¿Quién y por qué? La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estas medidas buscan evitar fugas, controlar la velocidad de las unidades y garantizar vigilancia permanente mediante GPS. La regulación responde a la necesidad de fortalecer la seguridad industrial y operativa en el sector energético.

Inspección técnica y vigilancia permanente

Las nuevas normas establecen que todas las unidades de transporte de gas LP deberán contar con gobernadores de velocidad y sistemas GPS monitoreados desde un centro de vigilancia en la SENER. Además, se exigirá la realización de pruebas técnicas, como inspecciones visuales internas y pruebas de presión hidrostática.

La presidenta destacó que anteriormente solo se realizaban inspecciones visuales externas, sin pruebas técnicas. Ahora, las empresas deberán acreditar el cumplimiento de programas de mantenimiento ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Capacitación obligatoria y control documental

Los operadores de las unidades deberán contar con capacitación técnica y práctica, avalada por un estándar de competencia desarrollado por ASEA, SENER, SICT y CONOCER. Esta medida busca profesionalizar el manejo de vehículos que transportan gas LP.

Además, se implementará el uso obligatorio de códigos QR en tanques y cabinas. Estos permitirán verificar permisos, pedimentos de importación y cumplimiento normativo, tanto en sitio como de forma remota.

Plazos de cumplimiento y alcance

La norma NOM-EM-006-ASEA-2025, enfocada en transporte, tendrá un plazo de cuatro meses para su cumplimiento. En el caso de la NOM-EM-007-ASEA-2025, que regula la distribución, las unidades con capacidad mayor a 5 mil litros y más de 10 años de antigüedad deberán cumplir en cuatro meses; el resto tendrá seis meses.

Según Armando Ocampo Zambrano, titular de ASEA, estas normas impactarán a más de 35 mil unidades en todo el país. También se pondrá en marcha un programa de inspecciones conjuntas entre SICT, CNE y ASEA para verificar condiciones físico-mecánicas, seguridad de los contenedores y vigencia de permisos.

Certificaciones y sanciones

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, informó que se han realizado más de un millón de inspecciones, de las cuales 122 mil fueron en carreteras. Además, se han emitido más de 600 mil certificaciones.

Juan Carlos Solís Ávila, director de la CNE, explicó que los códigos QR serán entregados hasta el 15 de octubre. Las empresas tendrán 20 días hábiles para colocarlos en sus unidades. El incumplimiento podría derivar en sanciones.

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Conforme al Decreto Legislativo vigente desde 2002, que establece el Horario Estacional, mañana termina esta medida, en cumplimiento del mandato constitucional. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), este horario entrará en vigor en toda la República Mexicana a excepción de Sonora, Quintana Roo y los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país.

Dichos municipios son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila; Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León, así como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

Antes de concluir la administración pasada, el gobierno federal realizó un estudio en el que señaló que, a 22 años de la puesta en marcha del programa, con base en los ahorros de energía eléctrica no consumida, lo cual da pauta a su vigencia como una medida eficiente de administración de la demanda no requerida de energía eléctrica, el ahorro de energía no consumida en 2018 se mantuvo por debajo del promedio de 945.29 gigawatts-hora (GWh), mientras que la demanda no requerida equivalió a abastecer el consumo de 592 mil 240 casas-habitación durante todo un año, con un consumo promedio de 266 kWh por bimestre.

El ahorro económico se calculó en ese momento en mil 359 millones de pesos, al tiempo que se evitaron emisiones de CO2 por 498 mil toneladas. También se dejaron de utilizar 1.2 millones de barriles de petróleo.

En 2019, ya en la administración actual, los resultados del Horario de Verano señalan que se obtuvo un ahorro en consumo de 876 GWh, 7.3% menos que en el último año del gobierno pasado.

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Esto, luego de que el jueves, la CRE aprobó por unanimidad el proyecto para la regulación de precios máximos de gas LP en su venta al usuario final, en cumplimiento con la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP, emitida por la Secretaría de Energía (Sener).

De esta forma, ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los precios que establezca semanalmente el órgano.

