En días anteriores la Coparmex Hidalgo organizó un encuentro entre autoridades laborales y empresarios, para que las primeras pudieran conocer de viva voz de los segundos la problemática que les han representado 600 visitas de inspección en los primeros 4 meses del año.
Estuvieron presentes la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz; el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, Daniel Lara Baños, y al frente de los empresarios, el presidente de la Coparmex, Ricardo Rivera Barquín… ¡y se dijeron todos sus verdades!
El encuentro fue promovido por la confederación ante el malestar que embarga a los empresarios por las visitas, y multas derivadas de las mismas, de estas dependencias, por la duplicidad de funciones entre las mismas y por la falta de una normatividad precisa, clara, que evite “discrecionalidades” de funcionarios en su proceder.
Y la situación no es para menos. Argumentan los empresarios que mientras realizan grandes esfuerzos para salir adelante, para mantener las platillas laborales, dos empresas fueron multadas porque, se asegura, sumamente atareadas, rechazaron las visitas de inspección y pidieron volver después.
Los empresarios se consideran acosados, perseguidos, ser sancionados injustamente, y sobre todo, víctimas de una normatividad laboral poco clara.
Y expusieron lo que a su parecer pone en riesgo a sus empresas: el tener que desviar la atención de lo principal para ellas; la producción, comercialización, apertura de nuevos mercados, etcétera, para atender requerimientos que se duplican entre las dependencias estatal y federal, o que muchas veces resultan antagónicos.
Hicieron notar que además de cumplir con excesivas cargas y auditorías fiscales, que toman mucho tiempo atender, los empresarios deben además destinar tiempo para atender obligaciones relacionadas con la normatividad laboral, ambiental, de protección civil, de seguridad social, etcétera.
“Tendíamos que contratar personal y destinar espacio en nuestra oficinas sólo para atender a tantos inspectores y reclamos a las empresas, con una fuerte carga económica para las mismas”, se insistió en la reunión.
Esto me llevó a recordar lo que una vez me comentara el empresario Romualdo Tellería Beltrán, en el sentido de que eran tantas las auditorías fiscales, del IMSS, de la STPS, de la Profepa, “que ya acondicioné una pequeña oficina con todo lo necesario para atender a los auditores”. Claro que no todas las empresas tienen la capacidad económica y de espacio que el Grupo Industrial Tellería.
A nombre de los empresarios Rivera Barquín pidió al gobierno estatal intervenir para terminar con duplicidades de funciones, además de ordenamientos como manuales de procedimientos que establezcan, con toda claridad, cuáles son las obligaciones de las empresas, cuáles las atribuciones de las dependencias, fechas límites y procedimientos, para facilitar el cumplimiento.
Y es que mientras no existan normas claras y persista la “discrecionalidad” en las funciones gubernamentales, las posibilidades de que se generen actos de corrupción son mayúsculas.
