“No importa que robe, pero que salpique” –Frase popular–
Uno de los asuntos que han tomado gran importancia en las últimas décadas en los sistemas políticos democráticos ha sido el de la incorporación de la transparencia como un mecanismo para abatir la corrupción de quienes ejercen el poder.
Aquellos definidos en las legislaciones actuales de México como “sujetos obligados” y que se refiere a todos los servidores públicos, partidos políticos y organismos que hacen uso de recursos públicos para llevar a cabo sus actividades.
A nivel nacional la discusión del tema de la transparencia comenzó en desde el 2001 y dio frutos en el 2002 con la promulgación de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Situación que obligó a los gobiernos estatales a iniciar con las modificaciones constitucionales para la creación de su propia normativa en la materia.
Reconocimiento de una realidad llena de actos de corrupción
La trascendencia de las modificaciones a nivel constitucional en materia de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción ha implicado -a lo largo del paso de los años-, un intento por romper con esquemas hegemónicos de los grupos de poder que, consideraron a lo largo de la historia, que la información era exclusiva y reservada de las élites gobernantes.
Cuando se cumplieron diez años de la promulgación de la primera Ley de Transparencia en México, surgieron una serie de trabajos cuyo contenido fue una especie de balance de los logros o tropiezos encontrados a lo largo del sinuoso camino por construir una cultura de la transparencia que alcanzara a todos los actores sociales implicados.
“La moral es un árbol que da moras…”
Las frases populares son el reflejo de una realidad que está vigente; que forma parte de lo cotidiano; que trasciende lo institucional y el marco normativo. Son muestra de lo que sucede “por fuera”, de acuerdos no plasmados en el papel sino a través del consenso de individuos que saben que el sistema tiene sus aristas.
Las nuevas leyes surgen como mecanismos correctores para llenar esas aristas o boquetes que existen, pero el detalle, es que no solucionan el problema de fondo y sólo se vuelven mecanismo de simulación, de legitimación de situaciones irregulares.
Lo ocurrido hace apenas una semana en Cuernavaca cuando, por actos que huelen a corrupción, tranzas, falta de transparencia y negligencia, murieron dos personas que cayeron a un socavón que movió las estructuras de un país completo al poner nuevamente en evidencia cómo se asignan las obras importantes en México y cuál es la calidad de éstas.
El impacto del socavón
El dramático acontecimiento nos hizo pensar en nuestra realidad inmediata y en la dinámica de una sociedad mexicana que no puede dar pasos significativos en materia de transparencia.
Recuerdo que apenas la administración pasada un edil del sur del Estado se atrevió a reconocer y decir públicamente, lo que muchos callan, que recibía un diezmo por parte de las empresas a quienes se les asignaba obra en la demarcación que administraba. El funcionario municipal nunca se imaginó que causaría –revuelo momentáneo- por dichas declaraciones que a la fecha no tuvieron más impacto que el mediático.
Sin duda, un sector sensible a los actos de corrupción es el empresarial, que tienen que “mocharse” para que le asignen obra pública, o bien, ser considerados para convertirse en proveedores de bienes o servicios.
Ellos lo saben bien, y no lo denunciaron durante décadas por el temor-complicidad de perder asignaciones que van de las más modestas hasta las multimillonarias, tal y como lo hemos visto en las últimas fechas.
Pura simulación
Los empresarios tlaxcaltecas adheridos al Centro Empresarial de Tlaxcala (CET) de la Coparmex son un referente muy claro de la percepción que se tiene con respecto a la corrupción en Tlaxcala y el papel de los diputados para legislar en la materia. Y cómo no, si son ellos, a quienes les toca pagar los platos rotos.
Apenas el día de ayer advirtieron que se mantendrán muy atentos a la actuación de los diputados locales quienes al parecer no están muy convencidos con el tema de legislar en materia de anticorrupción.
En este mismo sentido y a unas horas de que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, Tlaxcala forma parte de las filas de los Sistemas Locales Anticorrupción que entrarán en funcionamiento sin fiscal anticorrupción y sin la conformación de los Tribunales de Justicia Administrativa.
El plazo para que el SNA entre en funciones plenas es este miércoles 19 de julio, un año después de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
A pie de página
Valdría la pena evaluar el compromiso de los legisladores para cumplir con lo que marca la ley y con una necesidad impostergable: la de fortalecer los mecanismos de transparencia y de un sistema anticorrupción que esperemos rinda frutos y no se quede como un elefanta blanco más, en el mar de instituciones y organismos cuya actuación es muy endeble.
