En declaraciones a El Universal, el ahora coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República rechazó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) realizara labores de espionaje político, pues solo intervenía conversaciones telefónicas con orden judicial.

“No tengo ningún conocimiento de haber adquirido este sistema, en el CISEN tenían otro sistema en el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en el Secretaría fueron en ese sentido y no tuve ningún conocimiento de compra de algún otro diferente o de la compra de este sistema al que hace referencia”, aseguró.

Osorio Chong señaló que no acepta que se acuse al CISEN de realizar espionaje a políticos y sus familias o colaboradores, periodistas o activistas.

“No reconozco ningún sistema de espionaje. Nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la intervención de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo y lo hacia el CISEN o lo hacían las áreas correspondientes. (…) No hay lugar al comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada”, insistió.

El extitular de la Segob indicó que ya ha presentado declaración, incluso por escrito, sobre este asunto, por lo que estará pendiente si vuelve a ser requerido. Dijo además que la prensa tiene derecho a cuestionar.

“Tienen derecho a hacer todo tipo de preguntas, absolutamente todo tipo de preguntas, lo que tengo que decirles es que lo que he dado lo he dado incluso por escrito y ya esperaremos todas las investigaciones que vayan a hacer al respecto como lo han venido ya requiriendo las autoridades”.

Sobre el paradero del exdirector del CISEN, Eugenio Imaz, Osorio Chong negó tener información. “Estoy metido en mi responsabilidad no estoy dándole seguimiento  a ninguno de mis excolaboradores”, manifestó.

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El martes, Robles decidió convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y lo dio a conocer en Twitter.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad

— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Luego, fue revelada una plática telefónica que Robles sostuvo desde el reclusorio con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que expresó que tuvo serias dudas acerca de convertirse en testigo colaborador, pero aclaró que no tiene nada que imputar contra Peña Nieto y Osorio Chong.

"No tengo nada que imputar al ex presidente @EPN ni a @osoriochong”, dijo Rosario Robles en una llamada que me hizo desde la cárcel de Santa Martha. Me autorizó difundir estas 4 frases: pic.twitter.com/4aBuiNGEBe

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 25, 2020

Según Robles decidió convertirse en testigo colaborador debido a los señalamientos de Emilio Zebadúa hacia gente “incorruptible”, pues callarse sería “otra gran injusticia”.

El abogado de Robles, Sergio Ramírez, dijo que la colaboración de la exsecretaria con la Fiscalía General de la República (FGR) será contra Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller, por presuntos desvíos de recursos públicos para operaciones irregulares en la campaña presidencial de 2012.

Sin embargo, Robles informó en Twitter que se han hecho declaraciones a su nombre sin ser acordadas con ella.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, afirmó.

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En declaraciones a Radio Fórmula, su abogado, Epigmenio Mendieta, dijo que Robles, de 64 años, no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la FGR pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Estas nuevas órdenes de arresto «orillan a Rosario a tomar esta decisión«, apuntó el letrado sobre el llamado «criterio de oportunidad» que está buscando la exsecretaria y que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales.

Para Mendieta, si se concreta definitivamente que Robles sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre rejas.

Robles decidió optar por colaborar porque desconocía si, de concretarse las nuevas órdenes de detención, podría optar a los mismos beneficios, afirmó el abogado.

La decisión de Robles de ser testigo colaborador de la Fiscalía da un giro a su proceso.

Rosario Robles, acusada de permitir el desvío de fondos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, aseguró el pasado 26 de octubre en una carta desde la cárcel que no mentirá para obtener su libertad ya que es inocente y no quiere «salir por la puerta de atrás«.

Falta por conocer a quién señalará ahora al colaborar con la Fiscalía. Todo parece indicar que podría apuntar hacia el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el exsecretario de Hacienda y también de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, mano derecha de Enrique Peña.

Según el abogado, ella sintió abandono -en las «propias palabras» de Robles- por parte de gente cercana a ella en el gobierno anterior, por lo que decidió actuar.

«Ella esperaba solidaridad por parte de los que formaban parte de ese gabinete«, dijo.