El órgano regulador estableció 145 precios diferentes a lo largo y ancho del país, dependiendo del municipio o alcaldía.

En la Ciudad de México, ningún usuario está obligado a pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques estacionario y 21.33 pesos por kilógramo tratándose de cilindros metálicos.

La zona centro del país que abarca los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, además del Estado de México y Ciudad de México, que concentran el 36.5% de la demanda de este carburante tendrán precios máximos dependiendo de los municipios, que oscilan entre 21.33 y 11.98 pesos por kilogramo y litro, respectivamente.

La zona sur surestes que abarca Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en donde el consumo representa el 24.7% de la demanda nacional registra precios diferenciales:

Quintana Roo, por ejemplo, tendrá precios máximos para gas en cilindros portátiles y para tanques estacionarios de hasta 24.35 y 13.15 pesos por kilogramo y litros, respectivamente.

En Oaxaca, algunos municipios amanecerán con precios máximos de 23.67 y 12.78 pesos.

En la zona Centro-Occidente, que abarca Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas en donde se reporta, según la Secretaría de Energía el 18.7% del consumo nacional, tendrá precios máximos de entre 22.97 pesos el kilogramo que se despacha en cilindros y 12.13 pesos por litro en depósitos estacionarios.

Municipios de Aguascalientes tendrán precios máximos de 22.97 y 12.40 pesos.

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Sin embargo, sus resoluciones aún pueden ser impugnadas ante un Tribunal Colegiado, a través de un recurso de revisión.

Hoy los titulares de los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica otorgaron suspensiones definitivas a las empresas del sector que reclaman el estatuto publicado el 4 de mayo.

El juez De la Peza, determinó la medida cautelar para que se suspendan todos los efectos y consecuencias derivados de los artículos 51, 57, 59 bis, transitorios cuarto y sexto de la Ley.

Los mencionados artículos prevén la suspensión (por seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional) y revocación del permiso (por no cumplir con el requisito de almacenamiento mínimo que determine la Secretaría de Energía) y la posibilidad de que únicamente sea Petróleos Mexicanos (Pemex), la facultada para manejar y controlar las instalaciones de las empresas intervenidas, ocupadas o suspendidas.

Por su parte, el juez Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del decreto reclamado.

“En este punto debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, detalló.

Gómez Fierro indica en su resolución que la ley podría atentar contra la competencia y libre concurrencia, además de que podría abonar a que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética.

Además de que la nueva reforma eliminó la posibilidad de que las empresas privadas puedan ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que sean ocupadas, intervenidas o suspendidas, lo que brinda exclusividad a Pemex y sus subsidiarias sobre este tipo de contrataciones.

Lo anterior, otorga una ventaja competitiva para ciertos participantes del sector, circunstancia que vulnera el derecho fundamental de libre competencia económica y concurrencia tutelado por la Constitución.

Al igual que ocurrió con las suspensiones provisionales que concedió en los amparos contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el juez Gómez Fierro requirió a la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, para que en el plazo de tres días dé a conocer la medida en el DOF.

Gómez Fierro es el mismo juez que suspendió con efectos generales la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal y que ha concedido diversas suspensiones al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) para que los quejosos no estén obligados a entregar sus datos biométricos y no sean canceladas sus líneas de telefonía celular por esta falta.

Con información de Milenio y El Universal

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El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien emitió la suspensión definitiva, resolvió conceder una prórroga de tres días a la Secretaría de Energía “para que acredite haber llevado a cabo la referida publicación” antes de enfrentarse a una sanción.

En las últimas horas se han superado las 44 suspensiones definitivas contra la Ley de la Industria Eléctrica a empresas quejosas, además de otras medidas cautelares.

Las suspensiones definitivas protegen a todas las empresas del sector, las que no se ampararon incluidas, para que las compañías con un fallo a su favor no tengan una ventaja competitiva frente al gremio.

La nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de marzo.

La reforma propuesta por el presidente Andrés López cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Con las decenas de suspensiones definitivas otorgadas por diferentes jueces federales, la reforma está frenada mientras el Poder Judicial decide de fondo sobre su constitucionalidad.

