La ampliación del catálogo de delitos y la profesionalización de los operadores del sistema penal acusatorio, deben ser dos de las prioridades en el país a partir de la incertidumbre que ha generado la implementación del nuevo andamiaje, consideró el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez.
Durante la celebración del Día del Abogado, el Ejecutivo reconoció que el nuevo sistema ha evidenciado fortalezas en su aplicación, pero también problemas para la ciudadanía.
“Cómo gobernador enfatizo mi compromiso y propósito para que logremos reformas en el nuevo sistema penal acusatorio, principalmente en torno a dejar con claridad una precisión ampliada en torno a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
Asimismo se pronunció por una mayor capacitación de los operadores al momento de presentar argumentos durante un proceso penal, a fin de que los jueces tengan elementos para poder aplicar la prisión preventiva y así evitar que los probables delincuentes enfrenten el proceso sin pisar la cárcel.
La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Juárez frente al Palacio Legislativo, en donde la presidenta del Poder Judicial, Elsa Cordero Martínez, informó que a la fecha se han realizado en Tlaxcala sólo dos juicios orales en el marco del sistema acusatorio.
Remarcó que se ha logrado realizar un 355 por ciento más de lo que se hacía en años anteriores con el pasado sistema, con ello, dijo, cerca de 222 casos no llegarán a los juzgados de primera instancia gracias a la mediación.
Asimismo, recomendó a los actores que se han pronunciado en contra del nuevo sistema a realizar un ejercicio de auto evaluación y cuestionar qué tan efectiva ha sido su preparación.
“Quienes se manifiestan como opositores al sistema también tendrían que auto evaluarse, y me refiero a los operadores y especialistas no a la sociedad, porque ésta únicamente quiere y merece respuestas”.
Elsa Cordero dijo que la sociedad requiere y reclama un acceso a la justicia efectiva, pero sobre todo marcar un alto a la corrupción, para lo cual, el Tribunal Superior de Justicia estará listo para dar entrada al sistema local anticorrupción, ya que esos actos “representan un obstáculo al desarrollo económico y donde todos tenemos mucho por hacer”.