Robles no es la única persona de la administración de Enrique Peña Nieto que ha decidido actuar como testigo colaborador.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso Odebrecht y por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, fue extraditado desde España a México tras un acuerdo con la Fiscalía por el cual acusó a Peña y a Videgaray en una red de sobornos y ahora afronta su proceso en libertad.

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Como parte de la estrategia para obtener el perdón legal, Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu y denunciado por presunto lavado de dinero, hizo una declaración ministerial en la que acusó que el dinero de los convenios entre la Sedatu y universidades públicas era sacado en efectivo para “apoyar en la elección para la gubernatura del Estado de México (…) lo que proporcionó materiales y recursos para la actividad y la movilización en la totalidad de los municipios del Estado de México”.

“Entre finales de 2016 y mediados del 2017 me consta que en seis ocasiones diversas, en la oficina de la secretaria Robles en Reforma 99, así como en la oficina alterna en la colonia Cove, se recibió y resguardaron fuertes cantidades de dinero en efectivo que a su vez fue enviado por personal adscrito a la oficina de la Secretaría a distintos puntos del Estado de México durante el periodo electoral de campaña para gobernador en esa entidad”, con informaión de Animal Político.

Los recursos públicos desviados cumplían dos fines principalmente: “campañas de promoción de la figura del presidente Enrique Peña Nieto, de la figura de la secretaria Rosario Robles y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial de 2018; y para contar con recursos para la propaganda y movilizaciones en elecciones estatales, principalmente la del Estado de México en 2017”.

De acuerdo con la declaración de Zebadúa se desviaron 1, 267 millones de pesos provenientes de ocho convenios para las estrategias de publicidad de Peña Nieto, Osorio Chong, Rosario Robles, y para la campaña electoral del Estado de México.

Detalló que para el tema de la publicidad de Peña, Osorio y Robles el dinero provino de cuatro convenios que Sedatu firmó con el Sistema Quintanarroense de Comunicación por 702 millones y de un convenio con Televisora de Hermosillo con 320 millones.

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Según fuentes del gobierno consultadas por el diario Milenio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de Interpol para dar con el paradero de los ex funcionarios, por lo que ahora existe la alerta.

En agosto pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, ordenó la aprehensión de 19 servidores y ex servidores públicos, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Una de estas órdenes corresponde a Frida Martínez, mano derecha del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y quien ocupó puestos importantes en el sexenio pasado.

Asimismo, se ordenó la captura de Jesús Orta, quien después de ser secretario general de la Policía Federal, asumió la dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La FGR judicializó una carpeta de investigación a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual detectó un desvío de recursos de 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en la administración de Enrique Peña Nieto.

Tanto Frida Martínez y Jesús Orta han promovido amparos contra la orden de captura, demandas que han sido admitidos a trámite. Debido a que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, ni una suspensión que se pudiera emitir a su favor evitaría su ingreso a prisión.

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La semana pasada, la FGR cerró el caso luego de que coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rindió su declaración y un banco confirmó la versión de que devolvió un préstamo que había solicitado para la compra de una casa, que no se concretó.

Así lo explicó, en entrevista, el coordinador del PRI en el Senado, quien aceptó que la resolución le da tranquilidad.

“Por supuesto que sí, porque ya una instancia legal, ya la Fiscalía General de la República es quien ha determinado que ante las evidencias presentadas e investigadas, no da lugar ningún ejercicio de la acción penal. A mí ya se me entregó por parte de la Fiscalía General de la República, el no ejercicio de la acción penal, dado que se dio por atendido todos los documentos y papeles, y por ello, es que entonces ellos mismos determinaron el no ejercicio de la acción penal.

“Pero esto tiene un segundo camino, un segundo camino que es el Función Pública y por supuesto también ver, todavía no me han comunicado, si ha habido algún recurso que la propia Función Pública siguiera en mi contra respecto a la resolución de la propia Fiscalía, que fue la semana pasada”, indicó Osorio Chong.

Solo está en espera de la resolución final de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su investigación del mismo caso.

Cuestionado sobre una eventual consulta popular para juzgar al expresidente Enrique Peña Nieto, respondió que el poder ejecutivo tiene la facultad de pedir este proceso judicial como con cualquier ciudadano.

