La licencia, solicitada el jueves 28 de mayo, tuvo una duración menor al propio periodo extraordinario que la motivó. Durante ese lapso, Omar López Campos rindió protesta como suplente, mientras Inzunza argumentaba enfrentar una “embestida mediática” que le impedía participar en las sesiones.

Aunque el senador afirmó haber estado en el Senado los días 27 y 28 de mayo, no fue visto en el pleno. Esa misma noche apareció en Culiacán, donde asistió a la graduación de su hijo en el Tecnológico de Monterrey, acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza. Ante la prensa, se limitó a señalar que se trataba de un evento familiar.

Previo a ello, su última aparición pública documentada había sido el 22 de mayo, en una reunión con el senador Javier Corral en Culiacán. Periodistas legislativos confirmaron que el jueves estuvo en una reunión privada con el senador Nacho Mier, sin participar en el pleno.

El expediente S9 23 Cr. 180, presentado en el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril, señala a Inzunza junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y conspiración para usar explosivos, delitos que podrían implicar cadena perpetua.

La acusación sostiene que Inzunza habría participado en una reunión con “Los Chapitos” tras las elecciones de 2021, donde se habría pactado control sobre la Policía Estatal. El senador rechaza los señalamientos y los describe como un ataque político, asegurando que demostrará su inocencia desde su curul.

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Mérida compareció el 12 de mayo ante la corte federal de Arizona, que ordenó su traslado a Nueva York para enfrentar un proceso en la corte federal de Manhattan. Según autoridades estadounidenses, habría recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de brindar protección y alertas previas de operativos en laboratorios de drogas. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también están internos criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.

En paralelo, surgieron versiones sobre la supuesta entrega voluntaria de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa. La información fue difundida por el medio La Silla Rota y atribuida a fuentes de seguridad norteamericanas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

De acuerdo con documentos atribuidos a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Díaz Vega habría desempeñado un papel clave en la presunta estructura de protección institucional ligada a Los Chapitos. Las investigaciones lo señalan como enlace entre mandos del grupo criminal y el entorno político de Rocha Moya, además de haber proporcionado información sensible de adversarios políticos durante la campaña electoral del actual gobernador.

La coincidencia temporal entre la captura de Mérida y los reportes sobre Díaz Vega ha generado especulaciones sobre el alcance de las investigaciones estadounidenses contra exfuncionarios sinaloenses. Ambos casos colocan al gobierno estatal bajo un escrutinio creciente, en un contexto donde se busca determinar la posible infiltración del crimen organizado en estructuras institucionales.

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Mérida fue presentado el 12 de mayo ante la corte federal de Arizona, que ordenó su traslado a Nueva York, donde enfrentará un proceso en la corte federal de Manhattan. Según Washington, el exfuncionario habría recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de brindar protección y alertas previas de operativos en laboratorios de drogas.

El exsecretario enfrenta un cargo por tráfico de drogas y dos relacionados con armas de fuego. La acusación indica que, durante su gestión entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Mérida habría facilitado el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos, protegiendo la estructura criminal liderada por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el registro de la Agencia Federal de Prisiones, Mérida se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las prisiones más estrictas del país. En este lugar también están detenidos criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.

Mérida asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 4 de septiembre de 2023, tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo. Su gestión coincidió con un repunte de la violencia y episodios de alto impacto en la entidad. Finalmente, dejó el cargo el 21 de diciembre de 2024, en medio de cuestionamientos por los resultados en seguridad y el manejo de la comunicación oficial.

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Sheinbaum defendió además la detención de 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes fueron señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos. La presidenta subrayó que hasta el momento no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente contra ellos.

La mandataria indicó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, revisar todos los casos de extradición pendientes. “Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. Eso es la ley”, afirmó.

Sheinbaum recordó que al asumir la presidencia juró defender la Constitución y la soberanía nacional. Reiteró que su postura no responde a intereses políticos coyunturales, sino a principios de Estado. “Es la decisión responsable de la presidenta de México primero de defender la soberanía nacional”, puntualizó.

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De acuerdo con la acusación estadounidense, Inzunza y otros implicados habrían protegido operaciones del grupo criminal, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia territorio norteamericano, a cambio de sobornos millonarios.

El legislador es uno de los diez acusados por su relación con la facción conocida como «Los Chapitos». Entre los señalados también figuran Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán. Todos ellos han negado categóricamente las acusaciones de narcotráfico.

La oficina de Inzunza en el Congreso permanece abierta y con personal trabajando con normalidad, pese a su ausencia en la sesión. En redes sociales, el senador ha compartido videos desde Badiraguato, Sinaloa, aunque su última publicación fue el 3 de mayo, donde apareció acompañado de sus mascotas en una de sus propiedades.

El caso ha generado una fuerte tormenta política en México, con repercusiones en la relación bilateral con Washington. Las acusaciones contra figuras públicas de Sinaloa han puesto en el centro del debate la transparencia y la rendición de cuentas en la política mexicana.