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La decisión de la dependencia se da luego de que el viernes pasado un juez falló suspender de manera indefinida la disposición legal.

Antes se interpusieron demandas de amparo indirecto contra el decreto, promovidas por empresas que alegaron afectaciones con la ley.

“A fin de brindar certeza a todos los particulares y en cumplimiento al requerimiento ordenado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, se emite el siguiente:

“Acuerdo por el que se suspenden todos los efectos y consecuencias derivados del ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021”.

De esta forma, la Sener dio a conocer que se restablecerá provisionalmente la vigencia de los artículos 3°, 4°, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, así como el régimen transitorio que estaba previsto en la legislación en cita hasta antes de la entrada en vigor del decreto cuestionado.

El 9 de marzo de 2021 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, misma que entraría en vigor al día siguiente.

A partir de esta medida, las empresas involucradas en el sector decidieron ampararse contra el proyecto.

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción resolvió, el 10 de marzo de 2021, conceder la medida cautelar del acto que reclamaron las empresas.

Asimismo, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en el país, requirió a la Sener informar a todos los participantes del mercado eléctrico que se suspendieran todos los efectos y consecuencias derivados del decreto de reforma.

Se le pidió a la dependencia realizar las gestiones necesarias para publicar en el Diario Oficial de la Federación esa información.

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Como muestran los expedientes 118/2021 y 119/2021, la Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

«Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional«, indicó el juzgado.

Estas son las primeras impugnaciones del gobierno contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de marzo.

Las quejas de la Sener, encabezada por Rocío Nahle, se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Pero las impugnaciones solo aplican para las primeras dos de casi 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

Las suspensiones provisionales responden a juicios de amparo promovidos por empresas afectadas, pero los jueces pueden otorgar suspensiones definitivas que implicarían frenar la reforma mientras el Poder Judicial decide de fondo sobre su constitucionalidad.

En conferencia de hoy, López advirtió de que pedirá reformar la Constitución, si los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaran inconstitucional su nueva legislación.

«No puedo ser cómplice del robo, del atraco«, argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar «al servicio» de particulares y extranjeros.

Los expedientes establecen que la Sener, en representación del presidente, ha aceptado participar en la primera audiencia incidental del amparo, programada para este jueves a mediodía.

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AMLO pedirá a SCJN revisar a jueces tras freno a su reforma eléctrica

En entrevista con Aristegui Noticias, Nahle indicó que solicitarán una revisión al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre el actuar del juez.

Además, alegó que se solicitará una revisión al CJF sobre el actuar del juez al que acusa de dar, “un claro servicio a algún interés, esa es la palabra, otorga la suspensión nada más como si fuera una ventanilla de recepción”.

Gómez Fierro ordenó mantener suspendidas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reformó la Ley de la industria Eléctrica, después de que la empresa Parque Solar Orejana interpusiera un amparo.

Fue el pasado 11 de marzo cuando el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, ordenó mantener suspendidas las consecuencias derivadas del decreto que reforma la Ley Eléctrica.

“Por supuesto que las empresas tienen todo el derecho de hacer lo conducente, aquí lo lamentable es que un juez que se ha estado prestando, el mismo juez, pareciera que es la ventanilla única de este tipo de tema, el mismo juez sin un estado previo, sin tiempo de análisis otorga de facto esta resolución”, reprochó Nahle.

Según la secretaria, Gómez Fierro «no analizó de ninguna forma, ni técnica ni económicamente, si estas compañías, las demandantes, en efecto producen energía más barata, limpia o sucia«.

«Ni idea tiene el señor«, lanzó.

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«Queda en lista la controversia constitucional 89/2020«, anunció la presidenta de la segunda sala de la SCJN, Yasmín Esquivel, nombrada como ministra a propuesta del presidente Andrés López.

La sala de la Suprema Corte iba a votar el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien pretendía declarar inconstitucional la «Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional» que la Sener publicó el 15 de mayo de 2020.