“De él y de cualquier otro señalado, sea expresidente o no sea expresidente, creo que no puede ser y lo he reiterado muchas veces con ustedes, mediáticamente el proceso. Si hay algún tema en lo particular, que se presente la denuncia y que se siga un proceso como a cualquier otro ciudadano. Creo que eso es lo que tienen derecho”, señaló.

El senador se manifestó dispuesto a enfrentar cualquier impugnación que se presente ante la exoneración de la FGR en su caso.

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De acuerdo con un reporte del periodista Omar Sánchez de Tagle, una de las personas contra las que se solicitó la orden es Frida Martínez Zamora, a quien identifica por haber trabajado durante más de 15 años con el también exgobernador de Hidalgo.

En una serie de tuits, el reportero detalló que la carpeta de investigación versa sobre un presunto desvío “en compras de aviones y helicópteros a sobreprecios y compras simuladas”.

Otro de los personajes buscados es Jesús Orta, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, y quien en su momento fue secretario general de la Policía Federal.

El locutor de Radio Fórmula afirma que el caso fue radicado en un juzgado de Almoloya, y que son 19 altos exfuncionarios de la Policía Federal, «por los cuales la FGR espera que la orden de aprehensión sea concedida en las próximas horas«.

Por lo menos 11 de los 19 ex funcionarios acusados manejaron finanzas y recursos en la Policía Federal, incluida quien fue la operadora financiera de Osorio Chong desde que era gobernador de Hidalgo.

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En el amparo Osorio Chong señala que estas investigaciones “afectan sus derechos”, ya que un juicio político puede realizarse mientras un servidor público esté en el cargo y dentro de un año después, pero no después.

Con información de MilenioNoticias.

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El rotativo señala que la dependencia federal revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos, además de cotejar si todo esto corresponde a sus ingresos cuando ocupó la gubernatura de Hidalgo.

El propio extitular de Segob confirmó que la averiguación comenzó por su residencia en Lomas de Chapultepec, una casa por la que, afirma, paga una renta, asimismo, el legislador federal y su esposa impugnaron la investigación de Función Pública, pues esta la considera un ingreso no justificado.

Este viernes, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otro funcionario en el gabinete de Peña, Emilio Lozoya Austin, fue extraditado a México para responder por las acusaciones en su contra por delitos de corrupción; no obstante, las diligencias judiciales fueron pospuestas, ya que el acusado fue ingresado a un hospital por síntomas de anemia y otros padecimientos.

Aunque tiene indagatorias en la SFP, Osorio Chong no tiene un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ya aclaró que aún no lo investiga.

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Osorio Chong, quien ahora se desempeña como senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estuvo al frente de Segob durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y antes se desempeñó como gobernador de Hidalgo, centro de México, de 2005 a 2011.

“Les informo que me tuve que realizar la prueba del covid-19, salí positivo. Atendiendo las recomendaciones médicas, estaré resguardado en mi casa”, escribió en un mensaje en Twitter.

El político de 55 años fue visto en público el 20 de abril en una conferencia de prensa con otros senadores de otros partidos políticos.

Hace tres días, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio positivo a la prueba de covid-19, siendo la primera ministra del gobierno de Andrés López en contraer el coronavirus.

En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública comunicó que la funcionaria “se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves” a pesar de que el 20 de abril dio positivo de coronavirus SARS-CoV-2.

México reportó este jueves 127 decesos y mil 425 nuevos casos de covid-19 para alcanzar un acumulado de mil 859 muertes y de 19 mil 224 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias.

El registro de los mil 425 casos de las últimas 24 horas es la cifra más alta para un día desde la presentación de los reportes técnicos hace dos meses, y asimismo muestra un incremento de 8 por ciento con respecto a los 17 mil 799 registrados el día anterior.

Las autoridades precisaron que, entre los contagios confirmados, 5 mil 912 son considerados como casos activos al haberse presentado síntomas en los últimos 14 días, lo que supone 468 nuevos casos más que los 5 mil 444 que se tenían el día previo.

México se mantiene desde el 20 de marzo con medidas de mitigación de la pandemia que comprenden la llamada Jornada de Sana Distancia, con la cual además del cuidado de la higiene personal se les pide a personas no salir de sus casas.

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