El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Juan Carlos León Montes, dijo en una rueda de prensa que los disturbios ocurrieron la noche del viernes en el sitio conocido como Paso del Comercio.

El oficial detalló que en ese lugar «se presentó un enfrentamiento muy fuerte» en el que a la Policía «le disparan con armas de fuego«.

«Durante todo el día tuvimos presencia de manifestantes que querían realizar otra vez el bloqueo de la vía«, puntualizó el general León Montes. Añadió que ante el ataque, se procedió a repeler con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y «ya en la madrugada (del sábado) nos confirman la muerte de dos ciudadanos en el lugar«.

El levantamiento de los cuerpos fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Fiscalía que, además, asumió la investigación para «aclarar esos hechos«.

Cali, la tercera ciudad de Colombia, ha sido la más afectada por los vándalos que en las últimas semanas han atacado edificios públicos y privados, destruido autobuses y estaciones del sistema de transporte público, saqueado comercios y atacado a la Policía, entre otros delitos, durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron el 28 de abril.

Las movilizaciones dejan al menos 20 muertos, según la Fiscalía, pero organizaciones como la ONG Temblores señalan que hay 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, mil 649 detenciones arbitrarias, 65 agresiones oculares y 25 casos de violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos.

De otro lado, las autoridades lograron desbloquear una importante carretera del municipio de Palmira, que hace parte del Valle del Cauca, que estaba taponada desde hace 30 días.

La Policía informó en un comunicado que en esa operación fueron capturadas 19 personas por el delito de obstrucción en vía pública. Además, fueron inmovilizadas cinco motocicletas, decomisadas dos armas traumáticas, cuatro radios de comunicaciones, elementos incendiarios dentro de los que se encuentran bombas molotov, así como elementos de protección fabricados de manera artesanal.

El director de Tránsito y Transportes de la Policía colombiana, el mayor general Juan Alberto Libreros, explicó que esas operaciones se realizan dando cumplimiento a las instrucciones del presidente Duque para «garantizar la tranquilidad, la seguridad y ante todo, la libre movilidad de todos los colombianos por todos los ejes viales del país«.

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«En lo que va en este mes de protestas hemos documentado 59 homicidios, de los cuales 32 fueron cometidos presuntamente por la fuerza pública, los demás se podría presumir que fueron realizados por civiles sin identificar en el marco de la protesta«, dijo este viernes el vocero de la red Óscar Ramírez durante una rueda de prensa.

Dos de las víctimas documentadas eran mujeres, mientras que nueve no han sido identificadas o no se ha verificado su conexión con las protestas, por lo que las organizaciones condenaron el uso de armas de fuego en medio de las movilizaciones tanto por parte de la fuerza pública como por civiles.

«El uso desproporcionado de la fuerza pública, el uso indebido de armamento ha dejado cerca de 866 personas heridas, 51 de estas por lesiones oculares y 70 fueron heridas por armas de fuego, hecho que es preocupante«, agregó Ramírez al presentar el balance sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paro Nacional.

Han documentado múltiples agresiones, como golpes, amenazas, detenciones arbitrarias y señalamientos, contra 133 personas defensoras de derechos humanos, por lo que recomendaron adoptar «medidas expeditas para frenar la violencia cometida por agentes» de la fuerza pública, así como «la suspensión de armas de letalidad reducida que generan graves daños a la población civil«.

Denuncias

Además, 87 personas han sido víctimas de violencias basadas en el género y, como lo señaló la Defensoría del Pueblo, también han ocurrido dos casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales (tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual).

«Denunciamos el abuso de poder, de autoridad y las agresiones cometidas por la fuerza pública, de estas tenemos registros de al menos mil 184 denuncias de uso indiscriminado de la fuerza contra casas, personas no manifestantes, personas de la tercera edad«, advirtió Ramírez.

Sin embargo, según cifras oficiales de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa de Colombia, en el mes de protestas han muerto 43 personas, aunque solo 17 víctimas civiles y dos uniformados tienen nexo directo con las manifestaciones.

