Trevilla explicó que el caso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades de Estados Unidos. Subrayó que Mérida pasó a retiro en 2022, por lo que la única relación con la Defensa es administrativa, a través del ISSFAM, en temas de pago de haberes y servicio médico para él y su familia.

Ante cuestionamientos sobre la responsabilidad de la Defensa en el nombramiento de Mérida como secretario de Seguridad en Sinaloa, Trevilla aclaró que los gobiernos estatales son autónomos y pueden solicitar apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional. En esos casos, la institución recomienda perfiles, pero la decisión final corresponde a las autoridades locales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Mérida de haber recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares y de filtrar información sobre operativos policiacos a Los Chapitos. Según las investigaciones, habría alertado en al menos 10 ocasiones a miembros de la organización criminal encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que permitió que evadieran cateos y despliegues de seguridad.

El pasado 1 de junio, Mérida compareció en su segunda audiencia preliminar ante un tribunal federal en Nueva York. La juez Katherine Polk Failla fijó el 4 de agosto como fecha para la próxima audiencia de procedimiento. Durante la sesión, se abordó el calendario de intercambio de pruebas entre la fiscalía y la defensa.

Mérida se presentó con uniforme de reo y fue escoltado por alguaciles federales. Su abogada defensora de oficio, Sarah Krissoff, consultó con él sobre las decisiones tomadas en torno al caso. El fiscal David Robles informó que la evidencia incluye pruebas específicas contra Mérida y otras aplicables a los diez acusados en el mismo proceso.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jekielek. Carter subrayó que las acciones incluyen la confiscación de fondos y el señalamiento directo a funcionarios que, según dijo, han facilitado la operación de los cárteles en México.

En este contexto, recordó que en abril pasado fueron acusados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios, por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La funcionaria destacó que estas investigaciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y México.

Carter reconoció la cooperación del gobierno mexicano en operativos recientes, como el que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Según explicó, la operación se realizó con inteligencia estadounidense y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional Mexicana.

La zar antidrogas afirmó que este nivel de colaboración no se había visto antes y lo atribuyó a la presión ejercida por las advertencias del presidente Donald Trump, quien habría insistido en que los gobiernos cooperen o enfrenten consecuencias. Carter señaló que, además de la presión política, los gobiernos reconocen que la cooperación en materia de seguridad también les beneficia.

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La captura se realizó en México, específicamente en Mazatlán, y estuvo a cargo de autoridades federales y estatales. El detenido es señalado como presunto integrante de la facción de Los Chapitos. Tras su arresto, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia la Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Aunque oficialmente no se han detallado las investigaciones en su contra, reportes periodísticos lo identifican como operador con influencia en municipios del sur de Sinaloa, como Rosario, Concordia y San Ignacio. Su nombre comenzó a aparecer en narcocorridos interpretados por cantantes del regional mexicano, lo que le dio notoriedad antes de figurar en reportes oficiales.

La confrontación entre Los Chapitos y la facción ligada a Ismael Zambada modificó las estructuras del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, figuras como Martínez Larios ganaron relevancia tras la caída de operadores de mayor rango. Analistas lo mencionan como uno de los herederos de Óscar Noé Medina González, El Panu, considerado pieza clave en la seguridad de Los Chapitos.

El Gabito fue señalado en canciones de artistas como Luis R. Conriquez, Gerardo Ortiz y Panchito Arredondo, donde se hacía referencia a su alias y a su papel dentro de la organización. Sin embargo, fuera del ámbito musical, su figura permaneció durante años con bajo perfil, hasta que la guerra interna elevó su nombre en reportes de seguridad.

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La jueza Polk destacó que la evidencia contra Mérida y otros nueve funcionarios de Sinaloa es “abundante”, y señaló que “hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”. La próxima audiencia fue programada para el martes 4 de agosto de 2026.

Mérida Sánchez es el primero de los diez funcionarios señalados por la justicia estadounidense en comparecer ante una corte. Entre los acusados figuran Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador morenista; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

El exfuncionario fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde comparte reclusión con narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero. En su primera comparecencia, el 15 de mayo, se declaró no culpable de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, delitos que podrían derivar en una sentencia mínima de 40 años de prisión o hasta cadena perpetua.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2023 y 2024 Mérida habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares de Los Chapitos. A cambio, habría alertado sobre operativos antidrogas y facilitado información sensible para proteger al grupo criminal. Durante su gestión en la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, renunció en medio de la crisis de violencia entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

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La licencia, solicitada el jueves 28 de mayo, tuvo una duración menor al propio periodo extraordinario que la motivó. Durante ese lapso, Omar López Campos rindió protesta como suplente, mientras Inzunza argumentaba enfrentar una “embestida mediática” que le impedía participar en las sesiones.

Aunque el senador afirmó haber estado en el Senado los días 27 y 28 de mayo, no fue visto en el pleno. Esa misma noche apareció en Culiacán, donde asistió a la graduación de su hijo en el Tecnológico de Monterrey, acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza. Ante la prensa, se limitó a señalar que se trataba de un evento familiar.

Previo a ello, su última aparición pública documentada había sido el 22 de mayo, en una reunión con el senador Javier Corral en Culiacán. Periodistas legislativos confirmaron que el jueves estuvo en una reunión privada con el senador Nacho Mier, sin participar en el pleno.

