sistema penal estadounidense. Su trabajo ha resultado en la liberación de más de 135 presos condenados de manera errónea y ha impulsado reformas significativas en la legislación penal.

Stevenson ha sido un feroz defensor de los derechos humanos, luchando contra la pena de muerte y el encarcelamiento masivo. Su libro «Just Mercy» y la posterior película basada en él han sensibilizado a millones de personas sobre las injusticias en el sistema judicial.

Erika Andiola
La Voz de los Inmigrantes

Destacada activista y abogada, ha sido una figura clave en la lucha por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Como una de las líderes del movimiento DREAM Act, Andiola ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de los inmigrantes indocumentados y sus familias.

Su trabajo ha ayudado a cambiar la narrativa sobre los inmigrantes indocumentados y ha influido en políticas que afectan a millones de personas. A través de su labor, Andiola ha demostrado el poder de la abogacía en la lucha por la justicia social.

Alberto Benavides
El Defensor del Medio Ambiente

Abogado ambiental en América Latina, ha dedicado su carrera a proteger el medio ambiente y las comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales. Trabajando en casos de contaminación y defensa de los derechos indígenas, Benavides es catalogado como un activista campeón y héroe del planeta y la naturaleza.

Su trabajo ha resultado en la implementación de políticas más estrictas para la protección del medio ambiente y ha proporcionado un marco legal para que las comunidades afectadas puedan reclamar sus derechos. Benavides ha sido instrumental en la creación de conciencia sobre la importancia de la justicia ambiental.

Gloria Allred
La Pionera de la Justicia de Género

Abogada estadounidense especializada en derechos de las mujeres, ha sido una figura destacada en la lucha por la igualdad de género y los derechos civiles. Conocida por tomar casos de alto perfil que implican acoso sexual, discriminación y violencia de género, convirtiéndose en el proceso en una voz potente en la batalla por la justicia de género.

A través de su trabajo, Allred ha ayudado a innumerables mujeres a obtener justicia y ha sido una fuerza poderosa en la promoción de leyes más estrictas contra la discriminación y el acoso. Su valentía y determinación han inspirado a muchos a seguir luchando por la igualdad de género.

Kailash Satyarthi
El Defensor de los Derechos de los Niños

Abogado y activista indio, ha dedicado su vida a la erradicación del trabajo infantil y la protección de los derechos de los niños. Fundador de la organización Bachpan Bachao Andolan (Save the Childhood Movement), Satyarthi ha rescatado a decenas de miles de niños de condiciones de trabajo esclavizantes y explotación.

Su incansable trabajo le valió el Premio Nobel de la Paz en 2014. Satyarthi ha jugado un papel crucial en la creación de conciencia global sobre el trabajo infantil y ha impulsado políticas y legislaciones internacionales para proteger a los niños.

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«Biden no se atrevió a quitarnos el «pretexto» y firmó por la continuidad del bloqueo», escribió el gobernante cubano en Twitter al referirse al memorando que prorroga hasta el 14 de septiembre de 2023 dicha política.

Dìaz-Canel añadió en esa red social que «el crimen ha durado demasiado, pero la Revolución Cubana lo sobrevivirá».

En esa misma línea se manifestó el canciller cubano, Bruno Rodrìguez, quien sostuvo que «Biden se convierte en el 12° presidente de EE.UU. en ratificar el marco que sostiene la política de abuso contra Cuba y su pueblo».

La misma, agregó el ministro de Relaciones Exteriores, «es rechazada por casi todos los países miembros de la comunidad internacional».

El entonces presidente John F. Kennedy recurrió al estatuto en 1962 para imponer el embargo económico sobre La Habana y desde entonces lo han renovado, año tras año, los presidentes siguientes.

Cuba es actualmente el único país del mundo sancionado bajo esa ley que autoriza al presidente de EE.UU. a imponer y mantener restricciones económicas a Estados considerados hostiles.

El embargo ha sido ampliamente criticado a nivel internacional y rechazado desde 1992 por una amplia mayoría de países en la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el embargo le ha costado a Cuba casi 148.000 millones de dólares en pérdidas en las últimas seis décadas.

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Por ley, quedará prohibida la reproducción de obras de cantantes que son ciudadanos de un estado agresor o que estén registrados legalmente en la Federación Rusa, explicó Pavel Frolov, diputado del partido gobernante Servidor del Pueblo, en su cuenta de Telegram.

Los artistas rusos tampoco podrán actuar en giras por Ucrania, con la excepción de aquellos que hayan condenado públicamente la invasión rusa, destacaron los medios de comunicación.

Esta salvedad también se aplicará a las obras emitidas en radio y televisión; para ello, se creará una «lista blanca» de artistas que se han distanciado del Kremlin, que será gestionada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y tendrá carácter público.

La restricción se levantará una vez que termine la guerra y los territorios ocupados por Rusia vuelvan a estar bajo control ucraniano, detalló el diario «Ukrainskaya Pravda».

Además, la ley, que había sido presentada en el Parlamento por varios partidos, entre ellos el del presidente, Volodímir Zelenski, prevé unas cuotas mínimas de canciones en idioma ucraniano, que deberán suponer por lo menos un 40 % de las que se emitan en los medios.

Al mismo tiempo, por lo menos el 75 % del contenido informativo y de entretenimiento de la radio deberá emplear el idioma oficial del Estado, el ucraniano.