Mientras tanto, en tres de los homicidios en los que la Policía ha sido acusada, fueron detenidos miembros de la institución que están siendo procesados por la Justicia.

Por los señalamientos hacia agentes de la Policía, el Senado colombiano respaldó al ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien superó el jueves, con una amplia mayoría, una moción de censura promovida por congresistas de la oposición que lo acusaron de ser el «responsable político» de la violencia policial en las protestas.

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La víctima mortal fue el patrullero Juan Sebastián Briñez, quien falleció esta madrugada en Cali luego de recibir un disparo de fusil por parte de vándalos.

“Un disparo de fusil terminó con la vida de este héroe de 22 años que defendía su país. Solidaridad con su familia. Dos policías más fueron heridos«, informó en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas, aseguró que rechaza «de manera contundente el hecho registrado en Cali, donde criminales disparan contra nuestros policías que se encontraban restableciendo el orden en el sector de Calipso«.

“Allí pierde la vida un patrullero del EMCAR (Escuadrón Móvil de Carabineros) y dos más del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) resultan gravemente heridos«, agregó Vargas.

Según cifras del Ministerio de Defensa, actualizadas hasta ayer, mil 29 uniformados han sido lesionados y otro más fue asesinado durante las manifestaciones, mientras que 95 Comandos de Atención Inmediata (CAI) y nueve estaciones de la policía han sido vandalizadas, destruidas o incineradas.

Ataque sexual a una policía

Una agente de la Policía de Cali denunció que varios hombres intentaron abusar sexualmente de ella el pasado 29 de abril cuando se resguardó en un CAI, una especie de comisaría, que fue atacado por un grupo de personas, que entraron dentro y la agarraron.

«Me tumbaron al piso al lado derecho del CAI, y empezaron a golpearme, a insultarme, empezaron a despojarme de todas mis pertenencias«, denunció la agente, de la que no se ha revelado la identidad, pero que contó su caso ayer en un video divulgado por la institución donde explica que uno de los agresores se le subió encima e intentó desnudarla.

Cali, la ciudad principal del suroeste colombiano, ha sido escenario de grandes alteraciones del orden público desde hace tres semanas cuando miles de personas salieron a manifestarse en las calles contra las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque.

Allí han ocurrido la mayor cantidad de víctimas, y los disturbios y enfrentamientos entre la fuerza pública y civiles han dejado decenas de heridos, así como millonarias pérdidas económicas en esta ciudad agroindustrial, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según datos oficiales de la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa, 15 muertes han sido confirmadas en relación con las protestas de las 42 reportadas a las autoridades.

La ONG Temblores, por su parte, reporta que la violencia policial es responsable de 43 homicidios ocurridos durante las marchas.

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«Rechazamos la muerte violenta de Sebastián Quintero Munera, estudiante de Ingeniería Informática de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca«, expresó la Alcaldía de Popayán en un comunicado, en el que confirmó las cifras de víctimas y clamó porque «pare la violencia que hoy vivimos«.

Las protestas en esa ciudad se desataron luego de que se conociera el caso de la muerte de una menor de edad que denunció tocamientos y abusos sexuales en una comisaría en la ciudad donde fue retenida.

La abuela de la menor denunció que cuando regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) a donde la llevaron, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado.

La menor apareció inconsciente en su casa el jueves y la llevaron a un hospital, donde no pudieron reanimarla.

«Rechazamos (…) los repudiables hechos que rodearon el trágico deceso de (la menor). Reiteramos toda nuestra solidaridad con sus padres, familiares y amigos, por estos dolorosos hechos, que nunca debieron ocurrir«, afirmó la Alcaldía.

Violencia por ambos lados

Durante la jornada en Popayán se vivieron momentos difíciles por la arremetida del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que incluso atropelló a manifestantes con una tanqueta, así como por la quema de la URI donde supuestamente fue abusada la menor y de la sede del Instituto de Medicina Legal.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creada por la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, hizo un «llamado urgente» a las autoridades para «proteger la sede de Medicina Legal en Popayán, que contribuye al objetivo humanitario de la búsqueda«.

«Exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades locales tomar acciones urgentes y efectivas para que cesen los hechos de violencia que permitan la protección de los cuerpos de personas sin identificar o sin entregar que corresponderían a personas desaparecidas«, expresó la UBPD en Twitter.

En esa misma línea se manifestó la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, quien aseguró que «urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y reparación para las víctimas«.

Ante esta situación, el presidente Iván Duque envió a los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, para que lideren «restablecimiento del orden público en la ciudad«.

«Estamos en Popayán con el ministro del Interior, Daniel Palacios, la cúpula militar y la Policía para atender la situación de orden público. De la mano de las autoridades locales restableceremos el orden, luego de los hechos de vandalismo ocurridos anoche por manos criminales«, dijo Molano en redes sociales.

En Popayán, la turba también quemó un carro e hizo pintadas en las paredes y rompieron cristales de edificios del Gobierno local que, al igual que la mayoría de las construcciones, son blancas.

Las protestas en el país, que comenzaron el pasado 28 de abril contra la ya extinta reforma fiscal, dejan ya al menos 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo.

El descontento social busca que el Gobierno ofrezca educación gratuita para los universitarios, más oportunidades de trabajo, acceso a la salud y que cese la violencia policial.

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«Si así son de bonitas todas las manifestantes, dan ganas de gasearlas a todas«, denunció una mujer que le dijo un agente de la Policía durante una de las marchas de estos días.

Además, ayer se conoció el caso de la muerte de una menor de edad, supuestamente por suicidio, después de que denunciara tocamientos y abusos sexuales en una comisaría en la ciudad de Popayán, Cauca.

Con pancartas de «Policía, no me violes» o «Las mujeres no somos botín de guerra» y con gritos contra el patriarcado o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, dos centenares de personas se congregaron hoy, en una de las protestas convocadas, frente al Comando de Atención Inmediata (CAI), una especie de comisaría, del barrio La Soledad, en Bogotá.

«Las mujeres estamos haciendo un plantón para rechazar una vez más -porque no es la primera vez- que la fuerza pública, la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) violan a las mujeres, las retienen, las torturan«, alegó en la protesta María Eugenia Ramírez, feminista y activista de Mujeres por la Paz.

Acusaciones de tocamientos

Las mujeres salieron en apoyo de la menor de Popayán que denunció en sus redes sociales que varios policías la agarraron cuando estaba grabando un video en una protesta.

«Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma«, expresó la menor.

La abuela de la menor denunció que cuando regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) a donde la llevaron, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. La menor apareció inconsciente en su casa este jueves, supuestamente tras suicidarse, y la llevaron a un hospital, donde no pudieron reanimarla.

La Policía se defendió este jueves diciendo que los hechos no eran verdad, ya que la joven no estuvo en dependencias policiales porque detectaron que era menor de edad y fue devuelta a su abuela en perfecto estado, como alegó el comandante de la institución en Popayán, general Ricardo Alarcón.

Violación como arma de guerra

La ONG Temblores, que está siguiendo de cerca los abusos policiales cometidos desde el 28 de abril en las protestas de todo el país, denunció, además de 39 homicidios y 2 mil 110 hechos de violencia, 16 casos de violencia sexual y 3 de género.

«Sabemos que nosotros estamos teniendo un subregistro simplemente porque no nos alcanza a llegar a toda la información y porque no todas las personas violentadas denuncian«, explicó hoy a Efe la investigadora de esta ONG Emilia Márquez.

«Algo muy específico a las protestas de estos días, que es súper importante mencionar, es que muchas veces la violencia sexual está atada a tipos de violencia que inclusive se pueden catalogar como tortura«, señalo Márquez.