El expediente S9 23 Cr. 180, presentado en el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril, señala a Inzunza junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y conspiración para usar explosivos, delitos que podrían implicar cadena perpetua.

La acusación sostiene que Inzunza habría participado en una reunión con “Los Chapitos” tras las elecciones de 2021, donde se habría pactado control sobre la Policía Estatal. El senador rechaza los señalamientos y los describe como un ataque político, asegurando que demostrará su inocencia desde su curul.

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Mérida compareció el 12 de mayo ante la corte federal de Arizona, que ordenó su traslado a Nueva York para enfrentar un proceso en la corte federal de Manhattan. Según autoridades estadounidenses, habría recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de brindar protección y alertas previas de operativos en laboratorios de drogas. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también están internos criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.

En paralelo, surgieron versiones sobre la supuesta entrega voluntaria de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa. La información fue difundida por el medio La Silla Rota y atribuida a fuentes de seguridad norteamericanas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

De acuerdo con documentos atribuidos a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Díaz Vega habría desempeñado un papel clave en la presunta estructura de protección institucional ligada a Los Chapitos. Las investigaciones lo señalan como enlace entre mandos del grupo criminal y el entorno político de Rocha Moya, además de haber proporcionado información sensible de adversarios políticos durante la campaña electoral del actual gobernador.

La coincidencia temporal entre la captura de Mérida y los reportes sobre Díaz Vega ha generado especulaciones sobre el alcance de las investigaciones estadounidenses contra exfuncionarios sinaloenses. Ambos casos colocan al gobierno estatal bajo un escrutinio creciente, en un contexto donde se busca determinar la posible infiltración del crimen organizado en estructuras institucionales.

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Mérida fue presentado el 12 de mayo ante la corte federal de Arizona, que ordenó su traslado a Nueva York, donde enfrentará un proceso en la corte federal de Manhattan. Según Washington, el exfuncionario habría recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de brindar protección y alertas previas de operativos en laboratorios de drogas.

El exsecretario enfrenta un cargo por tráfico de drogas y dos relacionados con armas de fuego. La acusación indica que, durante su gestión entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Mérida habría facilitado el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos, protegiendo la estructura criminal liderada por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el registro de la Agencia Federal de Prisiones, Mérida se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las prisiones más estrictas del país. En este lugar también están detenidos criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.

Mérida asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 4 de septiembre de 2023, tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo. Su gestión coincidió con un repunte de la violencia y episodios de alto impacto en la entidad. Finalmente, dejó el cargo el 21 de diciembre de 2024, en medio de cuestionamientos por los resultados en seguridad y el manejo de la comunicación oficial.

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Sheinbaum defendió además la detención de 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes fueron señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos. La presidenta subrayó que hasta el momento no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente contra ellos.

La mandataria indicó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, revisar todos los casos de extradición pendientes. “Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. Eso es la ley”, afirmó.

Sheinbaum recordó que al asumir la presidencia juró defender la Constitución y la soberanía nacional. Reiteró que su postura no responde a intereses políticos coyunturales, sino a principios de Estado. “Es la decisión responsable de la presidenta de México primero de defender la soberanía nacional”, puntualizó.

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De acuerdo con la acusación estadounidense, Inzunza y otros implicados habrían protegido operaciones del grupo criminal, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia territorio norteamericano, a cambio de sobornos millonarios.

El legislador es uno de los diez acusados por su relación con la facción conocida como «Los Chapitos». Entre los señalados también figuran Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán. Todos ellos han negado categóricamente las acusaciones de narcotráfico.

La oficina de Inzunza en el Congreso permanece abierta y con personal trabajando con normalidad, pese a su ausencia en la sesión. En redes sociales, el senador ha compartido videos desde Badiraguato, Sinaloa, aunque su última publicación fue el 3 de mayo, donde apareció acompañado de sus mascotas en una de sus propiedades.

El caso ha generado una fuerte tormenta política en México, con repercusiones en la relación bilateral con Washington. Las acusaciones contra figuras públicas de Sinaloa han puesto en el centro del debate la transparencia y la rendición de cuentas en la política mexicana.

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En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la legitimidad de dichos comicios durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo de Rocha Moya sin encontrar pruebas de irregularidades o violencia. “La institución correspondiente de valorar la elección lo hizo, eso significa que no hubo ninguna prueba”, señaló.

Sheinbaum subrayó que en ese proceso aún estaba al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, quien no reportó anomalías. “Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia, el INE o el Tribunal lo habrían señalado”, puntualizó.

La mandataria criticó que cinco años después se cuestione la validez de la elección de 2021, cuando en su momento no se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Estatal ni ante la FGR. “Cinco años después se dice algo de la elección del 2021, cuando ya todas las autoridades dijeron ‘fue válida la elección’”, concluyó.

En 2021, partidos de oposición como PRI, PAN y PRD denunciaron una “narcoelección” en Sinaloa, asegurando que operadores electorales fueron secuestrados y amenazados por integrantes del Cártel de Sinaloa, presuntamente en favor de candidatos de Morena.

El caso sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ocurrió en julio de 2024 en Culiacán. De acuerdo con las investigaciones, el hecho se relaciona con movimientos internos del crimen organizado, incluyendo el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Finalmente, en abril de 2026, la justicia estadounidense acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos de pertenecer a la facción de Los Chapitos, solicitando su detención con fines de extradición.

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