Por otro lado, Frolov anunció que la Rada ha ratificado además la prohibición de importar y distribuir productos impresos, principalmente libros, de Rusia, Bielorrusia y los territorios ocupados en Ucrania (en referencia a la península de Crimea y las repúblicas separatistas en el Donbás).

Además, para importar libros impresos en el «lenguaje del agresor» de otros países será necesario obtener para ello una licencia especial.

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Añadió que dicha ley ayudará a la despresurización de las 22 cárceles estatales y por lo pronto este 4 de marzo se darán a conocer los lineamientos para poner en marcha la ley de amnistía y a partir del cinco de marzo se cumplen los 60 días necesarios para entrar en vigor tras su publicación en la gaceta.

Y será para el fin de semana cuando comiencen a recibir las solicitudes de amnistía, para lo cual capacitaron a ministerios públicos, colectivos sociales y defensores públicos. Y del total de solicitudes el 80 por ciento prevé que lleguen a los jueces procesales.

El Presidente del Poder Judicial Ricardo Sodi Cuéllar, mencionó que llevaron a cabo un mapeo respecto a quienes serán los posibles beneficiarios, es decir, aquellos que no cometieron un delito de alto impacto.

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La diputada Aleida Alavez Ruiz confía en que el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos se presente al pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pues se prevé que la dictamine en estos días la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Con esa nueva ley se pretende dar certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles y, al mismo tiempo, que sea una herramienta para combatir la evasión de impuestos.

Ante este panorama, Alavez Ruiz detalló que se prevé realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país porque gobiernos anteriores permitieron que se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real.

Entre los objetivos de esta ley general están homologar criterios, establecer mejores prácticas y aprovechar nuevas tecnologías de la información.

“Pasar de la máquina de escribir y papel carbón a la digitalización de los expedientes porque, aunque parezca increíble, en muchas oficinas regionales todavía trabajan así. Es decir, vamos a pasar del papel a la digitalización”, añadió.

En el predictamen se buscará que cada gobierno plantee los criterios y datos básicos que se deben considerar en los catastros y registros públicos para identificar los catálogos de predios.

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“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de estas lacras. Yo ya no pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México».

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que es “tapadera”, y no tolerará actos de corrupción, aunque se trate de su familia, y acusó que, como dice la canción “Costumbres” de Juan Gabriel aún queda la costumbre de usar su nombre para solicitar favores a nombre del Ejecutivo federal.

“No me meto en eso, que lo decida la autoridad competente. No le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, tengo como año y medio sin ver al fiscal; presencial creo que lo vi en una teleconferencia por Ayotzinapa.

Al señalar que “no somos iguales”, el presidente López Obrador aseguró que su movimiento no luchó para hacer lo mismo criticó y señaló que ni la pandemia del Covid-19 ha detenido la transformación del país.

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En entrevista, indicó que es importante porque existe un juicio de garantías presentado por la diputada federal del Partido Encuentro Social y promovente de una de las iniciativas ciudadanas, María Rossete Sánchez, “por lo que estaremos obligados a dictaminarla”.

Recalcó que por falta de quórum se han suspendido ya dos sesiones de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se iba a analizar y en su caso aprobar, el dictamen sobre los proyectos de decreto ciudadanos sobre la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo No Asalariado en la Vía Pública en la CDMX, y la Ley de Trabajadores No Asalariados, Prestadores de Servicios por Cuenta Propia y Comerciantes en la Vía y Espacio Público.

Informó que la primera fue el 27 de febrero del presente año, donde no estuvieron presentes los legisladores Víctor Hugo Lobo Román, Evelyn Parra, así como Eleazar Rubio Aldarán y Eduardo Santillán.

A la sesión del pasado miércoles 21 de octubre faltaron el secretario de la Comisión Diego Orlando Garrido López, Eleazar Rubio Aldarán, Evelyn Parra, y Leonor Gómez Otegui, sin que hasta el momento alguno haya justificado su inasistencia, por lo que se procederá en consecuencia una vez agotado el plazo para tal efecto, que es de cinco días a partir de este 22 de octubre.

Nazario Norberto recalcó que todos los legisladores estamos obligados a hacer nuestro trabajo que es generar leyes en favor de la ciudadanía, así como asistir a las reuniones del Pleno y de las comisiones que seamos integrantes, principalmente aquellos que no ganaron su lugar mediante el voto.

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Hasta ahora, una cláusula de la Ley de Tierra de 2015 impedía a las esposas la posesión de tierras si sus maridos ya tenían terrenos.

Sólo las mujeres solteras o las esposas de hombres que todavía no poseían tierras podían optar a su adquisición, una exclusión que dejaba a millones de mujeres sin acceso a la tierra donde viven y trabajan.

En un mensaje publicado a última hora del jueves en su cuenta de la red social Twitter, Masisi señaló que esa legislación era «discriminatoria contra las mujeres casadas».

La citada cláusula «no otorgaba a las mujeres casadas el mismo trato que a los hombres y me complace informar de que este apartado discriminatorio ha sido derogado», subrayó el presidente, quien cumplió así con una promesa electoral.

La nueva ley también protegerá a las viudas y huérfanos que son cabezas de familias y necesitan tierras para fines residenciales.

La decisión supone un gran triunfo para los grupos defensores de los derechos de las mujeres que habían exigido el cambio legislativo para acabar con esa discriminación.

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