En un proyecto filtrado a la prensa, Aguilar concedía la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que interpuso la controversia inconstitucional en junio pasado.

La Cofece impugnó la política de la Sener porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución» al fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Bartlett.

El orden del día establecía en un principio decidir si la política «impide el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomiendan a la actora (Cofece), en torno a los presupuestos que deben existir para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado» eléctrico.

La política de la Sener ha causado polémica desde el año pasado porque implica que el Sistema Eléctrico Nacional despache primero la electricidad generada en las plantas de la CFE sobre la producida en plantas privadas de renovables, aunque sean más baratas.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta el 14 por ciento del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas energéticas, en la que también está un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que rechaza a las renovables por ser «intermitentes«, algo que no ha demostrado.

Al admitir la controversia de la Cofece, el ministro Aguilar suspendió en junio pasado los efectos de la política de Sener en lo que se resuelve su constitucionalidad.

Pero López ha advertido que si la Suprema Corte falla en contra de su política energética pedirá modificar la Constitución para revertir la reforma de 2013 que abrió el sector de energía a la inversión privada.

Políticos de Partido Morena han denunciado un presunto sesgo del ministro Aguilar, quien también propuso en octubre declarar inconstitucional la consulta de López contra expresidentes.

Por otro lado, la ministra Esquivel ha sido criticada por ser esposa de José María Rioboó, empresario asesor del presidente y fue su contratista favorito en la Ciudad de México fue el jefe de Gobierno.

Al enlistar la controversia constitucional, los ministros podrían discutirla en la próxima sesión de la segunda sala, el próximo miércoles 3 de febrero, o pedir que se discuta en el pleno de la SCJN por su trascendencia.

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«La relación con Estados Unidos dentro del T-MEC (Tratado de México, Estados Unidos y Canadá) en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado«, argumentó Nahle.

Esta declaración ocurre después de que Washington criticó el compromiso de México con el nuevo acuerdo comercial en una carta enviada el 11 de enero y difundida este viernes firmada por los secretarios de Estado, Mike Pompeo; de Energía, Dan Brouillette, y de Comercio, Wilbur Ross.

El inusual texto, enviado una semana antes del cambio de administración de Estados Unidos, está dirigido a Nahle y a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Tatiana Clouthier.

La carta constituye una significativa llamada de atención al gobierno mexicano por su controvertida política energética que afecta a las inversiones de empresas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea al restringir sus planes e inversiones.

Las ostensibles diferencias del gobierno de Donald Trump con México en materia energética se verán además incrementadas con la nueva Administración del demócrata Joe Biden, quien tiene un enfoque totalmente distinto a López en materia de política energética.

Mientras Biden apuesta decididamente por las energías renovables, la administración López defiende el petróleo y el carbón para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las recientes acciones regulatorias del Gobierno de México han creado una significativa incertidumbre sobre el proceso regulatorio de México, especialmente en el sector energético, y han dañado el clima de inversión en conjunto«, escriben los secretarios estadounidenses.

«En el marco de sus atribuciones, el gobierno de México implementa un adecuado balance energético dentro del territorio nacional«, sostuvo este viernes Nahle.

Entre los reclamos en la carta, Washington destacó que los reguladores han recibido presuntas presiones para bloquear permisos para proyectos energéticos del sector privado y usar su autoridad para favorecer a las empresas del Estado.

Los secretarios estadounidenses denunciaron que ello afectaría «de manera adversa» cientos de millones de dólares de inversión.

«Aunque respetamos el derecho soberano de México de determinar sus propias políticas energéticas, estamos obligados a insistir que México debe respetar sus obligaciones bajo el T-MEC«, establece el texto.

Empresarios del sector energético reconocieron que el T-MEC incluye un nuevo capítulo 8 de «Reconocimiento de la propiedad, directa, inalienable e imprescindible del Estado mexicano sobre hidrocarburos«.

Pero advirtieron que existen otros capítulos de acceso a mercados, protección de inversiones, buenas prácticas regulatorias y empresas del estado que obligan a México a no dar un trato discriminatorio y garantizar la autonomía de los reguladores.

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