Protestas menguadas

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril contra la ya extinta reforma fiscal y se han cobrado 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo, han derivado en un sinfín de peticiones que se podrían resumir en el descontento por las políticas “neoliberales” del gobierno y la brutalidad policial con la que han actuado las fuerzas de seguridad.

El gobierno trata de pedir al Comité Nacional del Paro, que convocó las primeras protestas, que se siente a la mesa de negociación para atajar una de las peores crisis sociales y políticas en la historia del país, pero sigue sin condenar de forma firme los abusos que han cometido las fuerzas de seguridad durante las protestas.

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«Por medio de la presente, quiero de la manera más respetuosa presentar a Usted mi renuncia irrevocable al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, efectiva de manera inmediata«, se lee de la carta, fechada el 11 de mayo, pero hecha pública hoy.

Colombia lleva inmersa desde el 28 de abril en importantes y multitudinarias protestas ciudadanas que comenzaron como rechazo por la ya extinta reforma tributaria que quería aprobar el gobierno, pero que ahora congrega otros reclamos como la reforma de la policía, que se tumbe un intento de reformar la salud, o incluso la renuncia de presidente.

Blum, que estaba en el cargo desde noviembre de 2019 cuando sucedió a Carlos Holmes Trujillo, fallecido en enero de este año, no dio razones de su dimisión, que llevaba especulándose en medios nacionales desde este pasado fin de semana.

«Estoy segura de que, bajo su liderazgo, el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia, y en la consolidación de los consensos que ratifiquen la unidad y la fortaleza de nuestra nación«, dijo Blum en su carta.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido que hacer frente a las múltiples críticas y llamadas de atención de las dos últimas semanas por parte de organismos internacionales, la ONU y países extranjeros sobre las imágenes de brutalidad policial que han saltado a las pantallas de todo el mundo.

Ha habido varias críticas internacionales por un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las protestas, sobre todo en Cali, epicentro de las protestas y tercera ciudad más importante del país.

La Defensoría del Pueblo ha recibido reportes de que 42 personas (41 civiles y un policía) han muerto en las dos semanas de paro, y que sigue buscando a 168 personas.

Según los registros de la ONG Temblores, dedicada a la violencia policial, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de «violencia homicida» por parte de la fuerza pública y al menos mil 956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual.

La canciller es el segundo ministro que pierde el presidente Duque en esta crisis ya que el pasado 3 de mayo renunció el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señalado como el villano de esta crisis por ser el padre de la fracasada reforma tributaria.

El gobierno no se ha pronunciado sobre la renuncia de la canciller Blum ni ha indicado quién será su sucesor.

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Villa, de 37 años, murió en el Hospital Universitario San Jorge, en esa ciudad del oeste del país, y el ataque que sufrió representa una de las peores agresiones a los manifestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque.

«Acompañamos a la familia Villa con profunda tristeza tras la noticia del fallecimiento de Lucas«, dijo hoy Duque a través de su cuenta de Twitter al confirmar el deceso del manifestante, quien ayer fue diagnosticado con muerte cerebral.

Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para rechazar la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.

El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica en Pereira, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en una moto abrieron fuego hiriendo de gravedad a dos personas, a Villa y a Andrés Clavijo, quien despertó este fin de semana en el hospital, y a una más en la pierna.

«Repito lo que conversé con Mauricio, su padre, que sea esta la oportunidad para unirnos y manifestar nuestro rechazo a la violencia. A los responsables todo el peso de la ley«, agregó Duque.

Símbolo de la protesta pacífica

El nombre de Lucas Villa fue enarbolado por miles de colombianos que conservaban la esperanza de que se recuperara y que a través del arte pidieron justicia para que atentados como los que sufrió no se repitan en el país.

En algunos videos grabados antes del ataque, se ve a Lucas bailando en las calles, saludando a agentes de la Policía y vociferando mensajes como «nos están matando«.

En varias partes del país han surgido múltiples denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunos casos han sido incluso atacados a tiros desde vehículos de alta gama, como ocurrió con Villa.

