El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, reveló que la decisión de desaparecer las delegaciones del orden federal no se puede juzgar, pues habrá que esperar a que esto suceda.
Una de las primeras iniciativas anunciadas por miembros del equipo de transición del presidente electo, fue la propuesta de reubicación de la gran mayoría de las Secretarías de Estado y las entidades más relevantes del gobierno federal, cambiando su sede principal en distintas ciudades de la República.
Los argumentos principales que se han esgrimido para impulsar esta iniciativa, son por un lado, descentralizar las acciones del gobierno federal, y en segundo término, fomentar el desarrollo económico en las ciudades a donde se relocalizarían las dependencias federales.
Por lo anterior, Altamirano Islas ha declarado en diversas oportunidades sobre la necesidad de esperar para conocer la operatividad de este nuevo esquema descentralizado de diversas dependencias federales.
Pues dicha responsabilidad recaería en una sola figura de autoridad, lo que podría resultar complicado, sin embargo, se presume en este organismo empresarial y en otros, que es temprano para emitir juicios al respecto.
A nivel federal, Coparmex ha considerado que el proyecto de cambio de sede de las dependencias del gobierno federal, enfrenta importantes inconvenientes, por lo que hace un llamado al presidente electo y a su equipo, para que se analice con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público, los factores en favor y en contra de proceder con la pretendida reubicación, tomándose la decisión que mejor convenga al país.
De realizarse, la reubicación de Secretarías y otras importantes dependencias federales, se volvería uno de los proyectos más onerosos en la historia de la administración pública del país, que no se traduce en infraestructura estratégica como carreteras, escuelas, puertos u hospitales, sino en edificios para el gobierno.
En el Proyecto de Nación que formuló el presidente electo, se estimó que tan sólo el traslado de las Secretarías y dependencias, costaría 125 millones de pesos, más dos millones que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos.
El costo de esta operación, sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018. Esto sin contar los costos adicionales e indirectos que implica la medida.
