El pasado 11 de mayo fue arrestado en Estados Unidos Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de narcotráfico y posesión de armas de fuego. La detención ocurrió tras una acusación presentada el 29 de abril contra Mérida, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios locales, señalados por presuntos vínculos con la célula criminal de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Mérida compareció el 12 de mayo ante la corte federal de Arizona, que ordenó su traslado a Nueva York para enfrentar un proceso en la corte federal de Manhattan. Según autoridades estadounidenses, habría recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de brindar protección y alertas previas de operativos en laboratorios de drogas. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también están internos criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.
En paralelo, surgieron versiones sobre la supuesta entrega voluntaria de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, a autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa. La información fue difundida por el medio La Silla Rota y atribuida a fuentes de seguridad norteamericanas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.
De acuerdo con documentos atribuidos a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Díaz Vega habría desempeñado un papel clave en la presunta estructura de protección institucional ligada a Los Chapitos. Las investigaciones lo señalan como enlace entre mandos del grupo criminal y el entorno político de Rocha Moya, además de haber proporcionado información sensible de adversarios políticos durante la campaña electoral del actual gobernador.
La coincidencia temporal entre la captura de Mérida y los reportes sobre Díaz Vega ha generado especulaciones sobre el alcance de las investigaciones estadounidenses contra exfuncionarios sinaloenses. Ambos casos colocan al gobierno estatal bajo un escrutinio creciente, en un contexto donde se busca determinar la posible infiltración del crimen organizado en estructuras institucionales.