El presidente Iván Duque condenó hace algunos días la agresión que sufrió Villa y pidió a las autoridades policiales aclarar las circunstancias del ataque y capturar a los responsables.

La Policía Nacional ofreció el pasado sábado 27 mil dólares en recompensa por «información sobre los criminales que atentaron contra la vida del joven Lucas Villa«.

El director de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, describió a Lucas Villa como un «símbolo de la manifestación pacífica en Colombia» y aseguró que a Pereira se enviaron «las mejores unidades del cuerpo élite para esclarecer ese doloroso hecho«.

Desde que comenzaron las protestas, al menos 27 personas han muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la Fiscalía y la Defensoría del país en un documento, en el que aclara que, de esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, siete están «en verificación» y hay nueve que no tienen relación con las protestas.

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En el decimotercer día de protestas, precedido por una jornada en la que supuestos civiles armados dispararon contra la minga e hirieron a 10 guardias indígenas, los diálogos terminaron con la decisión de desbloquear el Paso del Comercio, una carretera que además de ser la principal entrada a la ciudad la conecta con la vecina Palmira, donde está ubicado el aeropuerto internacional.

«Se va a desbloquear el Puente del Comercio y debe ser garantía de la institucionalidad que no exista acción violenta contra estos jóvenes que van a desbloquear, desde ya, el puente«, expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en una declaración esta madrugada junto a un grupo de jóvenes que protestan allí desde hace 13 días.

Las autoridades y los manifestantes firmaron el acuerdo tras unos diálogos que contaron con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como de la Misión de la ONU en Colombia.

«Hemos observado la firma del acuerdo de la Alcaldía de Cali y autoridades locales con jóvenes para el desbloqueo del Paso del Comercio. Es importante usar el diálogo para avanzar en la garantía de derechos humanos«, expresó la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

Las movilizaciones en Colombia comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del gobierno pero continúan contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos, según organizaciones sociales.

Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la principal autoridad de esas comunidades en el suroeste de Colombia, anunció que desde la 1 de la madrugada de este lunes se habilitó un «corredor humanitario» para el transporte de alimentos y medicinas en Cali, que vive horas difíciles por el desabastecimiento.

«Se anuncia que se abre ese camino de vida durante 24 horas. Dependiendo del comportamiento, se ampliará y la minga nacional continúa, el paro nacional continúa«, expresó el consejero mayor del CRIC, Hermes Pete.

El líder indígena agregó que es necesario que se garantice «la no intervención de la fuerza pública en los puntos donde se encuentran los manifestantes de la minga«, especialmente luego de lo vivido en la tarde del domingo.

En tanto, el presidente, Iván Duque, hizo esta madrugada una visita relámpago a Cali, epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril, y permaneció allí cuatro horas para encabezar un consejo de seguridad que abordó la situación en esa urbe.

El mandatario pidió de nuevo que se levanten los bloqueos que realizan los manifestantes en varios puntos de la ciudad para «permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento«.

«Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni demencialidad, sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos, para que la ciudad tenga todas las garantías y eviten confrontaciones en los ciudadanos, o lo que es aún peor, que haya ciudadanos que pretendan ejercer control por su mano«, alegó el mandatario.

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Morales murió sobre las 9 de la noche en la clínica de Los Rosales, según confirmó este centro hospitalario, después de que el joven ingresara con varias heridas por arma de fuego, en la cabeza, tórax y piernas.

El diputado por el departamento de Risaralda (cuya capital es Pereira) Daniel Silva Orrego, quien confirmó la muerte, informó que el joven fue atacado sobre las 7:15 en la zona del Museo de Arte, donde había protestas, y varias personas aseguraron que el joven prestaba primeros auxilios durante las manifestaciones.

«Muy grave y preocupante lo que está sucediendo en Pereira. Necesitamos presencia de organismos internacionales en nuestra ciudad«, alegó el diputado, ya que el ataque habría sido perpetrado supuestamente por civiles armados.

