El Colegio de Abogados del Altiplano tlaxcalteca encabezados por su presidente Arturo Montiel, informaron que los integrantes de la LXII Legislatura local deberán ser sancionados por la justicia federal tras incumplir con la sentencia que el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió un nuevo dictamen sobre la situación jurídica del exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar.
En conferencia de prensa, explicaron que luego del amparo obtenido por Bernal Salazar para ser reinstalado, derivado de la resolución al expediente 527/2017 emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, los diputados incumplieron el pasado 31 de octubre con la reinstalación al suspenderse la sesión en la que una Comisión Especial presentó dictamen para determinar la situación jurídica del abogado.
Detalló que algunos diputados pretenden, volver a tomar en cuenta actos como causa o argumento para ratificarlo, lo cual conduciría a fincar responsabilidad, incluso penal, a los diputados. Esto conforme a la Ley de Amparo en su “Artículo 267.
Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir”.
Acompañado del secretario del Colegio Rubén Ortega, y demás litigantes, puntualizó que los diputados se han hecho acreedores a una multa económica de 80 mil pesos cada uno, incluso a una inhabilitación del servicio público de cinco a 10 años por incurrir en una omisión de forma dolosa.
Recordaron que en mayo de 2016, Fernando Bernal inició su defensa legal por la no ratificación como magistrado, lo hizo por faltas no graves, pero luego de un año en que logró revertir la decisión del Poder Legislativo de Tlaxcala, la justicia federal ordenó ser reinstalado precisamente porque no cometió actos graves.
Por lo anterior, expusieron que la resolución judicial no debe ser interpretada por los congresistas, sino ejecutarla a cabalidad pese a no llegar a un acuerdo sobre el tema, situación que sería “inédita”, porque deberán cumplir con la resolución.