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En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la legitimidad de dichos comicios durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo de Rocha Moya sin encontrar pruebas de irregularidades o violencia. “La institución correspondiente de valorar la elección lo hizo, eso significa que no hubo ninguna prueba”, señaló.

Sheinbaum subrayó que en ese proceso aún estaba al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, quien no reportó anomalías. “Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia, el INE o el Tribunal lo habrían señalado”, puntualizó.

La mandataria criticó que cinco años después se cuestione la validez de la elección de 2021, cuando en su momento no se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Estatal ni ante la FGR. “Cinco años después se dice algo de la elección del 2021, cuando ya todas las autoridades dijeron ‘fue válida la elección’”, concluyó.

En 2021, partidos de oposición como PRI, PAN y PRD denunciaron una “narcoelección” en Sinaloa, asegurando que operadores electorales fueron secuestrados y amenazados por integrantes del Cártel de Sinaloa, presuntamente en favor de candidatos de Morena.

El caso sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ocurrió en julio de 2024 en Culiacán. De acuerdo con las investigaciones, el hecho se relaciona con movimientos internos del crimen organizado, incluyendo el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Finalmente, en abril de 2026, la justicia estadounidense acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos de pertenecer a la facción de Los Chapitos, solicitando su detención con fines de extradición.

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La aclaración surge luego de que la Justicia estadounidense acusara y solicitara la detención de Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. Entre los señalados también figuran el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Tras las acusaciones, Rocha Moya y Gámez Mendívil solicitaron licencia temporal de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones. El Gobierno de México respondió que la petición de Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para considerarla urgente.

Sheinbaum subrayó que no hay motivo para especular sobre la ubicación del gobernador sinaloense y rechazó versiones que apuntaban a una supuesta fuga. La mandataria insistió en que el caso debe resolverse con apego a la legalidad y en coordinación con las autoridades competentes.

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Ebrard explicó que, hasta el momento, el tema de seguridad no se ha introducido en las discusiones comerciales. Señaló que la primera ronda de diálogo se llevará a cabo en México y la segunda en la capital estadounidense, en un proceso que anticipa será complejo debido a las posturas del gobierno norteamericano respecto a aranceles, reglas de origen y restricciones comerciales.

El funcionario destacó que la prioridad de México en la revisión del T-MEC será la reducción de aranceles, con especial atención en los sectores automotriz, acerero y de aluminio. “Esperamos unas conversaciones difíciles, una negociación compleja”, puntualizó, al referirse a las diferencias de visión entre ambos países sobre el libre comercio.

Cabe recordar que el pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y su facción Los Chapitos, además de señalar a otros nueve funcionarios. Tras ello, Rocha Moya solicitó licencia como gobernador y recibió seguridad federal.

Ante este contexto, Ebrard reiteró que dichos señalamientos no forman parte de la agenda comercial con Estados Unidos, ya que —según dijo— el tema de seguridad “tiene otros espacios” y no se vincula directamente con la revisión del tratado.

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En el lugar se encontraban únicamente trabajadores, quienes fueron evacuados tras escucharse la explosión. Más de 30 personas lograron salir del sitio, aunque una empleada, identificada como Ana “N”, de 33 años, perdió la vida debido a la inhalación de humo. Otras dos personas resultaron lesionadas: una por intoxicación y otra más por quemaduras.

La emergencia fue atendida por Protección Civil municipal y estatal, Bomberos de Culiacán, Cruz Roja, policías estatales y municipales, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes controlaron el incendio y aseguraron la zona.

Este ataque ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa, que se ha intensificado desde septiembre de 2024 por la disputa entre las organizaciones criminales Los Mayos y Los Chapitos, tras las detenciones en Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio del mismo año.

La situación refleja la complejidad de la seguridad en la región y la vulnerabilidad de espacios públicos frente a hechos violentos.

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La acusación sostiene que los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Entre los nombres mencionados figura también el senador Enrique Inzunza.

Desde el oficialismo, líderes de Morena como Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña manifestaron su respaldo al gobernador, apelando al principio de presunción de inocencia y rechazando los señalamientos por falta de pruebas. Rocha Moya, por su parte, negó categóricamente las imputaciones y las calificó como un ataque contra la Cuarta Transformación.

La Cancillería mexicana afirmó que las solicitudes de extradición enviadas por el gobierno estadounidense carecen de pruebas y anunció que presentará una queja diplomática ante la Embajada de EE. UU. en México por la forma en que se hizo pública la acusación.

En contraste, la oposición consideró el caso como una confirmación de sus advertencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigaciones a fondo y la separación del cargo de los funcionarios implicados. Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez señalaron que el caso refleja un patrón dentro del oficialismo, mientras que Jorge Álvarez Máynez pidió que Rocha Moya se separe del cargo para permitir las indagatorias.

El PRI también calificó la acusación como evidencia de nexos criminales y exigió la detención de los señalados. Estas posturas reflejan la polarización política en torno al caso y la presión sobre las instituciones mexicanas para dar seguimiento a las imputaciones internacionales.

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