Es el segundo ataque de estas características que se produce en esta ciudad del oeste de Colombia, después de que varios hombres armados salieran de un vehículo la noche del 5 de mayo y dispararan contra un grupo de manifestantes que se encontraban en el viaducto que conecta a esa ciudad con la vecina Dosquebradas.

Dos jóvenes resultaron heridos de gravedad en este ataque, Andrés Felipe Castaño, quien ha conseguido despertar en el hospital, y Lucas Villa, que se encuentra en una situación crítica y con pronóstico reservado, después de recibir hasta ocho disparos en el cráneo.

Villa, un estudiante de 37 años, se ha convertido en símbolo de las protestas y de la violencia que lamentablemente las ha salpicado por la brutalidad policial y por eventos como este, que recuerdan a las acciones del paramilitarismo colombiano.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, previo a estos incidentes, hizo un llamamiento a «todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana«.

Sin embargo, después del ataque contra Villa dio marcha atrás y dijo que esas palabras no significaban un llamamiento a que los civiles se armaran.

Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están «en verificación» y hay nueve que no tienen relación con las protestas.

Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.

Noche violenta en Cali

Cali, el epicentro del descontento social y las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, vivió otra noche de violencia y disturbios, con episodios también de civiles que dispararon contra manifestantes.

Según los videos publicados en redes sociales y testigos, varias personas que iban en un coche de alta gama abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, hiriendo a al menos dos personas, una de ellas de gravedad.

Además, también hubo disparos contra la misión médica que estaba allí y mediadores de la Alcaldía de Cali. Se desconoce quién abrió fuego, aunque la Policía de esta ciudad, la tercera más importante del país, aseguran que no había ningún agente de la institución en esa zona.

«Seguimos con preocupación reportes de tiroteos esta noche en diferentes puntos de Cali, donde habría al menos dos heridos. Urgimos respetar a la misión médica», se pronunció la representante de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en Colombia, Juliette Rivero, quien se encuentra en esa ciudad.

Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

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El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica esta ciudad, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en un vehículo abrieron fuego hiriendo de gravedad a tres jóvenes.

Lucas Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el gobierno.

«Él estaba en un plantón rodeado de otras personas con bailes, con llamados, motivando a las personas para que se despertaran de este adormecimiento social”, explicaba a la emisora RCN la tía del joven, Martha Viviana de las Salas, quien lo calificó como «un guerrero de la vida«, que “nunca se caracterizó ni estuvo vinculado en una situación de violencia«.

El joven recibió ocho impactos de bala a la altura del cráneo, según confirmó a los medios el gerente del hospital San Jorge de Pereira, Juan Carlos Restrepo, y se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos con una condición neurológica muy grave.

Brutalidad policial

Aún no hay confirmación de quién disparó el arma contra Lucas Villa, si fueron civiles, fuerzas armadas o paramilitares, pero se trata de un episodio más de violencia en las protestas que tienen en vilo al país desde el 28 de abril.

La Defensoría del Pueblo informó el miércoles de al menos 24 homicidios durante las protestas, pero la Fiscalía señaló posteriormente que luego de utilizar «todos los mecanismos de esclarecimiento judicial«, determinó que «11 muertes violentas se dan por ocasión de esas manifestaciones, 7 están en verificación y 6 homicidios no tienen vínculo«, aunque aseguró que iba a imputar a policías por los homicidios de 3 civiles.

Organizaciones sociales y algunas ONG que se dedican a documentar casos de brutalidad policial, como Temblores, aumentan esa cifra a 37 homicidios por parte de la Policía, y más de 200 víctimas de violencia física así, como 10 de agresiones sexuales por parte de la fuerza pública, según el último reporte que contiene los hechos del 28 de abril al 5 de mayo.

Entre tanto, la Defensoría señaló que 89 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que comenzaron las manifestaciones pero el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que 38 de ellas «ya fueron ubicadas«.

Organismos internacionales y varios países han condenado estos últimos días la dureza con la que el Gobierno colombiano ha contestado a las protestas y la «brutalidad policial» vivida en las calles.

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